Lima sin agua: Desigualdades sociales y amenazas ambientales en el acceso al agua en la capital

Paul E. Maquet

Alrededor de 1 millón 700 mil personas viven sin acceso a la red de agua potable en Lima, y casi 4 millones y medio en todo el Perú.

El Estado está invirtiendo importantes recursos a través del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 para cerrar esta brecha de desarrollo humano. El compromiso oficial ha sido cerrar las brechas de cobertura urbana para este año 2021. ¿Qué tanto se habrá logrado avanzar, en medio de las sucesivas crisis políticas, la pandemia y la crisis económica? Seguramente las cifras oficiales consolidadas para el cierre de año mostrarán que este objetivo aún estará pendiente. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos de agua en Lima, el proyecto Nueva Rinconada que busca beneficiar a más de 200 mil habitantes de Lima Sur, recién ha obtenido su buena pro en abril de este año, justo el año en que culmina el Plan Nacional de Saneamiento.

Sin embargo, además de la inversión en infraestructura necesaria, hay dos aspectos de los que no se habla tanto cuando se trata de agua potable: la desigualdad, y la sostenibilidad. El acceso al agua refleja las desigualdades sociales existentes, y al mismo tiempo está amenazado por diversas actividades que ponen en riesgo el abastecimiento de agua limpia para la capital.

Veamos en primer lugar el tema de las desigualdades. Como es evidente, la brecha de acceso a conexiones de agua segura es sufrida por la población más pobre de la ciudad, aquella que habita en condiciones precarias en los barrios más periféricos, en especial en las laderas de los cerros donde las condiciones físicas hacen que sea especialmente compleja y cara la infraestructura necesaria para extender la red de tuberías. Cualquiera que camine por las partes altas de los asentamientos humanos de Lima un día domingo por la mañana encontrará decenas de pueblos trabajando colectivamente en la construcción de muros de contención y otras habilitaciones necesarias para gestionar los expedientes de los proyectos de agua potable.

Pero el consumo de agua también es claramente desigual incluso en los sectores que ya tienen instalada una conexión domiciliaria a la red de agua. Por ejemplo, en San Isidro, el distrito más acomodado de la capital, el consumo por persona al día es de casi 350 litros (con datos al 2017), mientras que en el otro extremo se encuentran Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, con un consumo en torno a los 70 litros diarios per cápita. Cabe señalar que, según la Organización Mundial de la Salud, el consumo recomendado para un individuo es de unos 100 litros al día, lo que significa que mientras en los sectores más pudientes se consume hasta tres veces más agua de lo necesario, en los distritos populares se consume en promedio menos agua de lo recomendado. Debe existir un conjunto de explicaciones para estas diferencias, pero es imposible no pensar que factores como las piscinas, un mayor tiempo dedicado a la ducha o una mayor cantidad de ropa por lavar (así como la posesión de lavadoras) influyen en ello. Así pues, las brechas en el consumo de agua reflejan las desigualdades sociales.

Una desigualdad que pocas veces se visibiliza es la relacionada al género. Según cifras del INEI, en los hogares sin conexión de agua potable, la responsabilidad de salir del hogar para conseguir este recurso vital recae mayoritariamente en las mujeres. Así, la falta de agua potable en el domicilio implica -por la cultura patriarcal que hace recaer en las mujeres las labores domésticas asociadas al agua, como la cocina, el lavado de la ropa y la limpieza del hogar- un mayor tiempo y esfuerzo dedicado por las mujeres y niñas, en comparación a los varones y los niños. Así pues, el agua también refleja la inequidad de género.

Ahora bien, el otro aspecto clave es el de la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua en Lima. Aproximadamente las tres cuartas partes del agua que se consume en la capital provienen del Rímac, y en especial de las obras de trasvase de las aguas de la vertiente oriental de los Andes que transportan agua hacia la cuenca del río hablador. Las aguas del Rímac están contaminadas por una serie de actividades y factores, incluyendo aguas residuales de los centros poblados, vertimientos de agrotóxicos provenientes de la agricultura, y los vertimientos de la minería, así como los pasivos mineros que se encuentran a lo largo de toda la cuenca. Sedapal se ve obligado a gastar importantes recursos en potabilizar un agua que viene cargada de elementos contaminantes.

Por si fuera poco, la propia infraestructura hídrica construida por el Estado peruano a lo largo de décadas, está en riesgo por un proyecto minero que se ubica precisamente en la zona de Marcapomacocha, donde se encuentra el túnel trasandino Cuevas Milloc. Este túnel es una pieza clave del sistema de abastecimiento de agua potable para Lima, y el Estado ha invertido sucesivamente en su ampliación para garantizar el cierre delas brechas de acceso al agua. Pese a ello, el propio Estado -en una muestra más de su disfuncionalidad e incapacidad de planificación- ha autorizado la construcción del proyecto Minero Ariana, cuyos componentes se superponen al área de bofedales y lagunas que generan el agua que se trasvasa hacia Lima. Más aún: el depósito de relaves de esta mina se encontraría a menos de 200 metros del túnel trasandino, y las condiciones geológicas podrían ocasionar que, ante un eventual movimiento sísmico, la presa colapse y los residuos tóxicos se filtren y contaminen el agua. Así lo sugieren informes técnicos de la propia Sedapal, de la empresa Enel y del perito internacional Steven Emerman en un informe elaborado a solicitud de las instituciones CooperAcción y EarthWorks.

¿Cómo es posible que el propio Estado autorice un proyecto de esta naturaleza, en la misma cabecera de cuenca que abastece de agua a 10 millones de personas en la ciudad capital del país? La ausencia de planificación y ordenamiento territorial, la inexistencia de políticas públicas para la protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas generadores de agua y las debilidades del sistema de evaluación de impactos ambientales son factores que explican esta situación a todas luces absurda. Cabe señalar que la Autoridad Nacional del Agua no se pronunció -en su opinión técnica durante la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- sobre los eventuales impactos del proyecto en el túnel trasandino, y que la empresa de agua de Lima, Sedapal, se pronunció en contra. Así mismo, como la empresa consultora que elaboró el EIA no incluyó a la población de Lima dentro del área de influencia del proyecto, esta no ha podido participar en los mecanismos de participación ciudadana dando su opinión sobre el mismo.

Actualmente, el proyecto Ariana se encuentra detenido gracias a una acción de amparo presentada por un grupo de ciudadanos de Lima con el apoyo legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal. Se espera que la jueza Rocío Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, se pronuncie en cualquier momento, pues ya han tenido lugar hasta tres audiencias donde la empresa, el Estado y los demandantes han presentado sus argumentos.

Hemos querido mostrar en este artículo que las brechas de acceso al agua en Lima, harto conocidas, no pueden ser miradas únicamente como brechas de infraestructura o de inversión, sino que deben ser vistas también a la luz de las desigualdades sociales y de una planificación territorial que garantice la sostenibilidad en el abastecimiento del recurso. La perspectiva social y ambiental no pueden estar ausentes de los esfuerzos del país por lograr el cierre de estas brechas.

Fuente: Revista Intercambio

01 de julio de 2021