Los retrocesos del nuevo reglamento de procedimientos mineros

Nuevo Reglamento de
Procedimientos Mineros:
DS 020-2020-EM

Con esta modificatoria se estableció que la obtención de esta autorización pasará por dos etapas:

a) Aprobación del plan de minado y Autorización de actividades de desarrollo y preparación.

Para ello se realizaba la evaluación del plan de minado, que incluía un conjunto de aspectos técnicos descritos a nivel de ingeniería de detalle. Se evaluaba: el diseño detallado del tajo, botaderos, polvorín, almacenes de sustancias peligrosas y sub estaciones eléctricas, incorporando medidas de seguridad y manejo de contingencias; así como el análisis de los riesgos operativos y medidas de gestión de seguridad y salud ocupacional.  Las obras y medidas de gestión debían ser conformes a lo establecido en el EIA.

b) Aprobación de la Autorización de Explotación 

Concluida las actividades de construcción, el titular debía solicitar una inspección de lo ejecutado a la Dirección General de Minería (DGM) o el Gobierno Regional correspondiente (GR), según fuere el caso (DGM, gran y mediana minería y pequeña minería y minería artesana, los GR), para que una de estas autoridades verificara el cumplimiento del plan de minado aprobado. A la solicitud se debía adjuntar el monitoreo ambiental actualizado. La DGM o el GR tenían 45 días para realizar la inspección. De ser favorable, previa emisión del informe técnico correspondiente, autorizaba el inicio de las actividades de explotación.

Con estos cambios ya no existen dos etapas, sino solo una.  Es decir, la autorización de inicio de explotación se da antes que las estructuras mencionadas estén construidas, eliminándose la inspección de verificación que tenía como objeto garantizar que las obras sean hechas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas. A los 30 días de presentada la solicitud, y solo con la evaluación de la documentación, se otorga la autorización.  Con ello también se eliminó la exigencia de presentar los resultados de un monitoreo ambiental actualizado.

Respecto a culminación de la construcción, en esta modificatoria de 2017, solo se dice que el informe final de conformidad y las condiciones de seguridad y ambientales de las labores mineras, instalaciones y componentes del proyecto son materia de fiscalización por la autoridad de fiscalización competente. Es decir, establece mecanismos de control posterior a acciones que pueden conllevar afectaciones al ambiente, la población que habita en las zonas de influencia y los trabajadores mineros.

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El nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros no corrige el problema descrito que conllevó el DS 037-2017-EM. Solo precisa que el titular de la actividad minera, quien ya tiene la autorización para operar, debe remitir el informe final de la obra a las entidades fiscalizadoras (OEFA, OSINERGMIN, Gobiernos Regionales) dentro de los tres días siguientes de haberla culminado, como si ponerle plazo a esta comunicación garantizaría su intervención inmediata para verificar la adecuación de la obra a las especificaciones técnicas aprobadas.

Es importante recordar que las entidades fiscalizadoras constatan el cumplimiento de las obligaciones del titular cuando la actividad ya está en marcha y no antes de empezar, como sería lo indicado para prevenir fallas y evitar que construcciones defectuosas comiencen a funcionar, tarea que se realizaba en la inspección de verificación que fue eliminada el año 2017. El notificarlas podría entenderse como si estas entidades fueran a fiscalizar todas las operaciones que inician su funcionamiento y no es así.  Ellas supervisan o fiscalizan de manera aleatoria algunas operaciones según un plan previamente establecido, o en el caso de que existan denuncias. Además, si ello idealmente fuera posible, no lo sería materialmente en el contexto de la emergencia sanitaria, pues en estos momentos la fiscalización es principalmente virtual.

