NOTICIAS- BOLETÍN AMP 270

-Preocupante ampliación del proceso de formalización minera

Como lo señala un comunicado del Ministerio del Ambiente (Minam), el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que busca ampliar el plazo del proceso de formalización minera hasta diciembre de 2024. Esta sería la cuarta ampliación de plazos.

Esta nueva ampliación no asegura la aplicación de salvaguardas ambientales ni sociales, es decir “no garantiza derechos fundamentales de las personas afectadas por las prácticas insostenibles de esta actividad”, indica el comunicado del Minam. Como se sabe, en varias zonas del país la minería informal y la abiertamente ilegal vienen deforestando bosques primarios y diversos ecosistemas, lo que es es una clara amenaza para la seguridad de poblaciones enteras, sobre todo pueblos indígenas.

El comunicado del Minam señala que “Los problemas de seguridad minera, la afectación a la salud de los trabajadores mineros y de la población expuesta al mercurio y otros contaminantes, así como la degradación de los ecosistemas, entre otros aspectos, generan altos costos a la sociedad”.

 

-Las Bambas: Chumbivilcas suspenderá protestas hasta el 30 de diciembre

El miércoles 22 de diciembre, ocho comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas anunciaron que abrirán el tramo del corredor minero sur andino que venían bloqueando desde hace casi cinco semanas. La suspensión de la medida de protesta es temporal, hasta el 30 de diciembre de este año, cuando deberá instalarse una mesa de diálogo.

El asesor de esas comunidades, Víctor Villa, dijo que esta decisión demuestra la vocación de diálogo de las comunidades campesinas. La vía será liberada después de 34 días de bloqueo, lo que permitirá que la empresa minera MMG La Bambas pueda abastecerse con insumos. El 18 de diciembre, la empresa había detenido sus operaciones a causa del extenso bloqueo.

“Les vamos a dar tregua, hoy en la tarde vamos a dar a conocer el comunicado de que vamos a despejar la vía hasta el 30 de este mes (…) Necesitamos ser cautelosos”, señaló Victor Villa, asesor de las comunidades de Chumbivilcas, a la agencia Reuters.

Para esa fecha está programada la visita de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a la zona. Las comunidades buscan, entre otras cosas, mejoras en las propuestas de MMG Las Bambas para la contratación de vehículos de empresas comunales.

El destino del bloqueo en el corredor minero se decidirá tras la visita de Vásquez, quien el 21 de diciembre participó de un diálogo con las comunidades y las exhortó levantar su medida de protesta.

Según reportes en medios locales, la comunidad Hatun Ccollana de Velille decidirá el 23 de diciembre si también se suma a la tregua. Daniel Colque, presidente de esa comunidad, dijo que hay la voluntad de suspender el bloqueo del corredor. Hatun Ccollana mantiene negociaciones directas con la minera MMG Las Bambas.

Efectos del conflicto

Debido al bloqueo de carreteras, Las Bambas había anunciado la paralización de sus actividades que se concretó el pasado 18 de diciembre. Esto trajo un gran revuelo a nivel de los medios de comunicación nacionales, así como alcaldes y autoridades locales de Apurímac, preocupados por los impactos de esta paralización en el pago de canon y regalías.

En declaraciones a medios nacionales, el presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, sostuvo que la paralización de Las Bambas no perjudicaría en nada a las comunidades en lucha. “No nos deja beneficios. Pasan por nuestros terrenos comunales con impacto ambiental y no aportan. Si deja de operar ¿Cómo nos perjudicaría?”, señaló.

El reclamo de los chumbivilcanos fue respaldado por las comunidades del distrito de Challhuahuacho. A través de un pronunciamiento calificaron de “chantaje” el anuncio del cierre de Las Bambas.

Al respecto, en una nota editorial publicada en su página web, CooperAcción señaló que en las circunstancias actuales se debería construir una salida sostenible e integral, en el marco de la institucionalidad. “Está claro que, con el pasar de los años, el conflicto se ha complejizado y las exigencias de las comunidades ubicadas a lo largo de este corredor vial van más allá de la atención a impactos ambientales de la carretera y son también económicas. Estas quieren ser consideradas área de influencia para verse beneficiadas con las compensaciones y acciones de responsabilidad social de la empresa, así como convertirse en proveedoras de bienes y servicios”, señala la institución.

“El caso de Las Bambas sirve como lección para dimensionar la importancia que tiene contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental fortalecido. Asimismo, plantea la necesidad de tener una propuesta de desarrollo diversificada e integral para las zonas rurales”, concluye CooperAcción.

