Las idas y venidas del proyecto Tía María

Hace unos días pudimos ver en los medios de comunicación las idas y venidas de representantes del gobierno de Dina Boluarte y de la empresa minera Southern sobre el controversial proyecto minero Tía María. Y no es para menos, pues se trata de un gran proyecto minero pero que cuenta con el rechazo mayoritario de la población de la zona de operaciones, el Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay.

El proyecto contempla una inversión de US $1400 millones, su desarrollo es presentado por las empresas mineras como un gran avance para el país, donde las relaciones de la industria minera con las comunidades rurales suelen presentar conflictos.

La postura de las autoridades

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló unos meses atrás que el proyecto minero Tía María en Arequipa generaría obras a favor de los agricultores de su zona de influencia, lo que sería una alternativa de solución importante.

“En el caso de Tía María, por ejemplo, hemos dado un impulso a lo que son obras por impuestos. Hay la posibilidad de que la empresa pueda generar algunas obras en beneficio del sector agrícola”, afirmó.  Refirió que, para ello, se requiere coordinación entre los agricultores, el Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa privada.

Sobre el mismo tema, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Óscar Vera, aseguró en setiembre que Southern llegó a un “entendimiento con autoridades del Valle del Tambo para iniciar el proyecto”.

Sostuvo que el entendimiento tenía que ver con un proyecto de represa de agua, además de otros aspectos relacionados con la atención a las comunidades. Sin embargo, ninguna autoridad local de la provincia de Islay confirmó luego esas supuestas coordinaciones.

En días recientes, durante la inauguración del Perumin en Arequipa, el ministro Vera aseguró que esperan que se alcance un acuerdo con las comunidades.

“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos que tenemos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”, dijo el titular del Minem. Al ser consultado por la prensa, el ministro no respondió si estaría dispuesto a reunirse con los agricultores del Valle de Tambo, quienes son los principales opositores del proyecto minero de la empresa Southern.

Por su parte, el primer ministro Alberto Otárola señaló en su participación en el Perumin que “quien diga que el Perú no es un país minero, está siendo demagógico. La minería es esencial para el desarrollo de nuestro país”, afirmó enérgicamente Otárola ante la audiencia del Perumin.

Sin embargo, a las afueras del evento, respondió a las consultas de los medios de comunicación y señaló que “sobre Tía María, no está en agenda del gobierno en este momento, tiene que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión.” De esta manera le enmendó la plana al titular del MINEM, al decir que el gobierno no estaba impulsando en este momento el mencionado proyecto minero.

La postura de Southern

Según informaciones publicadas en diversos medios, la empresa minera Southern Peru Copper Corporation se ha sentido cada vez más optimista sobre la viabilidad de su proyecto Tía María. A inicios de este año, la compañía ha indicado que había tenido progresos con las comunidades. La empresa controlada por Grupo México lleva años tratando de convencer a las comunidades locales de los méritos del proyecto Tía María.

Por otro lado, a mediados de setiembre el Director Financiero de Southern, Raúl Jacob, afirmó que “no hay un acuerdo” formal para que arranque el proyecto minero. “Se ha avanzado bastante en la parte social. Nosotros pensamos que, en un trabajo coordinado entre el gobierno, la compañía y las autoridades, deberíamos poder llegar a un acuerdo. Esa es la intención y lo que se ha estado trabajando las últimas semanas (…) Hay autoridades que han manifestado una mirada positiva, pero no hay un acuerdo al respecto”, señaló.

Asimismo, Jacob remarcó que no hay fecha fija para iniciar el proyecto, pero expuso que “sería ideal poder arrancar a fines del 2023 o comienzos del 2024”. “Sería una gran noticia para el país destrabar Tía María”.

Cabe mencionar que meses atrás, Jacob había señalado que estaban comprometidos a no comenzar la construcción hasta que exista una mayor aceptación social. Para lograrlo, proponían la construcción de una represa que beneficiaría en un 85% o 90% al Valle de Tambo.

Asimismo, en el marco del Perumin 36, el presidente de Southern, Oscar Gonzales Rocha, expresó ante la pregunta de que el proyecto Tía María no estaba en la agenda del gobierno, que “pues entonces tendremos que cambiar de gobierno”.

A pesar de ello hasta el momento los dirigentes sociales del Valle de Tambo se han reafirmado en su firme oposición al proyecto minero, pues la empresa no ha podido probar que no afectará la actividad agrícola del Valle. Como se recuerda, el primer Estudio de impacto ambiental de la empresa en el 2009 tuvo varias observaciones, fue sometido a una evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) que formuló 138 observaciones al proyecto, y por eso fue rechazado por el MINEM. Luego un nuevo EIA sería aprobado en el 2014, pero la Junta de usuarios también contrató estudios técnicos que mostraron que no se habían levantado todas las observaciones de UNOPS, sobre todo en temas como la posible contaminación por los vientos, los polvos y la posible contaminación de las aguas subterráneas. Por lo tanto, hasta el momento la empresa, a pesar de los ajustes al proyecto y una serie de promesas y exposición de las supuestas bondades, no ha podido demostrar que este proyecto no afectará de manera importante las actividades agrícolas del valle.

Resulta evidente que existe una expresa voluntad por sacar adelante este controversial proyecto minero. Por una parte, por el gobierno de Dina Boluarte que claramente ha expresado una agenda pro inversiones privadas y pro inversiones mineras. Por otra parte, la empresa Southern ha intentado ser más cauta, pero a su vez algunas declaraciones de sus voceros revelan la impaciencia frente a la postergación de su proyecto. Queda abierta la preocupación de la sociedad civil por la estrategia final que adopte el gobierno de Dina Boluarte, pues como se ha visto por sus acciones y declaraciones, está dispuesto a apelar a la “mano dura” y la represión con tal de imponer el orden autoritario.