Negociaciones climáticas rumbo a Belém: entre el estancamiento y las nuevas geografías del poder climático

Silvia De Palo

22 de agosto de 2025

Del 16 al 26 de junio se celebró en Bonn, Alemania, la 62ª sesión de los Órganos Subsidiarios (SB62) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), un encuentro técnico y preparatorio por la COP30 de noviembre en Belém, Brasil.

Las negociaciones, que reunieron a unas 200 delegaciones de expertos y funcionarios, representan una etapa crucial en la definición de la agenda climática global, especialmente después de un 2024 marcado por una anomalía térmica anual que, por primera vez, superó el umbral de +1.5 °C respecto a los niveles preindustriales.

Los trabajos comenzaron con dificultades: la adopción de la agenda llegó con casi dos días de retraso y el objetivo de producir textos ya listos para Belém no se alcanzó. Las delegaciones abandonaron Bonn sin un acuerdo formal, solo con notas informales y expedientes aún por completar.

El contexto geopolítico tampoco ayudó. Por un lado, el desentendimiento de Estados Unidos, con una delegación ausente en las mesas de negociación; por otro, la creciente influencia de China, que ha asumido un papel protagónico también en el plano de las contribuciones financieras a la CMNUCC. A ello se suman las tensiones internacionales derivadas de las guerras en Ucrania y Medio Oriente, así como la escalada en Israel, factores que han hecho aún más complejo el diálogo multilateral y han acentuado las fracturas entre el Norte y el Sur global.

Adaptación e indicadores bajo los reflectores

Uno de los temas centrales fue el perfeccionamiento de los indicadores para medir los avances hacia el Global Goal on Adaptation (GGA), definido por el Acuerdo de París. Después de la COP28 en Dubái, que había introducido un marco de referencia con objetivos sectoriales (agua, agricultura, salud, biodiversidad, infraestructuras, patrimonio cultural), en Bonn el debate se estancó en torno a la financiación y los criterios de evaluación.

Las delegaciones discutieron hasta el último día, con profundas divisiones entre países desarrollados y en desarrollo. Estos últimos insistieron en que se incluyeran indicadores sobre igualdad de género, juventud, comunidades vulnerables y afrodescendientes. Finalmente, solo se adoptó un texto parcial de 21 párrafos (de 39 planeados al principio), que reconoce algunas demandas del Sur global, el cual subrayó con fuerza la necesidad de incluir de manera adecuada indicadores relacionados con dimensiones transversales, tales como la igualdad de género, la participación de los jóvenes, la inclusión de las personas desfavorecidas y más vulnerables a los impactos climáticos, así como el reconocimiento de los derechos y necesidades específicas de las comunidades afrodescendientes.

Planes Nacionales de Adaptación y financiamiento

No se alcanzó ningún acuerdo sobre la evaluación colectiva de los National Adaptation Plans (NAP), ya pospuesta desde la COP29. Hasta ahora, solo 63 países han presentado su plan, y la ausencia de un análisis compartido corre el riesgo de minar la confianza entre el Norte y el Sur Global.

En el frente financiero, los Países Menos Adelantados (LDCs) solicitaron triplicar para 2030 los fondos destinados a la adaptación, en comparación con los 28 mil millones de 2022, exclusivamente en forma de subvenciones públicas. Sin embargo, la demanda sigue estando lejos de los al menos 187-359 mil millones anuales estimados por el PNUMA como necesarios. La propuesta de condicionar la implementación de los NAP a la disponibilidad de fondos fue rechazada por los países desarrollados, que consideran inaceptable una cláusula vinculante.

Finanzas climáticas: la hoja de ruta de Bakú a Belém

Entre los expedientes más delicados que surgieron en Bonn está el de las finanzas climáticas. La llamada roadmap Baku to Belém busca fijar para la COP30 un nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG) de al menos 1.3 billones de dólares anuales para 2035, destinados a los países en desarrollo.

Las consultas pusieron en evidencia profundas fracturas: los países del Sur insisten en que la financiación pública siga siendo el eje central de los flujos, en particular para apoyar las medidas de adaptación y afrontar pérdidas y daños. Las economías avanzadas, en cambio, impulsan un modelo híbrido, en el que a los fondos públicos se sume un papel creciente de los capitales privados.

La paradoja es evidente: quienes más han contribuido a las emisiones globales se sustraen de los compromisos más exigentes, mientras que quienes sufren con mayor intensidad los impactos de la crisis —y no disponen de medios económicos para reaccionar— siguen sin contar con las herramientas necesarias para adaptarse y llevar adelante la transición.