 

– Enfrentamientos entre comuneros de Pumamarca por terrenos en disputa con Las Bambas

En horas de la mañana del 16 de diciembre, un contingente de la Policía Nacional (PNP) procedió a desalojar a un grupo de  comuneros de Pumamarca, del sector Sallawi, en la provincia apurimeña de Cotabambas. Los comuneros habían ocupado unos terrenos que se encuentran en disputa judicial con la empresa minera MMG Las Bambas.

Los comuneros se enfrentaron a los efectivos de la policía, lo que dejó un saldo de varios heridos y 5 detenidos. La polocía intentó desalojar a los manifestantes usando bombas lacrimógenas para dispersar a los comuneros que habían ingresado a las instalaciones y que incendiaron la garita de control que se ubica en este sector.

La comunidad se halla en un proceso judicial con la empresa minera desde el año 2011 y exigen la devolución de sus terrenos o el pago por la compra de las mil hectáreas. En tanto, Las Bambas argumenta que la compra de esos terrenos fue realizada de forma legal a anteriores dirigentes de la comunidad.

Este conflicto se suma a la situación de tensión social que se vive en todo el denominado corredor minero del sur andino, que como se sabe ha estado bloqueado en la zona de Chumbivilcas, Cusco.

 

– Se presentó reporte semestral de conflictos mineros del 2021

Al cierre del segundo semestre del año, el número de conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el país mostró una moderada tendencia de incremento y se ubicó muy por debajo de los picos de conflictividad registrados en años como el 2009 y el 2014.

Así lo revela el 29° reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides y que fue presentado el 14 de diciembre pasado en una conferencia de prensa.

De estos 198 conflictos, 142 se categorizan como activos y siete de ellos han sido registrados como casos nuevos. Ana Leyva, abogada de CooperAcción, explicó que dichos conflictos se registran en zonas donde el actual Gobierno tuvo un alto respaldo electoral. “Los picos de conflictividad, durante los Gobiernos de los ex presidentes Ollanta Humala y Alan García, no se han vuelto a manifestar. Existe una tendencia de crecimiento, pero moderada”, comentó.

Leyva también comentó que, en su mayoría, estos conflictos son de convivencia más que de oposición a las empresas mineras. Asimismo, se encuentran más ubicados en las regiones de la macronorte y macrosur. Sin embargo, es en esta última macrorregión donde los conflictos son de mayor intensidad.

“En la macronorte y macrocentro los conflictos son de baja intensidad frente a la macrosur. En esta zona hay una mayor necesidad de darle atención desde la agenda pública. Sin embargo, en todas las zonas encontramos conflictos de larga data, que tienen años sin resolverse pese a tener mesas de diálogo”, aseveró Leyva. Agregó que resulta necesario mejorar la institucionalidad de estos mecanismos para lograr soluciones.

Leyva se refirió al caso de la minera MMG Las Bambas, empresa de capitales chinos, que anunció la paralización temporal de su producción por las protestas y continuos cortes de la carretera en las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas. “El conflicto empieza cuando se hacen las modificaciones del EIA (estudio de impacto ambiental) y se cambia el mineroducto, que era un medio de transporte de alta tecnología, por una carretera que no reunía las condiciones mínimas”, explicó.

Por su parte Giselle Huamaní, secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien participó en la mesa de presentación, señaló que “el manejo de los conflictos y los acuerdos a los que se llegan debe ser una tarea de todos los actores y de todos los niveles de Gobierno. Es un trabajo delicado, crear buena voluntad, animar y promover a la gente de que a pesar de las dificultades que hemos mencionado, podamos seguir apostando por el diálogo”, señaló.

Desde el sector público, Huamaní aclaró que el enfoque del actual Gobierno es el de estar presente con la población y fomentar el diálogo sin utilizar la represión. “Hay una variable más importante que la debilidad institucional y son las expectativas y la insuficiente comunicación del sector público. Coincidimos en varias de estas causas, pero también hay otra variable que es el enfoque de las instituciones para atender los conflictos. Con un gobierno represivo, se polariza aún más la conflictividad”, agregó.

A su turno, David Velazco, director de Fedepaz, recordó que en los últimos años se ha priorizado las soluciones de fuerza, así como la criminalización de la protesta mediante el derecho penal para abrir procesos a miembros de las comunidades.

