4 años después del derrame de Repsol, playas siguen mostrando restos de petróleo

• «Exigimos sanar el mar para volver a trabajar»: esa fue la demanda de los representantes de las federaciones de pescadores, quienes en conferencia de prensa mostraron evidencia de la persistencia de la contaminación.

• Hasta el momento Repsol no ha levantado más de 600 observaciones técnicas de las autoridades a sus «planes de rehabilitación». Ninguno de estos planes ha sido aprobado y no existe un proceso efectivo de remediación en marcha.

A cuatro años del derrame de más de 12 mil barriles de petróleo ocurrido frente a las costas de Ventanilla, pescadores artesanales de cinco distritos del litoral norte de Lima y Callao denunciaron que el mar y las playas continúan contaminados, sin una remediación efectiva por parte de la empresa Repsol ni una respuesta integral del Estado peruano. Así lo informaron en una conferencia de prensa realizada este martes, donde se presentaron los hallazgos de una reciente visita de campo realizada en la playa Cavero de Ventanilla.

Durante la conferencia, representantes de los pescadores afectados y especialistas expusieron evidencia que confirma la presencia de hidrocarburos envejecidos tanto en la superficie como en capas profundas de la arena. La visita de campo, realizada el 6 de diciembre de 2025 de manera participativa junto a los pescadores, identificó acumulaciones visibles de bolas y tortas de alquitrán en distintos sectores de la playa, así como indicios visuales que indicarían la existencia de restos de petróleo enterrados entre los 20 y 70 centímetros de profundidad.

El biólogo alemán Stefan Austermühle explicó que los resultados evidencian serias deficiencias en los planes de rehabilitación presentados por la empresa. Señaló que las metodologías de muestreo utilizadas por Repsol no se ajustan a los estándares científicos internacionales, ya que se toman muestras únicamente en capas donde es previsible que no se encontrará contaminación. Asimismo, advirtió que el petróleo enterrado constituye una “bomba de tiempo ambiental”, capaz de reaparecer con el movimiento natural de las mareas y seguir afectando a los ecosistemas por décadas.

El biólogo también alertó sobre los riesgos para la biodiversidad y la salud humana. Indicó que las bolas de alquitrán liberan compuestos tóxicos de forma persistente, que ingresan a la cadena alimenticia y pueden generar efectos subletales en fauna marina y aves costeras. De acuerdo con estándares internacionales, añadió, algunas zonas evaluadas superan ampliamente los niveles de contaminación aceptables para playas de uso público, por lo que deberían ser cerradas y sometidas a procesos inmediatos de limpieza especializada.

«Para la playa en la cual hemos hecho nuestro experimento, la empresa han dicho que en 2024 han colectado 0.5 gramos de bolas de alquitrán por metro cuadrado, en toda la playa. Nosotros hemos colectado, en la parte más limpia, 16 gramos; en la parte medianamente contaminada hemos colectado más de 70 gramos por metro cuadrado, y en la parte más contaminada hemos colectado un 1.590 kilos por metro cuadrado de playa. Esto solo en 50 metros de transecto, en una playa de 600 metros, la contaminación total ese día, en esa playa, es 22 mil veces mayor que de lo que la empresa dice al gobierno haber encontrado hace dos años», explicó Austermühle.

Desde la perspectiva de las organizaciones de pescadores, Luis Díaz, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, afirmó que el daño ocasionado por el derrame no ha sido reparado ni ambiental ni socialmente. Señaló que cientos de familias siguen sin poder retomar la pesca artesanal, su principal fuente de sustento, y que el impacto ha ido más allá de lo económico, afectando un modo de vida ancestral ligado al mar.

Díaz informó que la federación ha presentado una demanda constitucional de amparo, mediante la cual solicitan la nulidad de los acuerdos firmados con la empresa, al considerar que vulneran derechos fundamentales y el interés público. Asimismo, cuestionó que los llamados planes de rehabilitación hayan sido elaborados de manera fragmentada y sin una participación real de las organizaciones representativas, limitándose a comunicaciones formales que no garantizan un proceso transparente ni inclusivo.

En esa misma línea, Mercedes Yovera, vicepresidenta de la federación, sostuvo que las playas de los cinco distritos afectados no se encuentran en condiciones aptas para la pesca ni para el uso público, pese a lo afirmado por la empresa. Indicó que existen zonas de difícil acceso donde la contaminación persiste con mayor intensidad y que, lejos de haberse eliminado, el petróleo acabó enterrado bajo la arena, generando riesgos a largo plazo para el ecosistema y la salud de las personas.

Yovera remarcó que el derrame afectó de manera diferenciada a las mujeres vinculadas a la pesca artesanal, muchas de las cuales asumieron mayores cargas económicas y familiares tras la paralización de la actividad. Añadió que, hasta la fecha, no se ha evaluado adecuadamente el impacto psicológico y sanitario que el desastre ha tenido en las comunidades costeras, ni en los trabajadores que participaron en las labores iniciales de limpieza sin la protección adecuada.

Por su parte, Daniel Cabeduque, secretario de la federación, advirtió que más allá de las playas, el daño más grave se evidencia en la desaparición de especies marinas clave para la pesca artesanal. Señaló que zonas tradicionalmente reproductivas han perdido su capacidad de recuperación y que especies como el pejerrey o el calamar ya no retornan a estos espacios, afectando de manera directa la seguridad alimentaria y la economía local.

Finalmente, Alejandro Chirinos, coordinador del Programa de Gobernanza Marino Costera de CooperAcción, recordó que ninguno de los planes de rehabilitación presentados por Repsol ha sido aprobado por las autoridades ambientales, debido a más de 600 observaciones técnicas que no han sido debidamente levantadas. Indicó que, a cuatro años del derrame, no existe un proceso efectivo de remediación en marcha y que el Estado no ha asumido un rol articulador que garantice la recuperación integral del ecosistema marino-costero y la restitución de los derechos de las poblaciones afectadas.

Los pescadores reiteraron su exigencia de una compensación justa y de la implementación de medidas reales y verificables de remediación ambiental. Advirtieron que, mientras persista la contaminación, continuará la incertidumbre y la exclusión de miles de familias que dependen del mar para vivir.