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Para obtener la concesión de beneficio, es decir, el derecho de extraer o concentrar la parte valiosa de un yacimiento mediante procedimientos físico y químicos había que pasar por un proceso de 3 etapas distintas, y solo al final del mismo, el derecho era otorgado:

1) En el primer momento, el titular minero debía presentar la solicitud de autorización de construcción cumpliendo un conjunto de requisitos (memoria descriptiva[1] y copia del cargo de presentación del instrumento de gestión ambiental – IGA).De estar todo conforme a lo establecido el solicitante podía publicar los avisos. Publicados los avisos, se autorizaba al solicitante para realizar obras preliminares. También estaba habilitado para presentar la solicitud de autorización de construcción, que debía estar acompañada, entre otros requisitos, por el número de resolución que aprueba el IGA. Si con posterioridad se verificaba la falsedad de la información presentada se podía se paralizaban actividades y se iniciaba un procedimiento de investigación y de constatarse la falsedad se paralizaban las actividades y se elevaba al Consejo de Minería para que anule el acto, sin perjuicio de que ello acarree una acción penal. La autorización de construcción otorgada incluía un periodo de prueba de 3 meses como máximo.

2) Después de construida la planta de beneficio y demás componentes, la autoridad competente (la DGM o GR correspondiente) debía realizar una inspección para constatar que la construcción está conforme al proyecto aprobado, cumpliendo con las medidas de seguridad, higiene y manejo del impacto ambiental.

3) Con el acta de inspección favorable se podía solicitar la licencia de uso de agua y la autorización de vertimientos de aguas residuales. Si había cambios significativos en la ingeniería aprobada en la autorización de construcción, el inspector emitía observaciones y recomendaciones a ser levantadas.

Si se cumplía con todos los pasos previos, se otorgaba la concesión de beneficio al solicitante.

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Además, según el nuevo reglamento, el plazo máximo para la evaluación y aprobación de la autorización de funcionamiento de concesión de beneficio es de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud. Si en ese plazo, la DGM o GR no se pronuncia se considera aprobada. Es decir, se aplica el silencio administrativo positivo. Para nosotros esto constituye un hecho preocupante porque la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas en la construcción de las obras es una necesidad, pues los riesgos son muy grandes si consideramos que una planta de beneficio puede procesar 100, 000 toneladas diarias, como en el caso de Tía María.

Además, esta norma, como la anterior, es sumamente complaciente con el titular que no cumple con las exigencias de la ley. Así tenemos que, si en la inspección se determina cambios significativos entre la ingeniería aprobada en la autorización de construcción y lo construido al final, que no han sido comunicados, el inspector incluye en el acta de inspección las observaciones y/o recomendaciones, que deben ser absueltas y/o cumplidas por el titular de actividad minera en el plazo otorgado, el cual no puede exceder de 20 días, previo a la autorización de funcionamiento. Llama la atención que algo tan grave como no cumplir con los requerimientos técnicos y condiciones aprobadas no acarree ninguna consecuencia para quien tiene este comportamiento.

Después de concluida la construcción, el titular minero debía informar a la DGM, y además presentarle el informe final de obra, el plano de obras y/o de instalaciones culminadas y el certificado de aseguramiento de la calidad de la construcción y/o instalaciones.  Este último documento, constituía una declaración jurada, que de ser falso podía acarrear la nulidad del acto, una multa y una acción penal. El certificado de aseguramiento de la calidad de la construcción y/o instalaciones y el informe final de obra, plano de obras y/o de instalaciones culminadas eran objeto de supervisión por OSINERGMIN.

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El nuevo reglamento elimina otras obligaciones que tenía el solicitante una vez concluida la construcción[2]. Elimina la exigencia de informar sobre ello a la DGM, presentarle el Informe Final de Obra, plano de obras y/o de instalaciones culminadas y el certificado de aseguramiento de la calidad de la construcción y/o instalaciones, suscrito por su supervisor o quien cumpliera ese rol, documento que constituía una declaración jurada y que de ser falso podía acarrear la nulidad del acto, una multa y una acción penal.  Además, también elimina el requisito de que el certificado de aseguramiento de la calidad de la construcción y/o instalaciones y el informe final de obra, plano de obras y/o de instalaciones culminadas sean materia de supervisión por OSINERGMIN.