“Aún no hay una clara política para abordar la problemática de criminalización de la protesta social. No observamos voluntad del Ejecutivo, ni del Ministerio Público. A fines de octubre, en la localidad de Huarmey, durante las protestas de los campesinos contra un proyecto minero, se le abrió proceso a 58 personas que reclamaban contra la contaminación. Es más, se ordenó la prisión preventiva de seis personas que pasaron detenidas casi un mes”, explicó.

Finalmente, Mirtha Villanueva, de Grufides, denunció los impactos que tiene la minería artesanal e informal en regiones como Cajamarca. “La ley les permite que se inscriban y manifiesten que están en proceso de formalización para que sigan haciendo lo que quieren. Un defensor fue ante las autoridades con una botella de agua anaranjada a reclamar por la salud de su familia y de sus cultivos; denunciando la actividad minera informal y fue reprimido. Los pueblos del Perú  estamos sufriendo sobre este modelo perverso”, remarcó.

Puede revisar el video de la presentación oficial del reciente reporte en el siguiente enlace: https://bit.ly/3DUFFTG

El reporte completo se puede descargar de: https://bit.ly/3yqkNm8

 

-Estado asume costos por riesgo de contaminación causado por empresa minera

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfirió 21 millones de soles a Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) para financiar acciones de mitigación que eviten que la unidad minera Florencia-Tucari contamine el agua de las quebradas Apostoloni y Margaratini. La referida unidad minera está localizada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, y su titular es la empresa Aruntani S. A. C.

El Minem hizo pública la transferencia a través de la Resolución Ministerial N°.0438-2021-MINEM/DM, de fecha 7 de diciembre. Cabe resaltar que en mayo de este año, el distrito de Carumas fue declarado en estado de emergencia debido al peligro inminente de contaminación del agua. Esto se hizo con la finalidad de implementar medidas y acciones para la reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

También en mayo, el Minem informó que estaba realizando las gestiones para ejecutar el proyecto de cierre integral de la unidad minera Florencia-Tucari. El ministerio tuvo que asumir esa responsabilidad, porque Aruntani S. A. C. incumplió su plan de cierre de minas, que fue declarado oficialmente mediante la Resolución Directoral n.º 166-2019-MINEM/DGM.

“Lamentamos que por el incumplimiento de Aruntani S. A. C., el Estado tenga que utilizar el dinero de todos los peruanos para evitar que surjan daños ambientales que deberían ser prevenidos por la empresa”, señaló la especialista legal de CooperAcción, Gretta Zegarra.

 

-Policía desbloqueó carretera que obstaculizaba acceso a la mina Cerro Lindo

Después de una semana de paralización de la vía que conduce al distrito de Chavín, en la provincia de Chincha en la región de Ica, más de 200 agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional despejaron la vía e intervinieron a 7 manifestantes llevándolos a la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo en Chincha, el 15 de diciembre pasado.

La manifestación de un sector de la comunidad de Chavín supuestamente se habría debido al incumplimiento de compromisos por parte de la empresa minera Nexa Resources que opera el proyecto minero Cerro Lino. Denuncian que los relaves mineros que están frente a sus casas vienen contaminando sus aguas y tierras. “Cuando llueve esos relaves discurren a nuestros ríos”, señaló hace 4 días una de las comuneras cuando representantes de la PCM y el Minem acudieron a la zona, pudiendo presenciar los relaves mineros.

También señalan que la empresa minera no contrata mayores servicios que puede brindar la empresa comunal, como el traslado de los minerales y contrata servicios a empresas externas, no aportando de esta manera a la comunidad.

En imágenes propaladas por Chincha Rec se observa cómo llegaron las personas intervenidas por la PNP a la comisaría de Pueblo Nuevo en Chincha. Uno de los dirigentes principales de la protesta, el profesor Mario Guerra, lucía con la ropa polvorienta. Las mujeres intervenidas, entre ellas una mujer anciana, señalaron que los policías habían golpeado al profesor.

El abogado del profesor Mario Guerra señaló que por ahora estaban en calidad de intervenidos en la comisaría y que serían llevados al Departamento de Investigación Criminal de Chincha. “Ahí se les va a calificar de los delitos. Ha estado presente un fiscal en la intervención a los comuneros. La PNP ha hecho un acta de intervención. Esperamos que al no haber ninguna prueba flagrante los liberen rápidamente. Precisó que las personas intervenidas tienen que pasar por médico legista.

