¿Qué implica el anuncio de Las Bambas?

La empresa minera MMG Las Bambas anunció que a mediados de diciembre podría detener su producción a causa de los continuos bloqueos de la carretera por las protestas de las comunidades locales. La empresa, que opera en la provincia de Cotabambas (Apurímac), señala que desde el 2016 ha perdido 400 días de transporte por situaciones de este tipo, y pide que el Gobierno financie la construcción de una vía férrea para solucionar los problemas relacionados al transporte de mineral, uno de los motivos principales de las protestas.

¿Qué implica este anuncio? Una eventual paralización o reducción de la producción minera perjudica, por supuesto, al Gobierno, que percibiría menos recursos provenientes de los impuestos este año. Esto ocurre poco tiempo antes de que la empresa empiece a pagar impuesto a la renta y por consiguiente el Estado empiece a transferir canon, lo que fue uno de los principales anuncios realizados recientemente por la presidenta del Consejo de Ministros.

Ahora bien, la principal perjudicada con esta situación es, en realidad, la empresa minera que, al paralizar su producción, verá reducidas sus ganancias, más aún en un momento en el que el precio del cobre está por las nubes. La empresa debería ser la primera interesada en poner de su parte para resolver esta situación. Como lo han reconocido los ejecutivos de MMG Las Bambas en entrevista con la agencia Reuters, la actual forma de transportar el mineral por carretera “no es sostenible en el futuro”.

La empresa quiere que el Gobierno asuma la responsabilidad de pavimentar la carretera en el mediano plazo, para reducir los impactos relacionados con el polvo y las vibraciones, y de construir una vía férrea en el largo plazo como solución definitiva. Sin embargo, ¿de quién debe ser la responsabilidad de asumir estos costos? La utilización de una ruta Cotabambas – Chumbivilcas – Espinar para transportar el mineral es producto de los cambios que la empresa solicitó en sus estudios ambientales luego de descartar el proyecto inicial de un mineroducto (como lo explica Ana Leyva en este informe legal). La carretera como tal no existía y se trazó de manera improvisada, utilizando caminos rurales, distritales y comunales, pasando en más de un caso por encima de predios propiedad de las comunidades. ¿Por qué el Estado debería ser el único responsable de dar solución a este entuerto? El OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) ya determinó, mediante la Resolución 224-2020-TFA, que la empresa está obligada a modificar su estudio de impacto ambiental para hacerse responsable de “implementar soluciones técnicas y ambientales para la vía”, dados los comprobados impactos del transporte minero en la calidad del aire y el ruido.

Pero el problema en Las Bambas no es solo la carretera. Las exigencias de las comunidades ubicadas a lo largo de este corredor vial también son económicas: piden ser consideradas área de influencia para verse beneficiadas con las compensaciones y acciones de responsabilidad social de la empresa, así como ser proveedoras de bienes y servicios. Los desacuerdos en este punto son el motivo de la más reciente ruptura del diálogo (ver nota del Observatorio de Conflictos Mineros: “Comunidades continuarán protestas hasta que empresa MMG Las Bambas mejore sus propuestas”). Estas demandas muestran uno de los puntos débiles de la promesa del desarrollo minero: la población siente los impactos ambientales pero no los beneficios económicos directos, y no existen mecanismos legales adecuados para asegurar que la inversión minera se encadene con la economía local.

3 de diciembre del 2021