Editorial: Los conflictos activos y latentes
El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que en la actualidad existen 208 conflictos sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos[1], lo que significa que un gran número de casos demandan una atención prioritaria y urgente de parte de las autoridades encargadas.
Si bien el país ya ha pasado por situaciones similares, o incluso más complicadas en número de conflictos e intensidad[2], lo cierto es que lo que estamos viviendo en la actualidad plantea enormes desafíos por la recurrencia de los estallidos sociales en varios territorios y una matriz de conflictividad bastante más diversa que de costumbre: en las últimas semanas, al lado de los casi permanentes conflictos vinculados a la minería, hemos visto paro de transportistas, de productores agrarios, controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el alza del costo de vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas en localidades como Huancayo, Cusco y hasta Lima.
Sin embargo, los casos vinculados a la minería siguen ocupando un espacio central en el mapa de la conflictividad social del país. En este marco, en las últimas semanas, los conflictos de Cuajone en Moquegua y Las Bambas en Apurímac han tenido una mayor notoriedad.
En Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron el reservorio de Viña Blanca que abastece de agua a la operación minera y la vía férrea. Las comunidades reclaman que en algún momento del desarrollo de la mina fueron despojados de parte de sus tierras. Luego de varias semanas de tensión y con el riesgo de que se produzca un enfrentamiento entre los trabajadores y las comunidades, fue declarado el estado de emergencia en la zona y, al parecer, se han retomado conversaciones entre la empresa, las comunidades y representantes del Ejecutivo.
Por otro lado, en la zona de influencia de Las Bambas ha estallado un nuevo conflicto y en esta ocasión en el epicentro de la operación minera, el tajo de Ferrobamba. Como se sabe, para que la primera fase de la operación de Las Bambas se pueda concretar, la empresa minera tuvo que adquirir las tierras de la comunidad de Fuerabamba y reubicarla, antes de construir la primera mina a cielo abierto. La comunidad señala que la empresa no ha cumplido con todos los compromisos firmados y han decidido reinstalarse en las tierras.
¿Qué es lo que aparentemente ha ocurrido en este caso? Si bien los acuerdos entre la empresa minera y Fuerabamba tiene una cláusula de confidencialidad y es difícil conocer a ciencia cierta todos los acuerdos, por testimonios que hemos recogido en la zona, aparentemente algunos puntos no habrían sido cumplidos: la comunidad de Fuerabamba entregó 4774 hectáreas y a cambio ha recibido de la empresa 4200 hectáreas, distribuidas en varios fundos. Además, señalan que los fundos debían servir para actividades agrícolas y ganaderas, característica que no presenta por ejemplo el predio de Yavi Yavi, adquirido por la empresa en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
Pero todo indica que otro de los motivos del retorno de Fuerabamba a sus tierras tiene que ver con el hecho que las comunidades vecinas de Chila y Choaquere ―que le vendieron tierras a la empresa minera para el reasentamiento de Fuerabamba― habrían invadido terrenos vecinos a las viviendas de la urbanización conocida como Nueva Fuerabamba, generando un clima de tensión y hostilidad. Es por eso que Fuerabamba le ha pedido a la empresa minera que solucione este tema con las comunidades mencionadas.
Este nuevo capítulo de la larga lista de conflictos que han estallado en el denominado corredor del sur andino, pone en evidencia una situación que es cada vez más compleja y explosiva. Los estallidos pueden ocurrir en Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Además, las demandas y expectativas también son variadas: pueden ser económicas, sociales o ambientales, entre otras.
Reconociendo que las salidas no son sencillas y que estamos frente a un conflicto que se ha complejizado, una posibilidad es hacer un giro radical en su abordaje. Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. Se hace necesario construir un sistema de gobernanza para el corredor, donde estén representados el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones.
La tarea no es sencilla. Sin embargo, está clara la urgencia de hacer un giro en el abordaje de los conflictos. A la par que se atienden demandas puntuales, comencemos a darle contenido a una propuesta de verdadera gobernanza para el corredor del sur andino, que debe convertirse en mucho más que una zona de tránsito de minerales.
[1] Y 48 latentes.
[2] El período de mayor conflictividad social se vivió entre el 2006 y 2011.
28 de marzo de 2022
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