Durante la semana de protesta, Raúl Vilcamiza, presidente de la comunidad de Chavín, estuvo brindando declaraciones a los medios de comunicación señalando que la protesta estaba siendo impulsada por un grupo particular que no representaba a la comunidad. Además señaló que tenían buen diálogo con la empresa minera.

Otro de los comuneros protestantes señaló: “queremos que se abra la mesa de diálogo, que se mejoren las condiciones de vida. En Chavín las personas duermen y cocinan en el suelo, sus casas son de piedra, mientras vemos como los camiones pasan todos los días con los minerales”. Precisó además que la protesta se ha dado de manera autoconvocada.

Otra representante de la comunidad señaló: “No tenemos agua para consumo humano, nuestros animales mueren. En la época de llovizna los relaves discurren por el río y nadie dice nada. Vivimos en zona de influencia directa. Nuestra área de pastoreo está contaminada igual que el agua (con información de Red Muqui.)

 

 – Tribunal ordenó liberar a detenidos por protestas contra Antamina

En horas de la tarde del martes 7 de diciembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chimbote revocó la prisión preventiva y ordenó la liberación inmediata de los cinco pobladores de Huarmey detenidos hace un mes, tras las protestas ocurridas el 1 de noviembre en dicho puerto.

Angelo Andree Vilchez Cerna, Luis Rufino Guerrero Virhues, Rufino Juan Tarazona Vega, Adolfo Moreno Rojas y Jehiel Moreno Alejo habían sido detenidos y trasladados a prisión, acusados por el Ministerio Público de haber cometido delitos de violencia contra la autoridad, al oponerse al desarrollo de las funciones de los miembros de la Policía Nacional.

En conversación con Red Muqui, el abogado defensor de los pobladores, Dr. Rommel Colonia Quispe, desestimó esas acusaciones que calificó de injustas y explicó que el tribunal consideró que no había suficiencia de pruebas contra los acusados, por lo que ordenó su liberación contra el pago de una fianza de 1000 soles y la orden de comparecencias mensuales ante las autoridades.

Para el señor Colonia, los hechos se desataron cuando la policía disparó  bombas lacrimógenas contra varios centenares de manifestantes que protestaban contra la contaminación causada por la minera Antamina en el puerto de Huarmey. La policía aprovechó el pánico de la gente por los efectos de los gases y detuvo a las personas que no lograron huir del lugar y contra quienes posteriormente formularon las acusaciones señaladas.

La acción penal es interpretada por el abogado de Red Muqui, Rodrigo Lauracio más como una acción de amedrentamiento a través de las herramientas penales antes que la persecución de eventuales desmanes ocurridos durante las protestas (con información de Red Muqui).

 

-Se firma Decreto Supremo para atención a afectados por metales tóxicos

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, firmó el Decreto Supremo que aprueba el Plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Además, por primera vez, la Ley de Presupuesto Nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Además, gracias a la propuesta planteada por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas, que solicitó al MEF y PCM que el Presupuesto 2022 incluya este tema.

Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022, se dispone S/. 10´682.505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados. Adicionalmente se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín).

Finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado (con información de Red Muqui).

 

– Petitorios mineros crecen

Entre enero y la primera quincena de diciembre 2021 se solicitaron 5,812 en total petitorios mineros, cifra superior al total del 2020. El buen ciclo de precios de los minerales, que aumenta el interés de los inversionistas por identificar nuevos proyectos mineros en zonas colindantes a yacimientos que están en fase de exploración o explotación; así como el término del proceso de la formalización minera, son los factores principales que explican el buen dinamismo de los petitorios este año. Así lo refirió Henry Luna, director de Catastro del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Un último factor que incidió en los resultados fue la liberación de una zona de litio en Puno, que generó un gran número de solicitudes que aún están en evaluación debido a que es de libre denunciabilidad por lo que será necesario realizar un remate.

Son las regiones de Puno -justamente por el litio-, Arequipa y Cusco las que concentran el mayor número de solicitudes de concesión minera, con 678, 674 y 525 petitorios respectivamente, que se presentaron entre la sede central del Ingemmet y órganos desconcentrados a nivel nacional.

Le sigue Áncash, Lima, La Libertad, Ayacucho y Huánuco. En suma, los petitorios en lo que va del año comprenden más de 2,345 millones de hectáreas.

Cabe indicar que de los 5,812 petitorios, 1,186 solicitudes corresponden a los presentados por la pequeña minería y minería artesanal, principalmente de las regiones de Puno (153 solicitudes), La Libertad (126) y Arequipa (117). (Con información de https://camiper.com/)