Otros frentes: mitigación, Global Stocktake y transición justa

Sobre el Mitigation Ambition and Implementation Work Programme de Sharm el-Sheikh[1] no se alcanzó un resultado concreto, pero sí surgió la voluntad de crear una plataforma dedicada a apoyar la implementación de los objetivos climáticos en los países en desarrollo. El instrumento, concebido como complementario a las demás plataformas ya existentes a nivel nacional e internacional —también en el marco de la Convención—, debía facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias, promover el aprendizaje mutuo y mejorar el acceso a los medios necesarios para aplicar las políticas climáticas.

El segundo Global Stocktake (GST), la verificación quinquenal prevista por el Acuerdo de París para evaluar los avances globales en la lucha contra el cambio climático, quedó estancado: el texto sigue íntegramente entre corchetes[2] y será objeto de debate directamente en Belém.

También en el frente de la transición justa el resultado fue decepcionante: la nota informal aprobada retoma los principios de equidad y derechos humanos, pero deja sin resolver dos nudos centrales. Por un lado, la transición de los combustibles fósiles, rechazada por Rusia y los países árabes; por el otro, las medidas comerciales unilaterales, como el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), el nuevo arancel europeo sobre importaciones con alta intensidad de carbono (cemento, acero, fertilizantes, etc.), concebido para evitar la competencia desleal de países con estándares climáticos menos estrictos. Un instrumento defendido por la Unión Europea pero fuertemente cuestionado por los países en desarrollo, que lo consideran una barrera comercial.

Plan de Acción de Género: lenguajes divisivos

Los debates sobre el Plan de Acción de Género pusieron de manifiesto fuertes tensiones en el plano lingüístico. Algunos países —entre ellos Paraguay, la Santa Sede, Arabia Saudita y China— pidieron una interpretación estrictamente binaria del concepto de género y, en consecuencia, la eliminación del término WEHRD (Women Environmental Human Rights Defenders) de cualquier referencia oficial. El resultado fue un borrador final fragmentado, cargado de opciones contrapuestas: más un inventario de divergencias que una verdadera base operativa.

Los protagonistas

El balance de la participación en las negociaciones confirma que los protagonistas de la diplomacia climática global siguen siendo China, la Unión Europea, Canadá, Australia y, sorprendentemente, Suiza. Sin embargo, es sobre todo China la que gana terreno, imponiéndose políticamente en casi todos los expedientes. Ya en la COP29 de Bakú había logrado incluir en el texto final el compromiso de movilizar 1.3 billones de dólares a favor de los países en desarrollo para 2035: un resultado que reforzó la posición del G77, el grupo que reúne a más de 130 naciones del Sur global.

En las negociaciones intermedias de Bonn, Pekín consolidó aún más su influencia con un aumento del 5% en su contribución al presupuesto 2026-2027, cubrirá el 20% de los gastos de la secretaría de la UNFCCC, el órgano que sostiene toda la maquinaria negociadora. Estados Unidos, que hasta el presupuesto anterior garantizaba el 22%, redujo drásticamente su cuota tras el retiro decidido durante la administración Trump. Parte de ese vacío será cubierto con fondos privados, en particular de Bloomberg Philanthropies, pero China se mantiene hoy como el principal financiador de las negociaciones climáticas.

Rumbo a Belém

La sesión de Bonn se cerró sin resultados concretos, dejando sin resolver casi todos los expedientes que serán retomados en Belém. Más que marcar avances, las negociaciones pusieron en evidencia las fracturas de la gobernanza climática: por un lado, la incapacidad de los países desarrollados para traducir los compromisos en instrumentos financieros y políticos vinculantes; por el otro, la creciente presión del Sur global, que exige recursos, reconocimiento y compromisos reales por parte del Norte. El retiro de Estados Unidos y el avance de China han acelerado el desplazamiento del centro de gravedad de la diplomacia climática, haciendo de la COP30 no solo una prueba para recuperar el tiempo perdido, sino también el momento para redefinir los equilibrios de poder en la lucha contra la crisis climática.

Mientras tanto, en Perú, la Ruta de los Pueblos representa un proceso participativo desde abajo: a través de las audiencias ambientales y climáticas macrorregionales, las organizaciones de la sociedad civil —entre ellas CooperAcción— están construyendo una agenda común de justicia climática, fruto de la escucha y la colaboración con los territorios. Al mismo tiempo, denuncian la creciente criminalización de los defensores ambientales y exigen la ratificación del Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para garantizar derechos y participación. Las propuestas recogidas confluirán en la COP30 de Belém, reforzando la voz de los pueblos y comunidades más expuestas a la crisis climática.