BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – NOVIEMBRE 2020)

Las Bambas: comuneros realizan paro por canon

El 21 de noviembre en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), se convocó a un paro indefinido para exigir que la empresa minera Las Bambas cumpla con  el pago del canon minero, Como se sabe, proyectos como Las Bambas no pagan impuesto a la renta mientras recuperan la inversión del proyecto.

Las organizaciones que forman parte del Frente de Defensa recordaron que la empresa Las Bambas inició la explotación de mineral el año 2016, y pese a haber transcurrido casi 5 años, aún no realiza el pago del canon minero: “Maliciosamente vienen postergando desde el 2016 al 2020, luego al 2021, ahora plantean para el 2023. Lo que al final pretenden es no pagar el canon minero por la explotación minera”, explicaron pobladores en un pronunciamiento público del 3 de noviembre de este año.

El ex Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en noviembre del 2019, que el Gobierno buscaría mecanismos para adelantar el pago de canon, a fin de ejecutar obras en la región Apurímac. Pese a ello, no ha habido avances al respecto.

Además, los manifestantes piden que el Estado cumpla con el Decreto Supremo 005PCM-2016, que declara de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. Pobladores de Challhuahuacho se dirigieron al actual presidente, Francisco Sagasti, para que disponga que se resuelva el problema de la zona.

Dos comuneras desaparecidas tras enfrentamientos

El día 16 de noviembre, la comunidad de Huancuire, en el distrito de Coyllurqui, en la región Apurímac, denunció que fueron atacados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sujetos no identificados que serían contratados por MMG Las Bambas, en el sector Apu-Itaña, lugar para el pastoreo de animales, según indicaron.

Las comunidades denuncian que mientras seis comuneros pasteaban sus animales, estos fueron sorprendidos por aproximadamente 30 sujetos vestidos de negro y con cascos blancos. Aseguran que 4 lograron escapar, sin embargo, dos comuneras fueron agredidas y presuntamente secuestradas. Las mujeres fueron identificadas con los nombres de Augostina Pucsaclla Ochoa -quien tiene discapacidad en el brazo- y Sofía Pucsaclla Vargas. Hasta el momento se desconoce su paradero, según la denuncia.

Frente a estos hechos, se siguen generando enfrentamientos que han dejado varios comuneros heridos. Romualdo Ochoa, comunero de Huancuire denuncia que las comunidades viven en medio de un hostigamiento constante por parte de la minera Las Bambas; y que precisamente ahora vienen siendo provocados por los policías contratados por la minera.

El sector Apu-Itaña es una zona en disputa. Según las comunidades, es parte del territorio comunal que no ha sido negociado y que les pertenece; sin embargo según la empresa minera fue adquirido años atrás.

Por su parte MMG Las Bambas denunció que hay dos vehículos quemados y la presunta desaparición de tres efectivos de la PNP que guardaban servicio para la minera. Por su lado, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas, se constituyó hasta el lugar de los hechos para realizar las investigaciones.

Recordemos que aproximadamente hace un mes comuneros de Huancuire denunciaron que MMG Las Bambas contrató civiles para reprimir a comuneros después de la accidentada visita del ex ministro de Energía y Minas Luis Inchaustegui, a la comunidad de Huancuire y el distrito de Tambobamba.

Las comunidades solicitan apoyo y asesoría legal, pues están evaluando interponer una denuncia en la fiscalía.

Se declara desierto proceso de venta de unidad minera Cobriza

A finales de octubre se anunció públicamente que la empresa china Andes Natural Resources Group ganó el proceso de venta directa de la mina de cobre Cobriza, ubicada en la región Huancavelica. Sin embargo, el 16 de noviembre Alta Sierra Asesores y Consultores, el liquidador que la junta de acreedores contrató, anunció a través de un comunicado que el proceso de venta había quedado desierto y convocó a la junta de acreedores para sesionar el 01 y 04 de diciembre.

La venta de Cobriza supuestamente se había cerrado con una propuesta de US$20.1 millones, tras once años de crisis financiera de Doe Run Perú y tras nulos intentos de subasta pública y remates. Sin embargo, Andes Natural Resources Group no cumplió con el cronograma de pagos que debía formalizar la venta.

