Declaran Estado de Emergencia en corredor vial del sur

Mediante Decreto Supremo N°080-2023-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros declaró la prórroga del Estado de Emergencia en las Carreteras de la Red Vial Nacional y en las Redes Viales Departamentales o Regionales. En su primer artículo, decretó prorrogar por 30 días calendarios el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y en el Corredor Vial Interoceánica Sur desde el 14 de julio del presente año.

El documento señalaba que incluyen 500 metros adyacentes a cada lado de las carreteras mencionadas, donde la Policía Nacional se establecerá para mantener el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es preciso mencionar que estas zonas ya se encontraban declaradas en Estado de Emergencia desde hace 3 meses, siendo este documento una prórroga más en el contexto de las próximas protestas cercanas a fiestas patrias.

El artículo 2 de este decreto especifica que las restricciones y suspensiones del ejercicio de derechos constitucionales se aplican durante este periodo en dicho territorio amparándose en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que concierne a la restricción de los derechos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridades personales.

El Observatorio de Conflictos Mineros se comunicó con Cristian Miranda, dirigente del distrito de Chamaca en Chumbivilcas, Cusco, quien informó sobre la situación en la zona: «Los militares están permanentemente en la zona desde hace meses, pero más específico en Choccollo, donde descansan los carros que transportan los minerales de la empresa Las Bambas. Pero no están pidiendo documentos ni deteniendo vehículos, todo está tranquilo menos mal».

«Quiénes sí están aprovechando la situación son los transportistas, los pasajes están por las nubes, casi han duplicado los costos de transporte», continuó Miranda. «Aquí no se han organizado para las protestas, desde estas comunidades la gente está tranquila», finalizó.

Las razones para la militarización en el corredor minero del sur son una respuesta a las protestas programadas para julio. Dentro de este contexto, lo que exigen las organizaciones es que se respete la vida de las y los manifestantes.