La peligrosa privatización de la policía y las mineras

por Luis Gárate

Uno de los problemas que se aprecia en nuestro país tiene que ver con la manera en que la Policía Nacional del Perú (PNP) se conduce en los conflictos y el trato que aplica a las comunidades y organizaciones sociales.

Recientemente un juzgado en la ciudad de Tambobamba (Apurímac), dictó una sentencia absolutoria a 19 acusados, miembros de las comunidades, en medio de un conflicto en la zona de influencia del proyecto Las Bambas el año 2015. Las acusaciones fiscales apuntaban a la tenencia de armas, pero la defensa de los acusados argumentó que la PNP habría obligado a algunos de los manifestantes a disparar armas para luego incriminarlos.

Estos hechos se vinculan con las relaciones distorsionadas que se mantienen entre algunas empresas mineras y la PNP. Por eso es importante recordar que el 11 de abril de 2019 el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó una demanda de amparo contra un convenio firmado entre la empresa minera que opera el proyecto Las Bambas y la PNP. Este convenio fue suscrito el 26 de octubre de 2017, con autorización del ex Ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Imagen: Jorge Chávez Ortiz

Este tipo de convenios, de “servicios policiales extraordinarios”, como los denomina el Decreto Legislativo Nº 1267, permiten a la PNP prestar servicios de seguridad a cambio de un pago de las empresas. En la demanda, se exige que el convenio suscrito entre la PNP y Las Bambas sea anulado. Este convenio -como los más de 138 que se han firmado en todo el país-, según señalan los demandantes, viola los derechos humanos y quiebra los principios del estado de derecho.

Recientemente, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior –mediante un escrito judicial– ha insistido en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la PNP y la empresa minera Las Bambas. Se señala que “dicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protección y seguridad en una jornada complementaria a su función policial”. En ese sentido, rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.

Este tema plantea una discusión de fondo. Es conocido que la PNP tiene presupuestos exiguos y su personal vive con salarios bajos y condiciones difíciles. Sin embargo, la delgada línea por la que el personal policial puede pasar a servir como seguridad privada de grandes empresas, supone una situación que atenta contra la naturaleza de su función.

Un estudio presentado en el 2019, que fue elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Earthrights International y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mostró precisamente los problemas que se presentan a raíz de esos convenios y como estos han contribuido a la criminalización de la protesta[1].

La razón de ser de la PNP es la de proteger el orden interno y la seguridad ciudadana. El informe señala que la celebración de convenios constituye una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación; en concreto, tratándose de discriminación por razón económica, en perjuicio de la población y en beneficio de la empresa.

La PNP tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de cualquier ciudadano peruano, independiente de su condición socioeconómica, étnica, de género. Pero en una situación donde entidades privadas, como las empresas mineras, tienen convenios mediante los cuales financian la logística a la autoridad policial, se rompe ese papel de intermediador en un conflicto. En concreto, la PNP puede terminar siendo -como ha mostrado el estudio- parte de la defensa de las corporaciones privadas, vulnerando de esa manera los derechos de las comunidades eventualmente afectadas por algún conflicto.

En este marco de reflexión cabe recordar a varios académicos, como el prestigioso sociólogo Francisco Durand, que señalan que vivimos en una suerte de República Empresarial. De esta manera subraya que instituciones públicas del Estado peruano se han acostumbrado a responder a las presiones de algunos sectores corporativos en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos.

El presidente Vizcarra dijo que se jugaría con nuevas reglas y que pondría por delante el dialogo antes que la represión en los conflictos sociales. Sin embargo, hasta el momento no se notan cambios. Una buena señal sería que defina una posición clara respecto a este decreto y a esta situación irregular que se mantiene.

[1] El documento se titula: Informe: “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”.