Por su parte Yanet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, distrito donde se ubica la mina Cobriza, está preocupada por las afectaciones a su comuna por esta situación, pues con los plazos vencidos, una de las opciones es rematar la empresa y sus recursos, afectando derechos laborales de los trabajadores. Meza afirmó que “Las comunidades se han esforzado mucho, tienen un capital; la empresa les debe 3 millones de dólares a las empresas comunales, somos víctimas de contaminación y afectación a la salud. La ley ampara a la empresa exonerándola por más de 24 años de impuestos prediales y alcabala,  ahora enfrentamos la probabilidad de que rematen la empresa”.

La exigencia de las comunidades y autoridades de San Pedro de Coris, es garantizar que la empresa compradora tenga fondos que permitan una sostenibilidad. “Somos un pueblo minero, aceptamos la minería, pero eso no significa que vamos a aceptar a cualquier inversionista que se va aprovechar de la necesidad de la gente, no me parece justo. Las comunidades deberían ser beneficiadas con la minería, pero no es así, 70% de nuestra población no tiene saneamiento básico, no tenemos escuelas, nuestro centro de salud es una casa”, sentenció Meza.

Para la alcaldesa de San Pedro de Coris, es probable que el conflicto social se agudice. Por eso sugiere que intervenga el Congreso de la República, enviando una comisión de fiscalización al proceso de liquidación, que ahora se declara nulo, y garantizar el nuevo que se definirá en los primeros días de diciembre. Para Meza, es la salida más viable para “asegurar que el proceso sea realmente legal, que vengan empresas serias y demostrar que Doe Run y Alta Sierra Asesores y Consultores no están coludidos”.

 

Operadores vinculados a la minería ilegal en el Cerro El Toro serán sancionados

Los propietarios de plantas procesadoras y otras operaciones vinculadas a la actividad ilegal que se desarrolla en el Cerro El Toro, provincia de Huamachuco en La Libertad, serán sancionados. Así lo dio a conocer la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de esa región, que inició Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) contra estas operaciones ilícitas que durante años vienen causando destrucción en el medioambiente y ponen en riesgo la salud de sus trabajadores y de las comunidades de la provincia de Sánchez Carrión.

La institución, a través de las resoluciones N.º 019-2020 GRLL-GGR/GREMH-RFAN y N.º 021-2020 GRLL-GGR/GREMH-RFAN, dispuso medidas contra el líder evangélico, Guzmán Oswaldo Alva Polo, dueño de la planta de Procesamiento de Minerales Auríferos Alva; y contra Jorge Espejo Moreno, gerente de Minerals Doña Julia S.A.C, por presuntamente cometer infracciones a las normas ambientales, seguridad y salud ocupacional.

En ese sentido, el ente regional dispuso otorgar un plazo de 15 días a los investigados. En los documentos, también se indica que se ponga en conocimiento de estas acciones a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de La Libertad, Ministerio del Interior y de la Comisaría de Huamachuco, para que las entidades actúen según las competencias en caso de detectar la actividad de minería ilegal.

Como medida cautelar previa, se ordenó una suspensión inmediata de todas las operaciones mineras que viene realizando Minerals Doña Julia S.A.C hasta que finalice el proceso sancionador en su contra.

Las autoridades constataron “in situ” que, a la fecha, Alva Polo y Espejo Moreno han venido realizando actividades mineras de beneficio de minerales metálicos poniendo en riesgo no solo al medioambiente, sino también a sus trabajadores. Estas observaciones también revelan que la planta del pastor evangélico, que fue excluido del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), no tiene las medidas de seguridad, ni señalización de riesgos. Pero eso no es todo, pues también existe evidencia de derrames de sustancias químicas y residuos sólidos, como los relaves, que no son almacenados en depósitos adecuados. Tampoco cuentan con normas de seguridad para el cuidado del medioambiente, exponiendo así a sus empleados.

