Pensar diferente es una amenaza a la seguridad nacional

Esta semana se reunió el Consejo de Estado, espacio en el que participan todos los poderes públicos y organismos constitucionalmente autónomos: el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros. El motivo de la reunión: la crisis de inseguridad ciudadana. Sin embargo, con esa excusa, los acuerdos apuntan a perseguir ideas y criminalizar la disidencia.

Los acuerdos del Consejo de Estado difundidos el martes 5 de noviembre se dividen en 4 puntos: seguridad ciudadana, justicia y crimen organizado, control migratorio y crecimiento económico. En el tema que realmente preocupa a la población y que está detrás de la ola de protestas en todo el país, la delincuencia que está fuera de control, hay pocas cosas que puedan ser efectivas, más allá de mucho populismo punitivo. Lo peor: ni una palabra sobre derogar las leyes que ha dado el Congreso en los últimos meses y que, según diversos análisis, favorecen a las economías ilegales y dificultan la lucha contra la criminalidad. Para colmo, se introducen temas migratorios, cuando no hay ninguna relación empíricamente comprobable entre migración y criminalidad, más allá del discurso xenófobo.

Pero de contrabando, en una sesión convocada para hablar de seguridad ciudadana, se introduce este acápite sobre «crecimiento económico» que es toda una oda al pensamiento único. Los miembros del Consejo de Estado, excediéndose en sus funciones, se dedican a alabar el modelo económico y definen, sin que haya habido ningún debate público al respecto, que el país tendrá el rol de ser un «hub» logístico (portuario y aeroportuario).

Y en esa línea, se incluye el siguiente acuerdo: «Rechazar las amenazas contra nuestro modelo económico y la industria extractiva al constituir un peligro contra nuestra seguridad nacional». Este punto delirante parece querer imponer el pensamiento único. ¿Desde cuándo el modelo económico o la actividad extractiva son temas de «seguridad nacional»? Esta es una amenaza explícita a la disidencia. Bajo esta óptica, los cuestionamientos al modelo económico o las protestas contra los impactos negativos de la actividad minera o petrolera ¿van a ser tratados como un asunto de «seguridad nacional»? ¿Así se pretende criminalizar a quienes piensan diferente, a quienes estén en desacuerdo con un proyecto extractivo o a quienes reclamen contra empresas irresponsables que contaminen nuestras aguas con metales tóxicos?

Es muy grave el acuerdo tomado por el Consejo de Estado, pues traslada al ámbito criminal el pensamiento crítico y temas que están en el ámbito del derecho a la libre opinión dentro de una democracia. Si bien el acuerdo en sí mismo no es vinculante, pues no modifica leyes y todo esto tendrá aún que cristalizarse en un marco normativo, es muy preocupante. ¿Esta es la manera en que, no solo el Gobierno y el Congreso, sino también el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría y las otras entidades del Consejo de Estado, van a abordar la conflictividad socioambiental, las protestas y la disidencia a partir de ahora?