GLENCORE Y EL PERÚ (Editorial Boletín Actualidad Minera – junio 2022)

Desde hace un tiempo, Glencore se ha convertido en un actor importante en la minería mundial y también en el Perú. Con la absorción de Xstrata, dejó de ser sobre todo una empresa especializada en los mercados de compra y venta de materias primas y pasó a tener un rol muy importante en la producción de minerales como el cobre.

Incluso la operación de fusión Glencore-Xstrata tuvo que tener la aprobación de las autoridades reguladoras antimonopolios de Europa, Sudáfrica y de China. Como se recuerda, el visto bueno de China tuvo como requisito que Glencore venda la mina de Las Bambas en el Perú.

Pese a la transferencia de Las Bambas, desde el año 2013 Glencore ha consolidado su presencia en el Perú, ya no solo en la comercialización de minerales, sino también en la producción: Glencore hoy en día controla la mina de Antapaccay y el proyecto Coroccohuayco en Espinar (Cusco); tiene una participación en Antamina (Ancash) y controla el 55% del accionariado de Volcan, una de las productoras de zinc más importantes a nivel mundial. Además, Glencore tiene como propiedad almacenes, una planta de mezcla en El Callao y una participación del 30% en Transportadora Callao.

Es sabido que Glencore no goza de una buena reputación a nivel mundial. Varias de sus operaciones han sido muchas veces cuestionadas. El año 2013 se reveló que Glencore le habría vendido miles de toneladas de alúmina a una empresa iraní que a su vez proveía de aluminio al programa nuclear de Irán. En África, las operaciones de Glencore también han sido cuestionadas por temas sociales y ambientales.

Pero el hecho más grave ha sido el reciente reconocimiento de culpabilidad de Glencore de múltiples casos de corrupción en el mundo. Al parecer, según nota de Bloomberg, Glencore pagó más de 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Nigeria, República Democrática del Congo y Venezuela.

Como declaró el Fiscal encargado, Damian Williams, del distrito sur de Nueva York, “el soborno fue parte integral de la cultura corporativa de Glencore”. Hasta el momento se sabe que las multas que va a pagar Glencore, solo en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, ascienden a los US$ 1500 millones.

Si bien hasta el momento no ha habido denuncias concretas en el Perú, preocupa que los funcionarios involucrados en estos casos de corrupción hayan tenido injerencia en las operaciones peruanas de Glencore. Amerita investigar las operaciones de Glencore en el Perú.

Sin embargo, cabe notar que la actuación de Glencore en el Perú ya era fuertemente cuestionada por temas sociales y ambientales. Prácticamente todas las operaciones de esta empresa en nuestro país levantan cuestionamientos: Antapaccay y Coroccohuayco en Espinar, por ausencia de consulta previa, libre e informada y por contaminación por metales pesados; algo similar ocurre en Cerro de Pasco y los impactos que generan los pasivos ambientales en la población; y la alta conflictividad social, aunque de baja intensidad, en la zona de influencia de Antamina.

Glencore y su empresa Volcan también ha estado involucrada en el reciente derrame de zinc en el río Chillón: su unidad Alpamarca es la propietaria de las 30 toneladas de concentrados de zinc que cayeron al mencionado río, en la localidad de Cullhuay, en la provincia limeña de Canta. Entre los impactos del derrame, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó una pérdida de 600 toneladas de trucha de varias piscigranjas colindantes a la zona del derrame.

Los piscicultores de la Comunidad Campesina San Felipe de Cullhuay estimaron las pérdidas en al menos S/ 100 000 a S/ 150 000. Por su parte, Fernando Félix Osorio, presidente de Frente de Defensa de la Provincia de Canta, ha denunciado que los camiones mineros pasan derramando sus minerales, levantando polvo y contaminando el ambiente y que pese a los continuos reclamos de la población, las autoridades no hacen nada al respecto.

Lo cierto es que la lista de cuestionamientos al comportamiento de Glencore en el Perú no cesa de aumentar. En este contexto, se justifica que en la campaña sobre la ley de debida diligencia que se está discutiendo en el parlamento europeo, se haya tomado como uno de los casos centrales las prácticas de Glencore en el Perú. La debida diligencia es el proceso que deben llevar a cabo las empresas para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan estos impactos reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales.

Es fundamental que las empresas adopten medidas para evitar que se generen daños a los derechos de terceros, como puede ser el caso de sus trabajadores, poblaciones vecinas u otros y si ocurren deben asumirlos plenamente. Este tipo de instrumentos deben estar disponibles en los países y en el escenario internacional.

Como reclaman los pobladores de Espinar o los de la localidad de Cullhuay, afectados por el reciente derrame de zinc, las autoridades no les hacen caso, los impactos se siguen produciendo y quedan impunes, lo que significa que no hay prevención, mitigación, sanción y tampoco reparación.

Como señala Ana Leyva, especialista de CooperAcción, una norma de debida diligencia obliga a las empresas a realizar todo lo necesario para respetar el ambiente y los derechos humanos, no solo en sus actividades directas, sino también en toda su cadena de suministros y relaciones comerciales: “Pone gran parte de la responsabilidad para el respeto del ambiente y los derechos humanos en las empresas”.

Se necesita una norma de debida diligencia en los países de la Unión Europea y también necesitamos una ley propia, porque existen muchas empresas que no entrarían en su ámbito de aplicación. Además, una ley propia facilitaría el acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas; así como también ayudaría al Perú en su proceso de incorporación a la OCDE.

Publicado en el Boletín Actualidad Minera del Perú (junio 2022)