En el caso de Minerals Doña Julia S.A.C también se encontró que no cuenta con un sistema adecuado de eliminación de residuos sólidos. Además, los desmontes, aguas ácidas, como el depósito de relaves están expuestos en infraestructuras precarias y no tienen un mínimo cuidado del medioambiente, ni con las señalizaciones correspondientes, por lo que tampoco garantizan la seguridad de sus más de 20 trabajadores, quienes tampoco cuentan con equipos de protección, ni tienen un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

La otra gran alerta, es que esta empresa realiza exploración minera mediante socavón, una práctica muy peligrosa, debido a que en la parte superior se viene realizando la explotación a tajo abierto, generando así la emisión de gases tóxicos producto de las explosiones.

 

Desmienten versión de empresa La Poderosa sobre muerte de trabajadores en una sus minas

Como parte de las investigaciones por la muerte de cuatro jóvenes dentro de un boquerón de la empresa minera ‘La Poderosa’, ubicada en la provincia de Pataz (La Libertad), se difundieron en el programa televisivo ‘Cuarto Poder’, fotos y videos que desmentirían las primeras versiones otorgas por la empresa en mención.

Como se recuerda, a inicios de setiembre del presente año, este caso se hizo público, cuando la Policía Nacional comunicó a los familiares de las víctimas que habían hallado los cuerpos dentro de la mina. Los fallecidos fueron identificados como José Crisologo Cruz (20), Yoner Rubio (32) y dos menores de edad G.A (17) y J.R.B (16). La primera versión que se obtuvo por parte de los funcionarios de empresa La Poderosa, fue que estas personas habían entrado a robar y que al huir habían caído al boquerón.

Sin embargo, esta versión se vuelve cuestionable con la aparición de los videos difundidos, donde se muestra a una persona dando órdenes mientras se oye a otra gritando de dolor dentro de las instalaciones mineras. Además, las familias de las víctimas han presentado como pruebas, uniformes, recibos de pagos de seguros, contratos y certificados de trabajo. También se han mostrado fotos, videos y conversaciones que demuestran que los fallecidos eran trabajadores permanentes en la empresa.

Finalmente, en el reportaje se señala que intentaron contactar a la empresa y obtener su versión, pero ningún funcionario respondió, y solo emitieron un comunicado donde indican que el proceso aún está en investigación.

 

Tensiones entre empresa Gold Fields y comunidad vecina

El día martes 3 de noviembre efectivos de la Policía Nacional y agentes de la empresa minera Gold Fields habrían invadido los predios de la comunidad Pilancones, en el Tingo, provincia de Hualgayoc. Según testigos, destrozaron sus camas, servicios de cocina y robaron dinero.

Como aparece en los vídeos grabados por la población, la policía y los agentes de minera Gold Fields no contaban con orden de desalojo, lo que es imprescindible por dicha intervención. Frente al reclamo de una pobladora del terreno comunal, un policía mencionó que sería un acto de defensa posesoria. Sin embargo, por ley se requiere una prueba para que esta intervención sea legítima. Una defensa posesoria puede ser un acto de usurpación, pero depende de los documentos y de los actos ejecutados.

 

Trabajadores de minera Antapaccay paralizan sus labores por demandas laborales

Los trabajadores de la Compañía Minera Antapaccay, perteneciente a la transnacional Glencore, que se ubica en la provincia de Espinar (Cusco), realizaron una paralización de labores a inicios de noviembre, denunciando que la empresa no respeta una sentencia del Tribunal Constitucional, pues impone jornadas de trabajo excesivas, sin coordinación o acuerdo sindical.

La medida fue respaldada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico del Perú –FNTMMSP-, que exige que el Ministerio de Trabajo (MINTRA) y la SUNAFIL asuman su responsabilidad ante las denuncias.

Cabe recordar que desde inicios de setiembre el Sindicato de Trabajadores Funcionarios en Mina Antapaccay (SITRAMINA), lanzó un llamado a la solidaridad con su demanda de respeto a sus derechos laborales y reclamó por mayor atención a la empresa minera frente a los contagios de COVID-19.

Asimismo denunciaron que la empresa empezó a despedir selectivamente sin ninguna causalidad a varios trabajadores tan solo por ejercer sus legítimos derechos a la libertad sindical. Por esta razón solicitaron la solidaridad de las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.