Segunda vuelta: vacíos ambientales y en derechos humanos en los planes de gobierno

Paul E. Maquet

Los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tienen importantes vacíos en los temas ambientales y de derechos humanos. En este artículo presentamos un análisis comparativo, tomando en cuenta los textos de sus planes de gobierno, y no las declaraciones o antecedentes de los candidatos.

Imagen: Actualidad ambiental

Cambio climático

Un vacío notable -y a estas alturas incomprensible- es el cambio climático, el mayor desafío existencial que enfrenta la humanidad en este siglo.

En el caso de Fuerza Popular, la única referencia al cambio climático se encuentra en la sección referida a política exterior, donde se explica que para enfrentar este desafío se apuesta por el multilateralismo. Además, se promete “Reducir, conforme a nuestras capacidades, el impacto ambiental de la actividad económica y preparar al país para estar en condiciones de hacer frente a los desafíos presentes y futuros que el calentamiento global trae consigo”.

Sin embargo, de esta declaración no se deriva ninguna consecuencia concreta en cuanto a las políticas nacionales, ninguna medida o propuesta para la adaptación al cambio climático o para la mitigación de sus causas, es decir, para la reducción de emisiones contaminantes y de la deforestación.

En el caso de Perú Libre, el tema se encuentra aún más ausente. La única mención explícita al cambio climático se encuentra en una sección dedicada a criticar a las ONG “que se presentan, por ejemplo, como defensores de la naturaleza, cuando en sus países de origen sustentan el sistema más inhumano que está causando el calentamiento global”. Otra mención indirecta al cambio climático señala que “Los países suramericanos no somos grandes contaminadores, somos contaminadores marginales, pero para filosofía del ecologismo neocolonial nuestros países lo son”.

Este plan tampoco incluye ninguna medida de adaptación o mitigación.

Es decir, en ambos casos, la emergencia climática es principalmente vista como un asunto internacional, y no se asume como una realidad que debe guiar la planificación de las propias políticas y prioridades nacionales.

Recursos naturales

Ambos partidos comparten una visión común del papel de los recursos naturales no renovables: deben ser aprovechados para generar recursos económicos para el desarrollo. Sus diferencias tienen que ver, claramente, con el modelo económico. El fujimorismo habla de “generar inversiones y crecimiento económico”, pero no plantea ninguna modificación sobre la distribución de la renta de los recursos naturales. Así, básicamente plantea mantener un modelo de explotación intensiva de recursos naturales bajo el mismo esquema de propiedad y de tributación.

El plan de Perú Libre, en tanto, apuesta por lo que denominan “extractivismo sostenible y responsable”, y plantean cambios profundos en los esquemas de propiedad, incluyendo la nacionalización de un conjunto de grandes proyectos mineros, de hidrocarburos y energéticos, así como en la tributación. Para ello toman como modelos los casos de Bolivia y Ecuador.

Perú Libre plantea además una serie de exigencias para las empresas en relación al desarrollo local y regional, entre ellas la contratación de un 60% del personal de la región donde opera, transferencia tecnológica y que su domicilio fiscal se ubique en la sede productiva para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria. Sobre estos aspectos, Fuerza Popular no tiene ningún planteamiento.

Cabría acotar que la idea de “extractivismo sostenible” es en sí misma contradictoria. El concepto de “extractivismo” se refiere a un modelo de desarrollo que es adicto a la explotación de recursos naturales para su exportación en el mercado internacional, con pocos impactos económicos y altos impactos ambientales en los territorios locales. En el caso de Bolivia, que Perú Libre toma como modelo, la crítica es que no se ha apostado por superar ese modelo, pues el presupuesto público sigue dependiendo ampliamente de la exportación de materia prima, más allá de que se haya avanzado en la recuperación de la renta de los recursos naturales. Sin embargo, una cosa es “extractivismo” y otra cosa es “extracción”, y confundirlos es tan pueril como confundir “alcoholismo” con “alcohol”. La crítica post-extractivista plantea un modelo de satisfacción de las necesidades sociales que contemple la extracción necesaria de recursos naturales, dentro de los límites de la naturaleza, y que esté guiada precisamente por las necesidades sociales y no por la demanda del mercado capitalista internacional.

Institucionalidad ambiental

Ambos partidos prometen un cumplimiento “estricto”, “efectivo” e “independiente” de la normativa ambiental referida a los proyectos de explotación de recursos naturales. Sin embargo, ninguno es específico sobre el cómo: no se discute cómo fortalecer la autoridad ambiental, no se menciona ni al OEFA ni al SENACE, no se plantea ningún tipo de cambio a los Estudios de Impacto Ambiental.

En el caso de Fuerza Popular, más aún, preocupa que se recurra al discurso de “simplificar” y “revisar” los trámites en estos sectores, con la falsa idea de los sectores empresariales de que hay demasiados trámites ambientales que serían una traba para la inversión.

