La policía y las investigaciones que la vinculan a actividades ilegales

La Policía Nacional del Perú es una institución en crisis. Su imagen está por los suelos y casi todas las semanas aparecen denuncias de miembros de la PNP, de sus diferentes estamentos y jerarquías, vinculados a bandas criminales, casos de corrupción, entre varios otros delitos.

Una de las frases hechas, cada vez que se descubre un caso de corrupción o de algún otro delito, es que “algunos elementos no pueden dañar la imagen de toda la institución”. Sin embargo, las cifras muestran que no estamos frente a algunos casos aislados: información de la propia Inspectoría General del Sector Interior da cuenta que 20 mil efectivos policiales vienen enfrentando investigaciones por faltas como pertenecer a una organización criminal, cometer un delito flagrante, pedir coimas, abuso de autoridad, entre otras. El año pasado 1,030 policías habrían sido expulsados por casos de corrupción, cifra que año a año viene aumentando.

En medio de todas estas evidencias, es altamente preocupante que el actual comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, esté afrontando investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado cuando era jefe de la región policial de Arequipa. Las acusaciones son graves: un informe publicado en La República (edición del 23/01/24), señala que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de esa región, “como parte de una investigación sobre un violento enfrentamiento en 2020 fue mencionado el nombre del entonces jefe de la región policial de la zona, general Víctor Zanabria Angulo, vinculado a uno de los grupos en conflicto”.

El violento enfrentamiento al que se refiere la investigación sería el que ocurrió en la zona de Calpa, distrito de Atico, provincia de Caravelí, en diciembre de 2020, cuando delincuentes armados, aparentemente contratados por la empresa Intigold Mining, desalojaron violentamente a mineros artesanales, produciéndose la muerte de Edwin Ramos Guerrero y varios heridos: “Un colaborador eficaz identificado con el código FPCA 02-2022 reveló que el general Víctor Zanabria, conocido como el Canario, ordenaba a sus subalternos dar protección a la minera Intigold Mining, a cambio de dádivas” (La República del 23/01/2024). También se señala que los enfrentamientos armados ocurrieron en presencia de la Policía que protegía a Intigold. Esta no sería la única denuncia contra Zanabria.

El general PNP, Zanabria, es el que firma la carta notarial dirigida al diario La República, conminando a que rectifiquen una caricatura de Carlos Tovar, ´Carlín´, publicada en la edición del pasado 30 de enero: “se le conmina para que, en el plazo de 48 horas de recibida la presente carta, se sirva brindar las disculpas correspondientes a la Policía Nacional del Perú y RECTIFICAR la caricatura publicada por su representada en la edición del día 30 de enero del 2024, a través del mismo medio de comunicación y de la misma forma; caso contrario, me veré obligado a iniciar las acciones legales correspondientes”.

En otra parte de la carta notarial, se señala que la caricatura publicada “daña directamente la imagen de la Policía Nacional del Perú, en su condición de institución tutelar del Estado”. Lo que debería entender la PNP es que lo que verdaderamente viene dañando su imagen son los continuos destapes de casos de corrupción que envuelven a diferentes integrantes de la institución.

Desde CooperAcción queremos expresar nuestra total solidaridad con Carlos Tovar. Como ha mencionado el abogado penalista César Azabache, “La sátira política no es delito”. Reconocer la grave crisis que enfrenta la PNP es el primer paso para iniciar un proceso de restructuración a fondo, que, a estas alturas, debería ser casi una suerte de refundación de esta institución.