Se cumple un año

Se está cumpliendo un año del fallido intento de golpe de estado del ex presidente Pedro Castillo. Como es conocido, este hecho abrió un escenario de crisis y estallido social que tuvo un pico en los primeros meses del año y que tiene el lamentable saldo de más de 60 personas fallecidas. Hasta el momento, pese a los llamados de atención que llegan de varios espacios internacionales, los responsables no han sido identificados y no hay voluntad política para avanzar en las investigaciones y en el esclarecimiento de los hechos.

El epicentro de la movilización fue el sur andino del país, sobre todo las zonas rurales y tuvo como actor social y político a las poblaciones de esos territorios. El mapa del estallido social de los primeros meses del año coincide, en gran medida, con el mapa de la conflictividad social previa y el que se ha venido configurando en los meses posteriores.  

Como hemos señalado a lo largo del año, hay varios  vínculos entre el estallido social de este año y los conflictos previos, sobre todo los relacionados con la defensa de los territorios y actividades extractivas como la minería: los cuestionamientos al centralismo limeño y a cómo las élites del país pretenden seguir tomando e imponiendo decisiones al resto del país; la manera como se niegan las bases objetivas de los conflictos y se los intenta explicar por supuestos complots; el comportamiento de la Policía Nacional en situaciones de extrema tensión y emergencia; los temas de identidad y la situación de marginación de nuestras comunidades rurales y pueblos indígenas. Todos estos temas ya estaban presentes en los conflictos ecoterritoriales de las últimas décadas y las poblaciones rurales lo han vivido en vivo y directo.

Se cumple un año en un momento de crisis política, descomposición institucional y una reactivación de la conflictividad social, como lo demuestran los últimos informes de la Defensoría del Pueblo. Un gobierno con apenas 8% de respaldo (última encuesta del IEP) está totalmente incapacitado para remontar la grave crisis económica que enfrentamos, los problemas de criminalidad creciente, la conflictividad social, acompañada hoy en día de la violencia de la minería ilegal, entre varios otros factores que son claros indicadores de crisis y descomposición, como lo demuestra la crisis actual del sistema nacional de justicia, la actuación del Tribunal Constitucional en relación a la liberación de Fujimori y el claro retroceso en la defensa de los derechos humanos.

Si la dupla Boluarte-Otárola, para congraciarse con los sectores más conservadores del país, pretende gobernar a punta de estados de emergencia y endureciendo las penas para los que quieren ejercer el derecho a la protesta, se encontrará cada vez más con una creciente resistencia de los sectores democráticos del país.