Pueblos indígenas y comunidades

En cuanto a los pueblos indígenas, Fuerza Popular habla de manera genérica de “revalorar” las culturas originarias. Los planteamientos de Perú Libre, en tanto, son más precisos: se plantea el reconocimiento del Estado plurinacional; y en relación a la explotación de recursos naturales se plantean tres medidas concretas: que la consulta previa tenga carácter vinculante y con poder de veto; que se reconozca constitucionalmente los derechos de las comunidades sobre los recursos del subsuelo, y no únicamente sobre la superficie; y que las comunidades puedan participar como accionistas de la explotación de estos recursos.

Energías

En el caso de Fuerza Popular, se plantea cambiar, de manera progresiva, la matriz energética a fuentes de energía renovables, haciendo énfasis en el potencial del país en energía eólica y solar. Así mismo, se plantea el cambio de los sistemas de transporte de combustible fósil a eléctrico. Sin embargo, en estos temas no plantea metas ni compromisos concretos, solo declaraciones generales.

En tanto, en el caso de Perú Libre no se menciona en absoluto el cambio de matriz energética. No se dedica una línea a la energía solar o eólica, y por el contrario se dedican abundantes párrafos al gas de Camisea y a los recursos petroleros como fuente de renta, lo que sugiere una vocación de fortalecer estos sectores energéticos contaminantes.

Derechos humanos

Por último, preocupan los temas referidos a los derechos humanos. Mientras que el fujimorismo no menciona el tema en su plan de gobierno (y de hecho tiene antecedentes nefastos en la década que gobernó el país), el plan de Perú Libre cuestiona duramente el sistema internacional de justicia en temas de derechos humanos.

Se trata de un tema en que los extremos se juntan. Recordemos que el propio fujimorismo buscó sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los años 90, cosa que también hizo el gobierno de Venezuela en años recientes.

Perú Libre plantea que el sistema interamericano de derechos humanos es funcional a los intereses de potencias extranjeras, en particular los EEUU. Sin embargo, esta es una visión sumamente sesgada, pues este sistema ha permitido juzgar los crímenes cometidos por el gobierno neoliberal de  Alberto Fujimori en los 90, y ha tenido decisiones favorables a líderes sociales, como la campesina cajamarquina Máxima Acuña en su controversia con la transnacional minera de capitales norteamericanos, Newmont.

El sistema internacional de derechos humanos, incluyendo el interamericano, permite al propio pueblo una garantía de defensa legal cuando el Estado vulnera sus derechos como personas, y en ese sentido debe ser ampliado y fortalecido, no debilitado.

