Perú se retrasa en la ratificación del tratado de Alta mar
Después de casi dos décadas de negociaciones, el Acuerdo para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales o también conocido como el tratado de Alta Mar alcanzó en septiembre las 60 ratificaciones necesarias para que entre en vigor a partir de enero de 2026.
De esta manera, la comunidad internacional ha dado un paso significativo en la protección de la vida marina y los ecosistemas presentes en las zonas oceánicas que se encuentran fuera de la jurisdicción de cualquier país, es decir, en las aguas internacionales o altamar. Estas áreas constituyen aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica mundial, no pertenecen a ningún Estado y son consideradas patrimonio común de toda la humanidad.[1]
El Acuerdo para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales (conocido como BBNJ por sus siglas en inglés) tiene como objetivo principal proteger la vida marina y los ecosistemas en las aguas internacionales. Este tratado permitirá, entre otras acciones:
- Crear áreas marinas protegidas en alta mar.
- Realizar evaluaciones ambientales antes de aprobar actividades humanas, como la minería submarina.
- Coordinar investigaciones científicas entre países.
- Proteger la biodiversidad marina.
Además, el tratado es clave para alcanzar la meta global ’30 x 30′, que es el Objetivo 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, reconocido como acuerdo global más importante en la historia de la conservación. Esta iniciativa, aprobada por más de 190 países en diciembre de 2022, tiene como objetivo proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030. Sin la ratificación del tratado, cumplir esa meta hubiera sido mucho más complicado, ya que la mayor parte del océano está en alta mar[2]
En este punto, la situación del Perú es ambigua. El gobierno firmó el tratado de alta mar en junio 2025, pero no lo ha ratificado aún. La 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU a la que asistió la presidenta Dina Boluarte, fue el escenario propicio donde se logró la ratificación del tratado. Firmar el tratado es una señal de que un país está dispuesto a cumplir con sus objetivos, pero la ratificación es el paso que convierte ese compromiso en una obligación legal, es decir, hasta que un Estado no ratifica el acuerdo, no está obligado de manera oficial a cumplirlo. Eso implica un proceso interno que pasa por la revisión del Ejecutivo, la aprobación en el Congreso y el depósito del instrumento en la ONU. Sin completar esos pasos, el Perú queda fuera de las decisiones y beneficios que traerá este tratado.
La ratificación del tratado constituye una garantía para que el país pueda intervenir de manera activa en la gestión de los océanos abiertos, un ámbito que incide de manera directa en la sostenibilidad de nuestras pesquerías y en la preservación de los ecosistemas costeros. Asimismo, representa un mecanismo de protección ante actividades de alto riesgo, como la minería submarina, que podrían llevarse a cabo sin los controles pertinentes si no se establecen normas internacionales rigurosas. Además, la adhesión formal al acuerdo brinda acceso a cooperación técnica y científica, un recurso indispensable en el contexto actual marcado por la crisis climática y la acelerada pérdida de biodiversidad.
[1] Naciones Unidas. Océanos y derecho del mar. Recuperado de https://www.un.org/es/global-issues/oceans-and-the-law-of-the-sea
[2] El País. El tratado para la protección de las aguas internacionales entrará en vigor en enero tras ser ratificado por 60 países. Recuperado de https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-09-19/el-tratado-para-la-proteccion-de-las-aguas-internacionales-entrara-en-vigor-en-enero-tras-ser-ratificado-por-60-paises.html
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