Morococha: Familias no reasentadas piden que se declare infundada demanda de minera Chinalco

Imagen:RPP

El martes 7 de febrero, 9 familias no reasentadas de Morococha contestaron a la demanda que la empresa Minera Chinalco Perú S.A. inició contra ellas. La Demanda de amparo fue presentada por la empresa en octubre del año 2020 ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, alegando que 18 familias de la Antigua Morococha y el Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha – FADDIM, habrían desarrollado actos de protestas el 12 de octubre del año 2020 dentro de las instalaciones mineras y que estas se volvieron constantes en lo posterior.

Según la empresa, estos actos estarían afectando su derecho de propiedad de las 34, 4723 hectáreas que adquirieron de Activos Mineros S.A.C. el 17 de abril de 2018, pues las familias aún se encuentran residiendo y poseyendo predios en forma “ilegítima e ilegal” dentro de ella. Al mismo tiempo que los supuestos actos de disturbios afectarían su libertad de comercio e industria, al no permitirles desarrollar sus actividades extractivas mineras y pondrían en riesgo la vida e integridad de los trabajadores mineros.

Las familias que actualmente siguen habitando en Morococha, residen allí desde hace más de tres décadas. Entre los años 2002 y 2018, organismos como el Ministerio de Energía y Minas, INDECI, la Superintendencia de Bienes del Estatales, entre otras, emitieron una serie de actos administrativos e informes para sostener y declarar a la ciudad de Morococha como “Zona de Riesgo no Mitigable”, y con ello conforme a la Ley 30680 se anuló los derechos de posesión de las familias o incluso la posibilidad de que les presten servicios básicos (luz, agua, desagüe, educación, etc.).

Con ello, se buscó que todas las familias de Morococha sean reasentadas “involuntariamente”, ya que en esta área se desarrollaría el proyecto minero Toromocho a tajo abierto. Es así que se da inicio al proceso de reasentamiento “involuntario”; pero 18 familias decidieron no ser reasentadas, porque la empresa no pudo satisfacer todas sus expectativas de autosostenimiento y desarrollo familiar en el nuevo espacio denominado Carhuacoto. Desde el 2013, estas familias siguen resistiendo a las presiones estatales y empresariales, demandando un trato digno e igualitario.

Las familias han sostenido que la protesta del 12 de octubre del 2020 se produjo debido a que la empresa minera arbitrariamente venia obstruyendo el acceso a las vías de Morococha, viéndose impedidos de acceder a sus domicilios. Para la empresa estos hechos son catalogados como un delito.

En la contestación a la demanda se sostuvo que la empresa no ha logado probar en su demanda la existencia real y concreta de una vulneración o amenaza a los derechos de propiedad, libertad de industria y comercio y la vida e integridad, por lo que la demanda debería ser declara infundada.

De la misma forma, si lo que la empresa busca es cuestionar la residencia y posesión de los predios de las familias que aún residen en Morococha, le corresponde otras vías.

Respecto al supuesto detrimento en las actividades de explotación minera de Chinalco, esta es contraria a la propia información de la empresa. Actualmente el proyecto minero Toromocho se encuentra en etapa de ampliación de su producción. El propio Ministerio de Energía y Minas también registra este proyecto minero como uno de los de mayor producción a nivel nacional; por lo que tal afectación en su capacidad productiva a causa de las protestas no es cierta, indica la contestación de la demanda.(Con información de Red Muqui)

24 de febrero de 2022