A casi 2 años ¿qué pasó con el derrame de Repsol?

Estamos cerrando el año 2023, y estamos próximos a recordar dos años de la tragedia provocada por el derrame de petrolero de cerca de doce mil barriles de crudo propiedad de la empresa Repsol en Ventanilla, y que ha generado impactos ambientales y sociales en la costa del norte chico de Lima.

La pregunta que debemos hacernos todos es cómo estamos llegando al próximo 15 de enero del 2024, en que se cumplirán los dos años del derrame. Según varios reportes oficiales, la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras.

Playas aún estarían contaminadas

Recientemente, la Mesa de Diálogo que aborda la problemática social generada por el derrame de petróleo, y en la que participan casi una decena de organismos oficiales, se pronunció en un comunicado sobre el estado de las playas y el mar afectados. El comunicado da cuenta de una evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizada del 1 al 4 de agosto, que ha señalado que aún existe presencia de petróleo por encima de los estándares de calidad ambiental en el mar de Ventanilla.

Así mismo, se informa que existe presencia de hidrocarburos en el fondo marino a la altura de diversas playas en Ventanilla, Santa Rosa, Aucallama, Chancay y Huacho, así como impregnación de hidrocarburos en las zonas rocosas de las playas Cavero y Punta Lachay.

El comunicado de la Mesa de Diálogo también toma nota del informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y señala que “no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo” y que “no se cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionado con la pesca artesanal”. 

Ante el comunicado de la Mesa de Diálogo, la empresa Repsol afirmó que dichas afirmaciones son inexactas y desactualizadas, y representan “un atropello institucional frente a la inacción de las distintas autoridades”. Según Repsol, “el mar y las playas de la zona cuentan desde hace meses con las condiciones aptas, tanto por los estándares de calidad nacionales como por los exigentes estándares internacionales, para que se reactiven la pesca y las actividades recreativas”.

Informe de Digesa

A fines de noviembre, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer la condición de las playas de baño y recreación afectadas por los derrames de petróleo en enero de 2022. 

Según informó Actualidad Ambiental, en reunión con representantes de las municipalidades de Lima Metropolitana, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, así como con la Diris Lima norte, Diresa Lima y Diresa Callao, y con las asociaciones afectadas por el derrame, Digesa informó que de 30 playas de baño y recreación impactadas por el derrame de petróleo, 25 aún están afectadas.

Por su parte, a principios de noviembre, la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta los últimos estudios de Instituto del Mar del Perú (Imarpe) que indican que no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame de petróleo esté libre de presencia de dicho hidrocarburo, recomendó al Ministerio de la Producción (Produce) disponer medidas restrictivas para el desarrollo de la pesca artesanal en la zona.

Lo que apreciamos es que aún hay una agenda pendiente de atender. A pesar de todo lo que viene diciendo la empresa, la afectación sigue presente, los pescadores artesanales y toda la cadena económica que dependía de su actividad no han podido retomar sus labores. Si bien se llegó a algunos primeros acuerdos de la empresa con casi todas las organizaciones de pescadores para la compensación económica del 2022, aún estaba pendiente la de este año y el siguiente.

Asimismo, hay un proceso de limpieza y remediación que está incompleto. Los ciudadanos tenemos el deber de demandar transparencia al Estado y la empresa, y exigir que este proceso siga de manera diligente y eficiente, por el bien de esta zona y de todo el ecosistema marino costero de Lima, Callao y el norte chico.