EDITORIAL – TANTAS VECES ESPINAR (BOLETÍN AMP N°253, JULIO 2020)

Espinar es el primer gran estallido social en tiempos de pandemia que involucra a casi toda una provincia en una zona con presencia minera. Desde el pasado 15 de julio organizaciones sociales y comunidades campesinas de Espinar, agrupadas en el Comité de Lucha Provincial, iniciaron un paro luego de intentar llegar a un acuerdo en una mesa multisectorial, sobre todo con la empresa minera, para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la población.

¿Cuáles son los significados de lo que ha estado pasando en Espinar en todos estos días? Para los que siempre intentan leer conflictos vinculados a la minería con códigos e indicadores construidos muy lejos de los territorios y sobre todo desde Lima, vamos a intentar descifrar lo ocurrido estas últimas semanas en esta provincia alto andina cusqueña, relacionando los hechos con la coyuntura pero también con los antecedentes, es decir los conflictos previos y una larga lista de temas pendientes.

En primer lugar y pensando en el actual contexto, Espinar es una clara muestra del enorme error cometido por el gobierno al inicio del estado de emergencia y haber optado por bonos focalizados que llegaron tarde mal y nunca a los supuestos beneficiarios. A la gran mayoría de la población de Espinar, como a muchas otras en todo el país, no les llegaron los distintos bonos focalizados y han tenido que enfrentar este difícil momento sin ningún tipo de respaldo.

Es en este contexto extremo que la población de Espinar volteó a mirar los fondos del convenio marco provincial, un acuerdo firmado el año 2003 entre la empresa minera de entonces y la provincia representada por el Municipio y las organizaciones sociales más representativas. El hoy en día tantas veces mencionado convenio marco, tiene 21 cláusulas y en una de ellas -la quinta-, la empresa se compromete a aportar cada año el 3% del total de sus utilidades antes de impuestos.

Se ha dicho que la población de Espinar quiere aprovecharse de la empresa y busca beneficiarse con un aporte sin hacer nada. Lo primero que hay que decir es que el convenio marco ya tiene 17 años de vigencia y en todo este tiempo en ningún momento se había demandado un bono de estas características. Siempre se entendió que los fondos del convenio estaban destinados para respaldar “proyectos de desarrollo” para toda la provincia. Por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista está claro el carácter extraordinario del pedido en un contexto de emergencia nacional como el que vivimos.

Pero la otra mirada que hay que darle al conflicto de Espinar es la histórica y la de la enormes deudas pendientes que se tiene con esa zona del país. Desde que la minería se instaló hace aproximadamente 35 años, está claro que la población de Espinar más es lo que ha perdido que lo que ha ganado: la llegada de la minería significó el desmembramiento de comunidades madre, como la de Antaycama (una de las comunidades más extensas del sur andino del país) que fue dividiéndose en varias comunidades para facilitar la entrada de la minería. Divide y reinarás dirán algunos. Además, a una de esas comunidades que se crearon en la década del 80, la de Tintaya Marquiri, le expropiaron 2,368 hectáreas, dejándola prácticamente sin tierras, convirtiéndola en apenas un asentamiento humano. Todo esto ocurrió para que la minería y el proyecto Tintaya se pueda instalar y desarrolle su actividad.

Luego han venido los episodios de contaminación y los dramáticos efectos en la población de Espinar y en una de las principales actividades económicas de las comunidades, la ganadería. Todas las demandas y los momentos de movilización social, como las ocurridas el año 1990, 2005, 2012, entre varias otras, dieron lugar a varias mesas de diálogo y la firma de varios acuerdos que, lamentablemente, no han sido cumplidos.

Que quede claro, la minería, el Estado peruano y todos los que miramos desde lejos el conflicto en esta provincia cusqueña, tenemos una deuda pendiente con su población. No es al revés.