BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – AGOSTO 2021)

1. ¿Jornadas laborales más largas en el sector minero?

El Tribunal de Fiscalización Laboral estableció a principios de mes, que los trabajadores mineros pueden trabajar más horas de las que habían sido establecidas como máximas por el Tribunal Constitucional.

Este es todo un tema de preocupación para los trabajadores mineros que, a través de su Federación Nacional, han señalado de manera reiterada su malestar por la extensión de las jornadas de trabajo, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Como se sabe, en el sector se implementan desde la década del 90 del siglo pasado las denominadas jornadas atípicas que, hasta antes de la pandemia,tenían como máximo 21 días de trabajo continuo y entre 5 o 7 días de descanso.

En una carta enviada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) al ministro de trabajo el pasado 10 de agosto, entre sus principales puntos, demandaron que se respete el derecho a las jornadas laborales máximas. Según señalan, por interpretación del Tribunal Constitucional en el Exp. 4635-2004-AA/TC la jornada máxima acumulativa se tomaba un periodo de 3 semanas, respetando las 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pero según la FNTMMSP, el tribunal de Sunafil pretende desconocer esto y reconocerle a los empleadores jornadas de más de 3 semanas o 21 días, lo que para la federación resulta inadmisible.

Lo cierto es que en medio de la pandemia las jornadas se extendieron hasta llegar en algunos casos, según denuncias de varios sindicatos, hasta 40 días o más de trabajo continuo. La justificación de las empresas y las autoridades era que de esa manera se reducían los riesgos de contagio por el menor desplazamiento o viajes de los trabajadores a los lugares donde viven (principalmente ciudades) con sus familias.

Sin embargo, durante los momentos más críticos de la pandemia (primera y segunda ola), las denuncias sobre el incremento de casos de contagio dentro de las labores mineras y las permanentes flexibilizaciones de los protocolos de seguridad no dejaron de aumentar. No hay una evaluación global de cómo operaron los protocolos y las políticas de seguridad en el sector minero en tiempos de pandemia.

Todo indica que la intención es que este tipo de jornadas extendidas se mantengan hasta nuevo aviso, corriendo el peligro que se vuelvan permanentes. Habrá que ver qué dicen los sindicatos y la propia Sunafil. Cabe recordar que hace muy poco la Sunafil emitió un comunicado señalando su oposición a la extensión de las jornadas atípicas.

2.- Cusco: Inicia proceso de diálogo entre comunidades, gobierno y empresa minera Las Bambas

El sábado 21 de agosto se desarrolló una reunión preparatoria entre las comunidades originarias de la provincia cusqueña de Chumbivilcas y una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este espacio de diálogo previo se realizó en Cancahuani, del distrito de Capacmarca. Como se recuerda, las comunidades han realizado permanentes protestas en contra de los incumplimientos de la empresa minera MMG Las Bambas.

La visita de Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, se tenía prevista, según anuncio de los funcionarios de la PCM, el 28 de agosto, mientras tanto la reunión previa sirvió para conformar cuatro comisiones. El primer Subgrupo se dedicará a analizar la nulidad de la RM 372-2018-MTC. Este grupo de trabajo es uno de los más importantes, porque ha sido la causa de las movilizaciones de los últimos años en el corredor minero del sur, puesto que el Gobierno autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin ninguna consulta previa.

El segundo subgrupo se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las comunidades. El subgrupo número tres será el responsable de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la  empresa minera MMG Las Bambas. Finalmente, el subgrupo número cuatro será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos en contexto de conflictos sociales.

Cabe señalar que los subgrupos estarán conformados por representantes de las comunidades, la empresa minera Las Bambas, del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Justicia y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas habían reiniciado el 16 de agosto el bloqueo del corredor minero del sur debido a que no se habían estado cumpliendo los acuerdos con el gobierno del pasado 2 de agosto. Cabe recordar que las comunidades estuvieron en protesta desde el 23 de julio en demanda de pagos justos por el uso de sus tierras comunales para el transporte de minerales por parte de la empresa minera MMG Las Bambas, así como otros puntos de su plataforma.

