Los errores del Estado que afectan a los ecosistemas

Recientemente se han evidenciado dos grandes errores por parte del Estado que han causado graves perjuicios a ecosistemas costeros de gran importancia, como los comprendidos entre Ventanilla y Huacho. Estos errores se pueden apreciar en los casos de los impactos del megapuerto de Chancay, así como en las investigaciones sobre el derrame de Repsol en Ventanilla.

El caso del megapuerto de Chancay

Esta mega construcción fue inaugurada en 2024, a pesar de una serie de observaciones que debieron subsanarse antes de iniciar la obra. La Contraloría identificó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles- Senace aprobó una modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)¹, sin que la empresa Cosco Shipping presentara un plan de compensación por los impactos generados por el dragado del lecho marino y la extracción de suelos, ni subsanara las observaciones presentadas en su EIA¹. A esto se suma la autorización de exclusividad de servicios esenciales, fuera del marco legal, y la cesión de un área marítima intangible e inalienable destinada a la defensa nacional¹. No menos importante es la estimación de pérdida de biodiversidad, que según la Contraloría oscila entre el 30 % y el 70 %, como consecuencia de los impactos mencionados¹. Finalmente, un hecho relevante es la falta de experiencia en ecosistemas marinos de los funcionarios denunciados, cuya trayectoria laboral se orienta principalmente a sectores como la minería, rubro del anterior accionista del megapuerto.

El caso del derrame de hidrocarburo por Repsol

En 2022 ocurrió una de las mayores tragedias en el mar peruano, un evento catastrófico marcado por la negligencia de la empresa responsable. Aunque Repsol asegura haber indemnizado a toda la población afectada y limpiado los hábitats impactados, persisten los reclamos de numerosos pobladores.

Al margen de esta controversia, ha surgido nueva información sobre inconsistencias en el acuerdo entre Ariel Tapia Gómez (exfiscal que representaba al Estado), la empresa Repsol (responsable del derrame) y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza². Dicho acuerdo presenta una mala tipificación del delito (de doloso a culposo), una indemnización insuficiente, una errónea valoración de la magnitud del impacto y una consideración incompleta de los daños ocasionados². Además, en los primeros días del derrame, la empresa no siguió protocolos adecuados para mitigar el impacto.

En ambos casos, el accionar inadecuado de los representantes de las instituciones del Estado ha permitido la vulneración de ecosistemas marino-costeros fundamentales, que albergan diversas especies y brindan múltiples servicios ecosistémicos. Esto lleva a pensar que errores como los descritos podrían tener la intención de favorecer a las empresas, relegando la protección de los ambientes marino-costeros. Como consecuencia, muchos de estos perjuicios no son atendidos adecuadamente, y los delitos ambientales quedan impunes.

Es crucial que los especialistas encargados de evaluar estos casos posean la capacidad técnica necesaria para analizar actividades económicas en ecosistemas marino-costeros. Asimismo, realizar investigaciones como estas es fundamental para evidenciar “errores” como los encontrados; sin embargo, sería más útil identificar estas inconsistencias antes de que se generen daños irreparables.

1. Castro, A. y Ziegler, G. (2025). Puerto de Chancay: Contraloría denunció a funcionarios que evaluaron estudio ambiental. Ojo Público. Recuperado on-line 25 de septiembre 2025. https://ojo-publico.com/sala-del-poder/megapuerto-chancay-contraloria-denuncio-funcionarios-del-senace
2. Exitosa (2025) Caso Repsol: Ministerio Público denunciará a fiscal que se encargaba de la investigación del derrame de petróleo. Exitosa noticias. Recuperado on-line 25 de septiembre 2025. https://www.exitosanoticias.pe/judiciales/caso-repsol-ministerio-publico-denunciara-fiscal-encargaba-investigacion-derrame-petroleo-n158543