Sin Perú, entra en vigencia el Acuerdo de Escazú

Este 22 de abril, el Día mundial de la Tierra, es la fecha escogida para la entrada en vigencia del primer acuerdo ambiental establecido entre los Estados de la región de América Latina y El Caribe: el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, conocido como “Acuerdo de Escazú” por referencia a la ciudad de Costa Rica donde fue suscrito hace ya tres años.

Imagen: Actualidad ambiental

Ya doce países ratificaron el Acuerdo, con lo cual ya se cumplió el requisito establecido para que entre en vigor. Los países que lo han ratificado hasta el momento son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Lamentablemente, el Congreso del Perú decidió no ratificar este acuerdo internacional en el marco de una campaña de mentiras promovida por gremios empresariales como la CONFIEP, así como por políticos e intereses locales y regionales. Se dijo que el acuerdo “ponía en riesgo la soberanía” o que “perderíamos jurisdicción sobre la Amazonía”, cosas completamente falsas, pues el Acuerdo lo que hace es fomentar la participación ciudadana en temas ambientales y el acceso a la justicia.

El Acuerdo de Escazú permite poner en práctica el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita en 1992, hace casi 30 años. El mencionado principio establece que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”

Para aplicar dicho principio, suscrito por los 172 países participantes de la Cumbre de Río, se empezaron a implementar acuerdos regionales, entre los que destaca el Convenio de Aarhus, suscrito en 1998 por 35 Estados europeos y por la propia Unión Europea. Este convenio está vigente desde hace más de 15 años y no ha “vulnerado la soberanía” ni le ha quitado territorio a nadie. Se trata de un instrumento legal muy similar al Acuerdo de Escazú, como ya lo explicó la especialista Elizabeth Zamalloa en este artículo.

Los defensores ambientales

El gran aporte del Acuerdo de Escazú a la legislación internacional es que es el primer instrumento que se refiere explícitamente a los defensores ambientales, aquellos ciudadanos y ciudadanas que se organizan para levantar su voz y defender la Naturaleza muchas veces poniendo en riesgo su propia vida.

El Acuerdo dice textualmente lo siguiente:

“Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”

¿Quién puede oponerse a ese artículo? ¿Para quién es un “peligro” que los defensores ambientales actúen “sin amenazas” ni “inseguridad”?

En el Perú, sólo en lo que va de este año, han sido asesinados tres defensores ambientales según ha informado la COICA: Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, de Ucayali; y Estela Casanto Mauricio, de Junín. Así mismo el año pasado al menos cinco defensores fueron asesinados en plena pandemia: Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco), Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali), Gonzalo Pío Flores (Junín), Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco Villanueva (Madre de Dios).

Los defensores ambientales son quienes exponen su vida y seguridad personal ante las amenazas de diversas actividades depredadoras de sus territorios, como la minería ilegal, la tala, el narcotráfico, el tráfico de tierras, entre otras. Muchas veces, son asesinados ante la inacción del Estado, pese a los pedidos de garantías ante la Prefectura.

El futuro de Escazú en el Perú

La pregunta es si el próximo Congreso podría ratificar el Acuerdo de Escazú y avanzar de esta manera en la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y en garantizar la participación ciudadana en las decisiones ambientales.

Las perspectivas no son alentadoras. Una de las candidatas en esta segunda vuelta, Keiko Fujimori, pertenece al partido que votó por el archivamiento del Acuerdo el año pasado, y sectores políticos de ideas similares serán mayoría en el Congreso recién elegido. En cuanto al candidato Castillo y su partido Perú Libre, es una incógnita, pues no hemos encontrado ninguna declaración ni a favor ni en contra.

21 de abril de 2021