Expertos analizan la formalización minera como estrategia frente al crimen organizado

La minería ilegal es hoy una de las economías ilícitas más rentables del país. Entre 2013 y 2023 generó más de US$ 8200 millones, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este fenómeno no solo impacta en la economía, sino también en la vida social, ambiental y política del Perú. En ese marco se desarrolló el seminario «Economías ilegales: estado de urgencia», donde expertos reflexionaron sobre cómo frenar el avance de estas actividades, con énfasis en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

El evento, organizado por el Rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se realizó el 21 de agosto y contó con la participación de José de Echave, miembro del comité ejecutivo de CooperAcción; Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Dante Vera, director fundador de V&C Analistas; así como las docentes Zaraí Toledo y Maritza Paredes, de la PUCP.

Los y las expositoras coincidieron en la urgencia de diferenciar y apoyar a quienes en la MAPE buscan sinceramente formalizarse, mientras se construye un frente común contra los actores criminales. También hubo consenso en la necesidad de mirar toda la cadena de valor de la minería artesanal —desde los insumos, el transporte y las plantas de beneficio, hasta la comercialización— y no reducir la política pública solo al acto de extracción.

Uno de los debates más intensos giró en torno al régimen de concesiones mineras, considerado por varios participantes como un obstáculo clave para la formalización. En su intervención, José de Echave recordó que la pequeña minería ha sobrevivido en los últimos 30 años con poca atención del Estado. La Ley General de Minería de 1992, diseñada para la gran minería, dedica apenas dos de sus más de 200 artículos a la pequeña minería. “La pregunta que habría que plantearnos es, ¿se puede pensar en una Ley MAPE disociada de la Ley General de Minería? Yo no creo que sea posible pensar en una ley MAPE sin tocar la Ley General de Minería”, señaló.

En esa misma línea, Zaraí Toledo subrayó que es fundamental diferenciar a la minería informal de la ilegal y que las políticas públicas deben adaptarse a las distintas realidades territoriales. Maritza Paredes, por su parte, coincidió en que el proceso de formalización requiere no solo ajustes normativos, sino también voluntad política para dotar de recursos y fiscalización efectiva al Estado.

Por su parte, Ángela Grossheim sostuvo que, según el diagnóstico realizado por su institución, no existe un problema estructural en el régimen general de concesiones. Explicó que el desarrollo de una operación minera de gran escala puede tomar entre 30 y 40 años, lo cual evidencia la complejidad del proceso. Además, advirtió que de los 31 500 títulos vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el 88% corresponde a concesiones de terceros y, de ese porcentaje, el 68% se encuentra en concesiones de pequeña minería. “Lo que está ocurriendo es una invasión que afecta a distintas concesiones”, remarcó.

Dante Vera coincidió en que la falta de contratos con titulares de concesiones es uno de los mayores obstáculos para la formalización. Además, señaló que en estudios realizados en Pataz se ha identificado un fuerte sentimiento de despojo entre los mineros: “Trabajaban yacimientos que asumían como suyos y, cuando se implementó la Ley General de Minería, se encontraron con que el Estado otorgaba concesiones a diversas empresas y no a ellos”.

La gran interrogante, subrayó De Echave, es cuánto están dispuestos a ceder los diferentes grupos de interés para lograr equilibrios en beneficio del país. “En un país donde todos aceptamos que la minería es una actividad sumamente importante: ¿cuánto están dispuestas a ceder las grandes empresas, la SNMPE, o los gremios de la minería informal como la Confemin, en función de sus agendas e intereses?”, cuestionó.

El seminario puso sobre la mesa la urgencia de actualizar el marco normativo, diseñar estrategias diferenciadas y abordar la formalización de manera integral.

El debate completo está disponible en el siguiente enlace: