Ordenan parar proyecto Ariana que amenaza dejar sin agua a la capital

Tras casi cuatro años de espera, el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó paralizar el proyecto minero Ariana que amenaza dejar sin abastecimiento de agua a la capital.

Las operaciones del proyecto presentan las posibilidades de un posible corte y suspensión de agua, la contaminación de las lagunas que proveen las aguas que se trasvasan al río Rímac desde la cuenca del Mantaro, la filtración de relaves mineros al túnel trasandino, entre otras amenazas.

La sentencia dispone suspender el proyecto hasta realizar estudios hídricos complementarios debido a que el impacto del proyecto minero es perjudicial para la capital, ya que el agua estaría en riesgo.

El portal de CooperAcción indica que el gobierno peruano apeló la decisión judicial, lo que conlleva amenazas y riesgos para la provisión de agua a 10 millones de habitantes de Lima y Callao.

El caso ha sido posible gracias al impulso de la sociedad civil. En tiempos de crisis climática, se convierte en una lucha ciudadana clave para el cuidado de los ecosistemas, así como el agua.

Cabe recordar que el año 2019, las entonces congresistas Marisa Glave y Katya Gilvonio y el exdirector de CooperAcción José de Echave con el patrocinio legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), presentaron una demanda de amparo contra dicho proyecto por constituir una amenaza cierta e inminente para el derecho fundamental de acceso al agua potable de la población de Lima y Callao.

Como todos sabemos el agua es fundamental para la vida, la salud, la integridad física y psicológica de las personas. El impacto que este proyecto minero puede generar es enorme. Se pondría en riesgo el agua de casi 10 millones de personas. Por esta razón la sociedad civil se ha visto en la necesidad de impulsar este proceso judicial.

En estos tiempos de cambio climático, cuando el agua dulce se hace más escasa, se ha convertido en una batalla ciudadana de gran relevancia la lucha por cuidar las fuentes de agua y los ecosistemas que la proveen.  Por lo tanto, no se trata de oponerse a la actividad minera, se trata de evitar que esta actividad amenace derechos fundamentales.