15 de abril de 2021

	Perú Libre	Fuerza Popular
Cambio climático	Los países suramericanos no somos grandes contaminadores, somos contaminadores marginales	Reducir, conforme a nuestras capacidades, el impacto ambiental de la actividad económica y preparar al país para estar en condiciones de hacer frente a los desafíos presentes y futuros que el calentamiento global trae consigo. Activar el multilateralismo.
Recursos naturales	Extractivismo “sostenible y responsable”, aprovechar nuestros recursos no renovables como única vía para salir del subdesarrollo. Alerta contra “ecologismo oenegero” y “ambientalismo fundamentalista”.	El país tiene que explotar sus recursos naturales con responsabilidad para generar inversiones, y crecimiento económico
	Destaca: minería, hidrocarburos e hidroenergía.	El Perú es un país ancestralmente minero, por lo que en esta materia propone armonizar las actividades extractivas con las vinculadas al desarrollo agrario y agropecuario
Renta de los RRNN	Visión: recuperación de la renta de los recursos naturales, tomando como modelos a Ecuador y Bolivia. Invertir el reparto de utilidades: 70%  a favor del Estado peruano y 30% a favor de la empresa.
	Nueva conceptualización económica del canon minero
	Estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, entre ellos menciona: Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas.
RRNN y desarrollo local / regional	Las empresas que desarrollen actividades económicas deben fomentar el empleo regional en un porcentaje superior al 60% del total de su personal, garantizar la transferencia tecnológica con capacitación y equipamiento para la población del área de influencia; y adquirir bienes y servicios que brindan las pequeñas y medianas empresas regionales. También deben señalar domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento y no en departamento distinto, para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria.
RRNN y normativa ambiental	Se debe lograr un real compromiso para que las empresas que afecten el medio ambiente cumplan estrictamente las políticas del Programa de Adecuación del Medio Ambiente, Estudio de lmpacto Ambiental y el Plan de Cierre de Actividades.	Garantizar el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental, respetando el ambiente.
		Mejoraremos la capacidad de respuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio del Ambiente en calidad y número de profesionales para optimizar los procesos de evaluación técnica, ambientalsocial y de permisos.
		Revisaremos la normativa vigente para confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector.
		Actualizaremos los procedimientos administrativos simplificados para autorizaciones de uso de suelos, agua y terrenos superficiales de propiedad del Estado, así como, de terceros, sin descuidar la protección al ambiente.
Agua	Siembra de agua, creación de grandes reservorios de agua, canales de irrigación para prevenir la escasez de agua. Estudios de factibilidad tecnológica para la desalinización del agua de mar.	Incrementar los fondos para la cosecha de agua en la Sierra.
	El recurso agua estará orientado para la seguridad alimentaria antes que para la minería.
Ordenamiento territorial	Zonificación económica ecológica (ZEE): las regiones deben elaborar con autonomía real su propia ZEE, sin injerencia del gobierno central, demarcar sus áreas protegidas e intangibles, sus áreas hídricas, agrícolas, de residuos sólidos, de recursos naturales explotables y no explotables, etc., bajo el control ciudadano.	Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial a nivel nacional, promoviendo el proceso de planeamiento integral de la provincia; con una adecuada coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo y articulado con las municipalidades distritales, quienes deben sujetarse al ordenamiento provincial.
Pueblos indígenas y comunidades	Reconocimiento del Estado plurinacional
	Consulta a los pueblos con carácter vinculante
	Participación de las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos
	Reconocer constitucionalmente los derechos y soberanía sobre el suelo y subsuelo de las comunidades campesinas y nativas
Conflictos sociales	Cuestiona la imposición por la fuerza de proyectos rechazados por la población que defiende su territorio, mencionando los casos de Conga, Espinar, Las Bambas, Bagua, Tía María	Promoveremos el diálogo entre la empresa y la comunidad para prevenir los conflictos sociales y lograr así que se desarrollen los proyectos mineros
Minería ilegal	Formalización de la minería. El Perú al ser un país minero debe priorizar este sector, la mal llamada minería ilegal debe ser formalizada, con ello reducir el daño ecológico generado por esta situación jurídica, recaudar mejores impuestos, evitar la trata de personas y el contrabando	Respecto a la pequeña minería y minería artesanal, el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para lograr su óptima formalidad. Sobre la pequeña minería y minería artesanal, buscaremos reformular la legislación aplicable a ella, haciendo énfasis en una necesaria diferenciación por las zonas de operación. Asimismo, actualizaremos los procedimientos administrativos simplificados para autorizaciones de uso de suelos, agua y terrenos superficiales.
Uso del suelo	Ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas del Estado	Revisar y actualizar los Títulos y Posesiones de tierras eriazas para evitar tráfico de tierras y favorecer la inversión en ellas. Incorporar a la actividad económica áreas con poca productividad agrícola o ganadera, pero con aptitud forestal para beneficio de los propietarios de las tierras y la generación de puestos de trabajo.
Forestación	Programas de forestación, reforestación.	Buscar la reforestación de zonas eriazas marginales a las zonas agrícolas y de expansión urbana, con especies nativas o adecuadas a las condiciones del clima y terreno. Programa masivo de semilleros y viveros forestales bajo administración de SERFOR y CITES Agrícolas de cada zona ecológica y /o nivel de altitud geográfica.
Áreas protegidas	Para preservar las áreas protegidas, deben garantizarse presupuestos para vigilantes, guardabosques, guardaparques, vehículos y comunicación.
Tala ilegal	Descentralizar facultades y competencias a los gobiernos subnacionales, regionales y municipalidades sobre tala. Aumentar penas a los infractores.
Transgénicos	No permitir transgénicos u otros, defendiendo el producto nativo y ecológico en su propio hábitat
Matriz energética		Cambiar, de manera progresiva, la matriz energética a fuentes de energía renovables, de igual manera con los sistemas de transporte de combustible fósil a eléctrico
Residuos sólidos	Plantas de procesamiento para residuos garantizados por cada gobierno regional y municipal de manera obligatoria, con presupuesto adecuado del Gobierno central.	Iniciar planes de ordenamiento urbano, que nos permitan un manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y reciclaje.
Institucionalidad ambiental		Fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental en coordinación con la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, los sectoriales y los niveles de gestión descentralizada.
Transversalidad de lo ambiental		Integrar la política nacional ambiental con las políticas de desarrollo social y económico del país. Incorporar en las cuentas nacionales la valoración de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales.
Diversificación productiva	Industrialización	Promover de la generación de productos de valor agregado en base a nuestra biodiversidad de manera sostenible
Educación ambiental	Nuevo Currículum Regional sostenible con mayor sensibilización respecto al cuidado del medio ambiente. Difusión de spots gratuitos a favor de la vida sostenible como contribución a sus obligaciones sociales de los medios de comunicación.	Fortalecer la educación y la investigación ambiental
Derechos humanos	Visión crítica del sistema interamericano de DDHH como instrumental a los intereses de EEUU. Habla de “soberanía jurídica”  en derechos humanos y temas ambientales, y señala que algunos países han optado por abandonar el sistema interamericano.