El Congreso lo quiere controlar todo
Desde que Dina Boluarte asumió como Presidenta de la República, las instituciones de derechos humanos hemos venido denunciando al Congreso como el poder que, de facto y en solitario, lidera la coalición autoritaria, conservadora, reaccionaria y antiderechos. Esta coalición está, como en las viejas y nuevas dictaduras, intentando controlar todos los poderes del Estado y tienen dos objetivos claros: la impunidad y la supervivencia en el poder hasta el 2026 y más allá.
En este momento, el Congreso controla no sólo a la Presidencia y el Ejecutivo sino a la Contraloría, el Tribunal Constitucional y, en su carrera por control absoluto, vienen también contra todo el sistema de justicia: el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y, no faltaba más, los organismos electorales, el JNE y la ONPE. Con esto último, parecen tener el control absoluto que tanto anhelan; han devorado todo aquello que solíamos llamar “nuestra institucionalidad democrática”.
Pero eso no es todo: desde hace semanas, y con una campaña mediática de por medio, se movió en el Congreso un dictamen que apunta a otro de sus objetivos: las ONG. Como era de esperarse, ayer aprobaron el proyecto de ley, con la única pretensión de controlar el trabajo de las instituciones de derechos humanos. Quizás la idea no suena mal si es que fuera cierto que esos congresistas que vienen liderando la propuesta de ley estuvieran preocupados por mejorar la ejecución de los recursos de la cooperación internacional. Pero es bastante evidente, y es necesario decirlo enfáticamente, que el único objetivo a mediano plazo es desaparecer instituciones y organizaciones que les son incómodas. Y los derechos humanos, sin duda, son incómodos para una coalición que gobierna habiendo pasado sobre la vida de 60 peruanos y peruanas, incluidos menores de edad. Lo relevante para esa coalición es consolidar un Perú autoritario, con el poder centralizado en el Congreso, y sin derechos humanos.
Es importante señalar la importancia de las ONG, dado que, desde hace varios años, vienen a través de campañas y vocerías en medios ultra reaccionarios, desvirtuando el rol que tienen nuestras instituciones en la defensa de la democracia, el cierre de brechas en derechos humanos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, así como aportar a las mejoras económicas de amplios sectores sociales excluidos del modelo económico.
Así mismo, llamar la atención respecto de que este debate sobre el control de las ONG no es sólo técnico: es fundamentalmente político. Es por eso que, antes de comentar respecto de las preocupaciones que tenemos con la propuesta de ley, es importante denunciar que los congresistas que la vienen moviendo tienen serios cuestionamientos o denuncias en temas sensibles. Alejandro Aguinaga, del Partido Fuerza Popular cuyo líder fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos, tiene pendiente el juicio del caso por esterilizaciones forzadas. José Cueto, de Renovación Popular, exmilitar cuyas posturas son conocidas y notorias en estos temas.
Respecto de nuestros cuestionamientos específicos, el COEECI[1] menciona que una de sus principales preocupaciones es “la intervención política, dado que la supervisión directa por parte de los congresistas comprometería la independencia y la neutralidad de las ONG, posibilitando la disolución arbitraria de organizaciones sin causa justa ni debido proceso así como las nuevas limitaciones dificultarían significativamente la recepción de fondos de entidades internacionales, afectando gravemente la ejecución de programas esenciales”. Asimismo, afirman que “las modificaciones contravienen las obligaciones internacionales del Perú y vulneran derechos fundamentales como la libertad de asociación, el derecho de reunión y la libertad de expresión”.
Desde las redes de organizaciones de la sociedad civil como, CNDDHH, ANC, Red Muqui, de las que CooperAcción hace parte, se ha dicho que las propuestas del legislativo pretenden establecer sanciones administrativas desproporcionadas y arbitrarias, permitir la disolución de estas asociaciones sin causa justa ni debido proceso, limitar el derecho de asociación y de participación ciudadana a través de las ONG, y facilitar la intervención directa de los congresistas en competencias que corresponden a la APCI. Puntos muy graves que no han sido considerados por el Congreso. Como tampoco fue considerada la petición de la Embajada de Canadá para presentar sus observaciones al proyecto de ley que ya fue aprobado.
Pero el Congreso no oye opiniones, ni recomendaciones, ni precisiones técnicas. El Congreso quiere controlar todo. Si en el camino deben aprobar leyes que les permitan desaparecer a instituciones que se le opongan o les sean críticas: lo harán sin dudarlo. No tienen límite en su ruta de convertir al Perú en un país sin democracia y sin derechos humanos.
[1] Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI).
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