Proyecto contra minería ilegal “duerme” en el Congreso

A pesar del avance incontrolable de la minería ilegal y de sus graves impactos sociales, ambientales y económicos un proyecto de ley presentado en mayo de este año duerme el sueño de los justos en dos comisiones del Congreso.

Se trata del proyecto de ley 11038 presentado en mayo por la congresista cusqueña Ruth Luque Ibarra y que se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en la Comisión de Energía y Minas.

“Las comisiones han pedido opinión de los sectores, pero no veo ningún interés de estas comisiones en priorizarlo o debatirlo” manifestó la congresista.

El proyecto 11038 busca restituir los mecanismos de prevención y fiscalización que fueron arbitrariamente eliminadas del decreto legislativo 1607 por medio de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

Precisamente, dicho decreto dejó sin herramientas al Estado peruano y a la sociedad para combatir la minería ilegal y que ha crecido en los últimos años de manera irrefrenable.

El proyecto presentado tiene un artículo único que propone restituir la disposición complementaria final primera del Decreto Legislativo 1607 sobre la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras.

Actualmente la minería ilegal es la economía ilegal más grande de nuestro país alcanzando los 10 mil 422 millones de dólares entre el 2012 y el 2024, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), superando a otras economías ilegales como el narcotráfico y la corrupción.

Sin embargo, el crecimiento de la minería ilegal se dispara en los últimos tres años, como se puede apreciar en el gráfico que forma parte de la exposición de motivos del proyecto.

Retrocesos legales

El marco legal aprobado por el gobierno de Dina Boluarte ha debilitado a las instituciones encargadas de la persecución, investigación y sanción de la minería ilegal y delitos conexos, argumenta Ruth Luque.

Un ejemplo de ello es la Ley 32213, que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal.

También la Ley 31989, que derogó la disposición complementaria final primera del Decreto Legislativo 1607, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

Minería ilegal influye en la mayoría congresal

La derogación de la disposición complementaria final primera del Decreto Legislativo 1607 fue un paso en la dirección equivocada, señala Ruth Luque, pues permite que la minería ilegal continúe utilizando explosivos y operando en zonas no autorizadas.

Diversos especialistas consideran que la derogación indicada “demuestra una influencia significativa de la minería ilegal en el Congreso”.

Beneficios del proyecto

Entre los beneficios del proyecto de Ruth Luque está fortalecer el control estatal frente a la minería ilegal al restituir un mecanismo que permite la exclusión automática del REINFO de personas con inscripción suspendida que sean detectadas usando explosivos sin autorización.

Otro beneficio es que brindará exigibilidad de condiciones mínimas para la formalización y reafirma que quienes deseen permanecer en el REINFO deben contar con contrato de explotación o cesión con el titular de la concesión.

Sin duda, ello desalentará la ocupación informal de concesiones vigentes y fortalecerá la trazabilidad legal de las operaciones mineras.

También significará un desincentivo a la inscripción ficticia en el REINFO al eliminar el margen de simulación legal de informalidad por parte de operadores ilegales que se amparaban en el REINFO pese a no cumplir requisitos sustantivos. (Tomado de Servindi)