Organizaciones de la región presentan informe ante la ONU para denunciar a empresas chinas

En los últimos años, la expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina, han aumentado considerablemente. Sin embargo, también ha venido acompañado de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando tres proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO). Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, lo cual ha afectado la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc.) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas CooperAcción y Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales que cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control.

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Por su parte César Flores, investigador de CooperAcción, destacó que el informe evidencia un “resquebrajamiento de la confianza en los territorios”, por lo que es importante medidas de resarcimiento y reparación. “Así mismo, es muy difícil establecer diálogo y comunicación con las empresas de China, es urgente establecer mecanismos de diálogo que sean permanentes y sistemáticos”, indicó Flores.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado chino, de manera que se planteó que es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones.

Más información:

El video de la presentación está disponible en este enlace: https://fb.watch/iW1N0XKyvc/

El informe puede descargarse de este enlace: http://chinaambienteyderechos.lat/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-ISHR-CICDHA.pdf