Las comunidades suspendieron la tregua de 60 días que habían acordado tras la visita del primer ministro Guido Bellido a inicios de agosto. El bloqueo fue retomado en la comunidad campesina de Huaylla Huaylla, del distrito de Velille, porque la mesa de diálogo no se instaló el 11 de agosto como lo solicitaron los dirigentes, y porque la minera MMG Las Bambas no asistió a la reunión convocada.

Las comunidades tienen una plataforma de lucha de seis puntos. Destacan la anulación de la Resolución Ministerial 372 del MTC, que reclasificó vías comunales a vía nacional sin consultar a las comunidades ni haber realizado el saneamiento físico legal de los predios; y el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales (pues denuncian que el transporte pesado de la empresa causa polvaredas que perjudican su salud). Asimismo, el pago de los derechos de servidumbre minera. En esa línea, las comunidades demandan ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera, así como ser consideradas como área de influencia directa ambiental y social de la mina Las Bambas, y que el Estado no criminalice la protesta social.

Esperamos que este dialogo lleve a un cronograma y medidas efectivas, que han sido largamente esperadas por las comunidades campesinas de la zona.

3. Dirigentes de Espinar dialogaron con el gobierno sobre agenda socioambiental

En el marco de la suspensión del levantamiento de las comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar y por gestiones del propio gobierno, un grupo de dirigentes comunales llegaron a Lima el 20 de agosto para reunirse con la Presidencia del Consejo de Ministros y otros sectores del Gobierno.

Se trata de los directivos de las comunidades de Tintaya Marquiri, Huancané Bajo, Alto Huancané, Alto Huarca, Anta Collana, Cala Cala, Huano Huano, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa y Suero y Cama.

En redes sociales anunciaron que durante la reunión exigirían el respeto de sus derechos y la atención de la problemática socio ambiental que les afecta, a consecuencia de las operaciones mineras que se desarrollan en sus territorios. Señalaron que los temas a tratar serán los siguientes: 1.Que se cumpla con implementar un verdadero proceso de consulta previa respecto al proyecto minero Antapacay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco. 2. Que el Estado cumpla con implementar el Fondo de Emergencia Social.  3. Que se cumpla con implementar el Plan de Reparaciones por los daños causados en nuestros territorios, producto de las operaciones mineras. 4. Que se ponga en marcha un programa de reactivación económica en beneficio de las comunidades. 5. Creación de canon comunal para garantizar que esos recursos lleguen a las comunidades.

Las comunidades han solicitado que en la reunión, además de la PCM, participen todos los ministerios y sectores del Estado competentes en la atención de sus demandas.

Hay que recordar que el pasado 9 de agosto las Comunidades Originarias de Espinar, afectadas por los proyectos mineros Antapaccay y Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, habían comunicado que retomarían el levantamiento como medida de lucha ante la desatención de sus reclamos.

Los dirigentes destacaron que es momento de encontrar una solución a la problemática socio ambiental que les afecta. Asimismo recordaron que su situación fue oportunamente comunicada a las autoridades nacionales, desde el primer día que se conociera los resultados electorales que dieron a Pedro Castillo como ganador, a la espera de que con el cambio de gobierno se adopten las medidas necesarias para atender sus demandas y que se cumpla con implementar los compromisos asumidos por los gobiernos pasados.

Las comunidades del Corredor minero del sur tienen muchas expectativas de atención y solución a sus demandas de parte del nuevo gobierno, cuyos representantes han tenido un discurso y gestos de acercamiento a las comunidades. Esperemos que esos mensajes se concreticen en reuniones de trabajo, así como un proceso serio de atención y acciones concretas en bien de los pueblos.

4. Tía María: idas y venidas sobre supuesto viaje de ministros al Valle de Tambo

El pasado 03 de agosto, diversos medios de comunicación difundieron la noticia de que el premier Guido Bellido e Iván Merino, ministro de Energía y Minas, viajarían el jueves 5 de agosto al Valle de Tambo, en Arequipa, para conversar con dirigentes y agricultores sobre la improcedencia del proyecto minero Tía María.

Sin embargo, ese día por la noche el primer ministro Guido Bellido señaló en sus redes sociales: “Sobre supuesto viaje al Valle de Tambo Arequipa. En ningún momento la PCM ha recibido invitación alguna para visitar dicha región, por tanto no estaré presente, se tiene otros compromisos en agenda el día jueves 05. Estamos abiertos al diálogo por el Perú”.

El congresista arequipeño por Perú Libre, Jaime Quito había anunciado en días previos la llegada de la comitiva del Ejecutivo para sostener una reunión con dirigentes y agricultores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, sobre el proyecto minero Tía María.

Cabe recordar que durante su campaña, Pedro Castillo señaló que los proyectos mineros Tía María y Conga no se aplicarán en su gobierno y había firmado un compromiso con la población del Valle de Tambo al respecto.

Por su parte el ministro Iván Merino, declaró recientemente para la agencia Reuters, señalando la viabilidad del proyecto minero Tía María en Arequipa, donde la empresa minera Southern Copper invertirá US$1,400 millones.

“Los señores de México tienen yacimientos muy ricos en diferentes partes de Perú, ellos bien saben cuánto tienen en Tía María”, dijo, según la agencia Reuters. “Pero tienes a la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría”, subrayó.

Estas declaraciones ambiguas habrían generado un gran malestar en la población del Valle de Tambo, que demanda una rectificación y respuesta por parte del gobierno de Pedro Castillo.

Hablan las organizaciones sociales

Por su parte Dilvia Gálvez, integrante de la Coordinadora en defensa del Valle de Tambo, desde la ciudad de Arequipa, señaló que esta visita no habría sido una iniciativa del gobierno, sino producto de la presión de los dirigentes del Valle.

“No ha sido una decisión de ellos (el gobierno), si no de la gestión y la presión de los agricultores del Valle de Tambo, debido a que el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, había declarado en el sentido de la alta rentabilidad que tendría este proyecto y Tía María si podía de ir si el Valle le da la licencia.”

En ese sentido Gálvez sostuvo que el pueblo del Valle de Tambo ha pedido que el ministro y el presidente se rectifiquen, recordando que el presidente firmó un compromiso donde se planteaba la cancelación definitiva.

Por su parte en un pronunciamiento conjunto, las organizaciones sociales de Islay han ratificado su rechazo al proyecto minero, así como a las declaraciones del ministro de Energía y Minas de la supuesta viabilidad y rentabilidad del proyecto minero Tía María.

Asimismo recordaron a las 8 personas que han fallecido producto de las jornadas de lucha de la población contra la implementación del referido proyecto. En esa misma línea, demandaron que se desarrolle un Plan para la Zonificación Ecológica, Productiva y Económica de la zona para discutir mejor el modelo de desarrollo del valle.

5. Las Bambas: Gobierno anuncia pago de impuestos

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, realizó la noche del domingo 22 de agosto dos anuncios importantes respecto al pago de impuestos de la empresa minera Las Bambas, que opera en Apurímac. El primero de ellos tiene que ver con el pago, en los próximos 30 días, de unos 690 millones de soles adeudados por la minera de capitales chinos por concepto de IGV de los años 2011 y 2012. El tema está en manos del Tribunal Fiscal, que tiene que resolver y definir el monto exacto a pagar. Pero, según anunció Merino, la empresa le ha comunicado su disposición a pagar en cuanto dicho Tribunal resuelva el tema.

El otro anuncio tiene que ver con el pago del Impuesto a la Renta (IR), el cual se adelantaría para este año. Como se sabe, Las Bambas se encuentra en etapa de producción desde el año 2016, pero hasta la fecha no ha pagado IR y por lo tanto no ha existido canon para la región, puesto que el canon no es otra cosa que el 50% del IR que se destina a la zona de donde se extraen los minerales. En este período de cinco años, la empresa no ha pagado Impuesto a la Renta porque no registra utilidades, pues sus ingresos se registran como recuperación de la inversión inicial realizada en la etapa de construcción.

Merino hizo estos anuncios tras reunirse con representantes de la empresa MMG Las Bambas. En enero de este año, la anterior gestión del MINEM había anunciado que esta empresa pagaría Impuesto a la Renta desde el 2022 y el canon se haría efectivo el 2023.

Cabe recordar que una investigación previa de CooperAcción estimó que el inicio del pago de Impuesto a la Renta por parte de Las Bambas se realizaría en 2021, dependiendo de distintas variables, entre ellas el precio del cobre (que en este último año ha sido particularmente alto). Además, la investigación señalaba que el hecho de que la empresa no pague IR durante años, pese a ya estar produciendo y generando impactos en el entorno de las comunidades, es una fuente de conflictos, puesto que la población local percibe los impactos negativos pero no los beneficios. Es por ello que se proponía revisar algunos beneficios tributarios que alargan este período de no-pago, como la depreciación acelerada.

Estos anuncios del ministro Merino se suman a otros dos pagos millonarios realizados por empresas mineras en las últimas semanas: el pago de una deuda de Buenaventura por S/ 2 134 millones, y el de Cerro Verde por S/ 513 millones. Sin embargo cabe indicar que dichos pagos fueron realizados luego de que una sentencia del Tribunal Constitucional rechazara la prescripción de esas deudas. Aún así, se supo que han sido pagos bajo protesto, lo que significa que las empresas aún aspiran a que los tribunales les den la razón, lo que implicaría la devolución de lo pagado por parte del Estado.

6. Poder Judicial ordena que el MINSA informe de avances del plan de atención para Espinar

En la audiencia de ejecución de la sentencia que ordena al Ministerio de Salud que elabore un plan de acción para atender a las comunidades afectadas por metales tóxicos en la provincia cusqueña de Espinar, realizada el 19 de agosto, el juez Hugo Guevara Flores dio un plazo de diez días calendario para que los funcionarios del MINSA remitan un informe que incluya la fecha de elaboración del plan y de avances de su implementación, pues nunca remitieron el plan elaborado ni al Juez ni a los demandantes, teniendo en cuenta que la sentencia se confirmó en enero de 2021, y solo tenían un plazo de 90 días para su ejecución.

Durante la sesión, los demandantes (comuneros afectados y dirigentes sociales) dieron a conocer que, hasta la fecha y tras ocho meses después, no se les ha notificado el Plan de Acción elaborado por la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Cusco y que no han recibido atención de salud en este año.

“Nosotros no tenemos ni una visita en las comunidades […] Nosotros no tenemos ni agua […] Nosotros vemos a nuestros animales con malformaciones. Le pido justicia, le pido por los niños, por las mujeres gestantes”, señaló textualmente ante el juez, Melchora Surco, Representante de Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI)».

Otra organización demandante es el Comité de usuarios de agua Quetara, que en la audiencia estuvo representado por Rice Ccorahua, quien también fue presidente de la comunidad Huisa.  “Estamos permitiendo que las personas de las comunidades mueran sin atención de salud. […] Emplazo al gobierno local y regional a implementar planes inmediatos”, exhortó Ccorahua ante los participantes.

De igual forma participaron especialistas técnicos, como Ana Leyva de CooperAcción, Maritza Quispe de IDL y Karem Luque de Derechos Humanos sin Fronteras, quienes reforzaron el testimonio de los afectados, señalando que “hasta el momento hay personas con más de un metal en el cuerpo” y que la “GERESA pretende repetir las acciones como campañas de atención que no son suficientes para la atención adecuada de los espinarenses afectados”.

En la audiencia también estuvo presente Hugo Villa, médico especialista en toxicología, quien recalcó la importancia de apostar por identificar cuál es la fuente de la contaminación de los territorios en Espinar.  “Cuando se atiende un problema de salud se debe identificar la causa […] Si no se va a la fuente de contaminación, la gente se sigue enfermando, se siguen muriendo”, señaló.

Por otro lado, diferentes representantes de la GERESA y el MINSA argumentaron que vienen implementando un Plan de Acción 2021-2023; sin embargo, el inicio de estas actividades tampoco ha sido socializado con los demandantes en el marco del cumplimiento de la sentencia.

Las comunidades demandantes indicaron que requieren atención de calidad a través de un Plan participativo y multisectorial, que tenga un particular énfasis en la provisión de agua de calidad para sus comunidades y la provincia de Espinar en su conjunto.

Después que se cumpla el plazo de diez días, que se vence el 01 de setiembre, el Juez Hugo Guevara evaluará los avances y decidirá una nueva fecha de audiencia.

7. Amplían plazo para la formalización de la pequeña minería

El Ministerio de Energía y Minas estableció un nuevo plazo para la formalización minera. Según una nota de prensa del gobierno, esto servirá para el cumplimiento de requisitos y condiciones de permanencia por parte de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Mediante Decreto Supremo n.°022-2021-EM, publicado en la edición extraordinaria de las normas legales del diario oficial El Peruano, está dispuesto que “la presentación del aspecto preventivo del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) ante la Dirección Regional de Energía y Minas competente, o quien haga sus veces, rige hasta el 31 de diciembre del 2021, respecto de cada una de las actividades mineras inscritas en el REINFO”.

Asimismo, la declaración de producción minera correspondiente al primer semestre del 2021, debe realizarse hasta el 31 de diciembre de 2021, respecto de cada una de las actividades mineras inscritas en el Reinfo, a través de la extranet del Minem. Con ello, el Minem fijó un nuevo plazo para la formalización minera.

Para Julia Cuadros, especialista en temas mineros y directora de CooperAcción, esta norma es negativa para la regulación de la pequeña minería en el país.

“Nos parece muy mal que vuelva abrirse el registro integral de formalización minera, porque hasta ahora no han podido cumplir con los que estaban registrados anteriormente, y esto porque no se han resuelto los problemas estructurales de la minería a pequeña escala, informal, artesanal” puntualizó Cuadros.

La especialista consideró que el primer paso es que el titular de la concesión minera donde opera el minero informal, les tiene que dar un permiso de operación donde se ubiquen los mineros informales.

“Muchos creen que inscribiéndose en el REINFO ya está resuelto el tema. Es más sencillo que un minero se formalice por la ley general que por esta ley de pequeña minería, porque no están resueltos los problemas de fondo. Hay un cuello de botella en el tema de los permisos de los titulares de las concesiones tiene que hacer. Abrir el REINFO es extender la informalidad hasta diciembre” sentenció Cuadros.

Asimismo señaló que no se puede hacer minería en la zona amazónica, porque la depredación del bosque y la contaminación de los ríos es alta, no solo por el uso de químicos si no por el propio hecho de cambiar la morfología del bosque y afectar a la fauna y flora de la zona. Al explotar el oro aluvial se mueven los sedimentos, lo que afecta a los animales y a las poblaciones indígenas.

Por otro lado, la minería de socavón o a cielo abierto en pequeña escala debe pasar por analizar si tienen una evaluación de impacto ambiental, sobre todo sobre los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.

Queda por ver cuál será la política del nuevo gobierno en este tema, recordando que el plan de gobierno de Perú Libre señalaba que buscaba formalizar la “mal llamada minería ilegal”, confundiendo la minería informal con la ilegal, que es una actividad criminal depredadora de la naturaleza. Asimismo debemos señalar que muchos de los casos recientes de conflictos en los territorios y amenazas a defensores indígenas tienen que ver con la expansión de la minería ilegal, como son los caso de Amazonas y de Madre de Dios.

8. Amazonas: defensores ambientales siguen siendo amenazados por mineros ilegales en El Cenepa

Nuevas amenazas contra defensores ambientales se registraron en El Cenepa. Recientemente, el líder indígena awajún Isaías Mayán, vice presidente de la Federación Indígenas Awajún del Alto Comainas y Sawientsa (FIACSA), denunció ser víctima de constantes amenazas por parte de mineros ilegales en Amazonas. 

El líder awajún se acercó el lunes 03 de agosto a la Subprefectura de Santa María de Nieva para denunciar las amenazas que viene recibiendo por parte del minero ilegal identificado como Pedro Sejekam Sejekam, y pedir garantías de vida, pero al no ser el lugar donde ocurrieron los hechos, la denuncia no procedió.

Sin embargo, el defensor ambiental al encontrarse en una situación de vulnerabilidad, y amparado en el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, logró la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Chachapoyas. De esta manera se pudo realizar la denuncia contra el minero ilegal.

En la denuncia presentada por el líder awajún se conoció que viene siendo amenazado por este minero ilegal desde junio de 2020. Asimismo, en diciembre de ese año, Sejekam Sejekam acudió hasta la oficina de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) con la intención de asesinarlo.

En mayo de 2021 volvió a amenazarlo de muerte. El último hecho se produjo el 11 de julio cuando una persona no identificada ingresó a la oficina de Odecofroc, pero al verse descubierta, escapó. Por esas razones, Isaías Mayán pide que se le otorguen de manera urgente garantías para su vida.

Se conoció también que el minero ilegal Pedro Sejekam asumió el cargo de vicepresidente de rondas distritales en El Cenepa; pese a tener denuncias en su contra por violencia de género, entre otras.

En tanto, el último miércoles 04 de agosto, el Ministerio de Justicia señaló que se contactó con el defensor ambiental Isaías Mayán para iniciar las coordinaciones con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Cultura en el marco del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. De esta forma esperan brindar una respuesta conjunta a la problemática de minería ilegal que continúa creciendo en El Cenepa.

Es preciso recordar, que los defensores ambientales Augostina Mayán, Zebelio Kayap y el presidente de Odecofroc, Hortez Baitug, recibieron garantías personales a inicios de año, luego de denunciar en reiteradas ocasiones las amenazas que reciben por parte de mineros ilegales por proteger sus territorios de esta actividad ilícita.

Existe una solicitud de interdicción contra la minería ilegal en la zona de El Cenepa, pero debido a la falta de presupuesto y la situación de pandemia, no se ha podido realizar. Es por ello que los líderes awajún de la zona exigen pronta y urgente atención a sus pedidos.

9. La devastación de la minería ilegal en Brasil y en la región

Las cifras que llegan de Brasil son de espanto. La minería aurífera sigue su avance incontenible en la Amazonía de ese país, poniendo en riesgo reservas indígenas y ambientales. Las exportaciones de oro de Brasil se han incrementado el año pasado, en medio de la pandemia, al mismo tiempo que las hectáreas deforestadas como consecuencia de esta actividad.

La minería ilegal es una de las principales causas de la deforestación de la Amazonía brasileña y solo en el año 2020 se perdieron unos 8.500 kilómetros cuadrados de selva, según cifras oficiales: «en los últimos cinco años la devastación de la Amazonía (brasileña) creció cinco veces solo por cuenta de la actividad minera», aseguró en declaraciones a EFE Larissa Rodrigues, gerente de proyectos del Instituto Escolhas.

Gran parte de este oro ilegal se termina “blanqueando” y exportando a las principales refinerías en el mundo en Europa y Norteamérica. Como ocurre en otros países de la región, las cifras de producción oficial son sustantivamente menores a las cifras exportadas.

Lo cierto es que el descontrol que se vive en la Amazonía brasileña es uno de los principales factores de la devastación de este importante territorio. De acuerdo con últimos reportes oficiales, la minería ilegal provocó el año 2020 la deforestación de unos 8.500 kilómetros cuadrados de selva. En los últimos cinco años la deforestación habría crecido cinco veces solo por cuenta de la actividad minera.

A ello hay que agregarle la violencia permanente que se ha instalado en las zonas donde reina esta actividad y las amenazas que reciben los defensores ambientales, sobre todo los pueblos indígenas. Es el caso de los Yanomani, un grupo de más 35 mil indígenas que viven en la selva amazónica en la frontera entre Brasil y Venezuela.

Otro factor que ha contribuido a esta situación crítica es la política permisiva del gobierno de Bolsonaro que, con un discurso que a los peruanos nos debe resultar familiar, desde los inicios de su administración señaló que las reservas indígenas son demasiado grandes para la cantidad de personas que viven allí y, por lo tanto, representan un obstáculo para el desarrollo.

Cabe señalar que todo lo que viene ocurriendo en la Amazonía brasileña también se presenta en el Perú y no solo en una región como Madre de Dios. La minería ilegal se ha expandido a lo largo y ancho de nuestro territorio y viene penetrando otras regiones amazónicas. Es el caso del departamento de Amazonas, donde mineros ilegales se han instalado y vienen amenazando a los pueblos awajun y wampis, que desde hace tiempo vienen demandando protección a las autoridades.

Por ello genera preocupación la posición que pueda tomar el actual gobierno frente a esta actividad que representa una amenaza real para importantes ecosistemas y para la supervivencia de nuestros pueblos indígenas.