Nuevo viceministerio a cargo de conflictos sociales

(Foto: La República)

Se acaba de anunciar la creación de un nuevo Vice Ministerio de Gobernanza Territorial que formará parte de la estructura de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Todo indica que el nuevo viceministerio tendrá a su cargo varias oficinas que actualmente funcionan en la PCM: la de desarrollo territorial y descentralización, la de gestión social y diálogo y finalmente, la de demarcación y organización territorial.

La gran interrogante es si este nuevo vice ministerio tendrá la capacidad de asumir la difícil tarea de construir desde el Estado una verdadera estrategia que haga frente a la conflictividad social. Una de las observaciones que siempre se ha hecho es que la actual Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) no tenía la capacidad ni la jerarquía necesaria para alinear detrás de una sola estrategia a los diferentes sectores o ministerios involucrados en los conflictos.

Por ello la posibilidad de darle rango de vice ministerio era vista como uno de los pasos necesarios para fortalecer la ONDS. Sin embargo, bajo la fórmula que aparentemente será confirmada en los próximos días, la ONDS formará parte del nuevo viceministerio de Gobernanza Territorial.

¿Esto soluciona los problemas que arrastraba la ONDS? Todo indica que no. En primer lugar porque a partir de la creación del nuevo viceministerio, la ONDS pasará a convertirse en un organismo de línea y seguirá careciendo del peso necesario para liderar desde el Estado la estrategia frente a la conflictividad social. Se necesitará un compromiso muy fuerte del vice ministro para que las cosas cambien, además de recursos importantes que al parecer no van a llegar¹.

Pero además habrá que ver cuáles van a ser los lineamientos estratégicos del nuevo vice ministerio y de la ONDS. Lo cierto es que hasta ahora ningún gobierno ha tenido la capacidad de modificar el modus operandi frente a los conflictos, que ha priorizado la respuesta caso por caso, interviniendo con estados de emergencia y casi siempre cuando se entra a la fase de escalada y extrema polarización, recurriendo además a apresurados espacios de negociación y acuerdos que por lo general no se pueden cumplir ni sostener en el tiempo y que sólo postergan el conflicto. Allí siguen haciendo cola y en estado de latencia varios de los casos señalados y las 108 mesas de diálogo creadas en todo el país.

La falta de un sistema nacional que haga frente a la conflictividad social y que permita procesar los casos, es clamorosa. Si uno revisa regularmente los informes de la Defensoría del Pueblo, va a encontrar con mucha anticipación los conflictos que luego «sorprenden» a nuestros gobernantes y ocupan por unos días las primeras planas de los medios. Conga, Las Bambas, Tía María, Bagua y por supuesto Puente Piedra, fueron en su momento plenamente identificados como conflictos latentes y hasta activos, mucho antes que el estallido social se produjera.

Lo que el país necesita en realidad es un verdadero sistema nacional de conflictos que tenga por lo menos tres requisitos básicos: un mecanismo preventivo que permita procesar adecuadamente demandas sociales; una capacidad de intervención multisectorial de parte del Estado, liderada -no queda otra- por la Presidencia del Consejo de Ministros y por supuesto un claro enfoque de derechos, que, por ejemplo, reconozca que los territorios donde se desarrollan las inversiones no son espacios vacíos y que identifique la posible afectación de derechos de poblaciones enteras, tanto urbanas como rurales, por la puesta en marcha de determinados proyectos.

Finalmente, consideramos que sería un gravísimo error que se confirme que el nuevo vice ministro sería el abogado Javier Fernández Concha, que proviene del sector minero y que hasta hace poco ha sido gerente general de la empresa Sulliden Shauindo, que opera en Cajamarca. Como se sabe, la minería es la principal fuente de conflictividad social en el país y precisamente el sector empresarial minero ha sido renuente a aplicar nuevos enfoques y estrategias frente a la conflictividad social en sus zonas de influencia.

Como señala el académico británico, Anthony Bebbington, si bien los conflictos pueden producir escenarios complejos y conducir a un país a situaciones de entrampamiento, también pueden forzar cambios institucionales y políticos que permitan formas más efectivas y equitativas de convivencia en una sociedad. Este es en gran medida uno de los retos que tenemos por delante: la lectura correcta debería ser la del conflicto como una oportunidad para aplicar correctivos y avanzar como país.

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(1) El presupuesto para la ONDS no ha aumentado este año.

28 de febrero de 2017