Las Bambas, los conflictos sociales y el gobierno

Un conflicto social ha cobrado una primera víctima fatal a menos de tres meses de haberse iniciado el gobierno de Peruanos por el Kambio. La víctima es  Quintino Cerceda Huisa (42), de la comunidad de Choquecca, del distrito de Chalhuahuacho. El Ministro del Interior ha confirmado que murió como consecuencia de una herida de bala en un enfrentamiento con la Policía Nacional, ocurrido el viernes 14 de octubre.

El comunero Cerceda ha pasado a formar parte de la lamentable estadística de personas fallecidas en los últimos años en medio de conflictos sociales en el país. Ya son 267 muertes y más de 4,500 heridos.

Si alguien se imaginó que con el nuevo gobierno se iba a vivir un escenario de menor tensión y conflictividad, se equivocó. En anteriores editoriales habíamos advertido que este gobierno carecía de una estrategia en materia de conflictividad social y que en los dos primeros meses prácticamente no se hizo nada. Lo único que se anunció era que se priorizaría el famoso adelanto social para que así las poblaciones vean los beneficios que generan los proyectos de inversión.

Priorizar el adelanto social, como el elemento determinante, que supuestamente permitiría que las poblaciones acepten las inversiones, sobre todo mineras, es una clara muestra de las tremendas limitaciones de la visión del gobierno.

Lo cierto es que en estos meses las poblaciones han seguido viendo a los mismos funcionarios desgastados del régimen anterior en los también desgastados procesos de diálogo.

Recién el 1 de octubre se nombró como jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) a Rolando Luque, un destacado funcionario que durante años se había desempeñado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en su primera salida para abordar el conflicto de Saramurilla, tras un derrame de petróleo, el flamante jefe de la ONDS tuvo que lidiar con la incompetencia e improvisación de un asesor presidencial, que finalmente fue expulsado por las propias comunidades de la mesa.

La situación en Las Bambas es extremadamente crítica.  Como se sabe, luego del estallido social de septiembre de 2015, recién se instaló una mesa de diálogo cinco meses después (febrero 2016). Ya ha transcurrido más de un año y la población no percibe avances: la agenda pendiente comprende temas ambientales, demandas sociales, pésimos acuerdos de compras de tierras que deben ser solucionados, el complejo tema de la carretera, el tránsito pesado, entre otros.

Hay que reconocer en este caso que las demandas son diversas y los actores locales presentan varios frentes de negoción. Unos han optado por sentarse en la mesa de diálogo (que tuvo una última sesión el pasado 6 de octubre) y otros buscan establecer canales de negociación directos.

Se necesita un mayor esfuerzo de todos los actores para restablecer condiciones mínimas y así bajar tensiones en Cotabambas. El malestar es enorme en la zona y las comunidades anuncian el inicio de un paro provincial.

En este marco, es inaceptable y un pésimo mensaje que la Policía Nacional destacada en la zona siga operando, teniendo como base principal el campamento de la empresa minera, como si fuese una policía privada. Aparentemente, el esquema de convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional, que se había visto en Yanacocha, Antamina y Espinar, etc., se  ha vuelto a reproducir en Las Bambas.

No queda otro camino que dejar sin efecto estos convenios para que la Policía Nacional retome su misión de proteger la seguridad de todos y no solo de los que pueden pagar servicios de protección especiales. Solo así las fuerzas policiales podrán comenzar a recuperar la confianza de la población.

El gobierno debería entender que éste es un tema central y no debe dejar pasar más tiempo para tomar iniciativa. Se debe priorizar una acción preventiva, una actuación multisectorial, acercando el Estado a las regiones y sobre todo, recuperar una actuación neutral, incorporando un claro enfoque de derechos y reconociendo que los territorios donde se desarrollan las inversiones no son espacios vacíos. Nuevamente, la anulación de los convenios entre la Policía y las empresas mineras, es un paso indispensable que se debe dar.  

Desde CooperAccion hacemos votos para que cesen las tensiones en la zona y se hagan todos los esfuerzos posibles para que las demandas legítimas de la población sean atendidas. Un objetivo para todo el país debería ser: ni un solo muerto más por conflictos sociales. 

17 de octubre de 2016