Reinicio de operaciones de La Oroya genera preocupación en defensoras y especialistas ambientales

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado a inicios de octubre, sobre el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, ahora en manos de sus extrabajadores, tras 13 años de paralización.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que a mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de Ilo”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”.

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya.