Cuando el desastre marca la agenda
La Reducción del riesgo de desastres (RRD) es un enfoque integral que busca evitar que los fenómenos naturales o las acciones humanas se conviertan en desastres. Un fenómeno natural, como una lluvia intensa o un oleaje anómalo, no constituye un desastre por sí mismo; se convierte en uno cuando sus efectos superan la capacidad de respuesta de una comunidad.
Este enfoque abarca tanto los desastres de origen natural como aquellos provocados por actividades humanas. Lo esencial no es el tipo de evento, sino cómo las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales incrementan o disminuyen la vulnerabilidad de las personas y sus territorios. En ese sentido, el objetivo central es reducir vulnerabilidades, fortalecer capacidades y promover la resiliencia.
La degradación ambiental también incrementa el riesgo de desastres, pues los ecosistemas cumplen funciones esenciales para mitigar los impactos de los fenómenos naturales. Los humedales, por ejemplo, almacenan y filtran el exceso de agua durante las lluvias, reduciendo el riesgo de inundaciones; mientras que los manglares y arrecifes de coral actúan como barreras naturales que amortiguan marejadas, tormentas o tsunamis. Al deteriorar o eliminar estos ecosistemas, se pierden sus funciones de protección, lo que aumenta la exposición y vulnerabilidad de las poblaciones.
Cada 13 de octubre, el Día internacional para la Reducción del riesgo de desastres, se recuerda que reducir el riesgo no significa esperar al desastre, sino prevenirlo. En ese contexto, resulta necesario mirar hacia nuestra región. Según el Informe de Evaluación Regional sobre el riesgo de desastres para América Latina y el Caribe 2024 (RAR24)[1], los desastres en la región son cada vez más frecuentes y con impactos económicos crecientes. Seis de los diez países del mundo con mayores pérdidas por desastres, en proporción a su economía, se encuentran en América Latina y el Caribe.
El informe advierte que, a pesar del aumento de los desastres, la inversión para prevenirlos sigue siendo mínima. En países como Brasil, Guatemala, Jamaica, México y Perú, solo entre el 0,1 % y el 2,5 % del presupuesto nacional se destina a la reducción del riesgo o al fortalecimiento de la prevención. En consecuencia, los esfuerzos públicos suelen concentrarse en reparar daños una vez ocurridos, en lugar de anticiparse a ellos.
En el caso peruano, el Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD) tiene como principales organismos al Instituto nacional de defensa civil (INDECI), responsable de la respuesta y rehabilitación ante emergencias, y al Centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres (CENEPRED), encargado de la prevención y reducción del riesgo.
De acuerdo con los datos del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizados al 13 de octubre de 2025 en el portal Consulta amigable, dentro de la Categoría Presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”[2], el INDECI cuenta con un Presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 285,371,983, mientras que el CENEPRED dispone de S/ 12,948,613.
Esto significa que, incluso considerando únicamente los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres, el presupuesto del INDECI es 22 veces mayor que el del CENEPRED. En términos simples, por cada sol asignado a la prevención y reducción del riesgo, el Estado destina más de veinte soles a la atención y respuesta frente a emergencias.
A la misma fecha, el INDECI presenta un avance de ejecución del 20%, mientras que el CENEPRED alcanza el 68.7%. Aunque el CENEPRED maneja un presupuesto mucho menor, muestra un mayor avance relativo en la ejecución, mientras que INDECI, con mayores recursos, registra una ejecución baja para estar a pocos meses de cerrar el año.
La diferencia en los montos asignados responde en parte a la naturaleza de sus funciones, pero también puede estar asociada a una lógica política. Es comprensible que atender una emergencia requiera más recursos por la movilización de personal, equipos, alimentos, transporte, refugios y labores de reconstrucción; sin embargo, ello no debería justificar la limitada inversión preventiva.
En el Perú, las acciones de prevención suelen tener menor visibilidad pública y política. Las obras o programas destinados a reducir riesgos no generan el mismo impacto mediático que la presencia de autoridades en zonas afectadas. Los desastres ofrecen escenarios donde las figuras políticas pueden proyectar una imagen de acción inmediata de “estar haciendo algo” y de empatía visible ante la población. Esta lógica de inmediatez contribuye a que el enfoque reactivo siga predominando.
Mientras los recursos sigan concentrándose en la atención postdesastre, el país permanecerá en un ciclo constante de reconstrucción. Avanzar hacia una gestión preventiva requiere voluntad política, planificación sostenida y una asignación presupuestal coherente.
[1] Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe 2024. Acceder al informe mediante https://www.undrr.org/es/publication/rar24 .
[2] Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable del MEF – Presupuesto Público 2025. Recuperado el 13 de octubre de 2025, de https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
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