La evolución reciente de los conflictos

José De Echave C.

Los últimos informes de la Defensoría del Pueblo vienen mostrando un incremento sostenido de la conflictividad social. Entre diciembre 2017 y marzo 2018, los conflictos han pasado de 169 a 188 (el nivel más alto de los últimos doce meses).

En esta ocasión, salvo en algunos casos -por ejemplo, el conflicto de los paperos-, el incremento sostenido no es muy bullicioso, tampoco está acompañado de movilizaciones que duren muchos días y no está focalizado en una zona específica del país o en un solo gremio. Sin embargo, las estadísticas indican que algo está pasando.

La tendencia creciente en el número de conflictos coincide con el registro de acciones colectivas de protesta, aunque ha sido sobre todo entre febrero y marzo que se nota un incremento significativo: de 35 a 111 acciones de protesta, el pico más alto de los últimos ocho meses. Como se puede apreciar en el gráfico, en el mes de julio del año pasado las acciones de protesta alcanzaron un pico, en plena huelga de maestros, profesionales de la salud, trabajadores del Poder Judicial, entre otros.

El registro de las actuales acciones de protesta muestra una amplia gama de situaciones: productores de arroz del Alto Huallaga y otras regiones; damnificados del norte del país; productores de papa; trabajadores azucareros; pescadores artesanales; comunidades indígenas del Datem del Marañón y un largo etc.

¿Cuáles son las zonas del país que registran el mayor número de conflictos? Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Áncash es la región que concentra el mayor número de conflictos en el mes de marzo: 30 conflictos que representan el 16% del total nacional. Le siguen Puno con 16 conflictos y una participación del 8.5%; Cusco y Apurímac con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.4% del total. Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.9%.

En todas las regiones, destacan nítidamente los conflictos socio-ambientales, sobre otros temas como los casos de conflicto vinculados al gobierno nacional, los gobiernos locales, conflictos laborales, problemas de demarcación territorial, entre otros. Esto se expresa en las cifras globales: el 65.5% de los conflictos son socio-ambientales y de estos el 64.8% son casos vinculados a la minería: conflictos sobre todo con empresas de la gran minería por problemas de contaminación, demandas económicas, incumplimientos de actas, modificaciones de proyectos, tránsito pesado, etc. En varias regiones también se registran conflictos por la presencia creciente de actividades de minería informal o abiertamente ilegal.

 

 

En lo que va del año, el número de personas heridas por conflictos sociales suma 51 y 3 personas fallecidas.

 

 

¿Cuál será la tendencia en los próximos meses?

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que de los 188 conflictos registrados en marzo, 136 son conflictos activos y 52 casos latentes, lo que presenta una carga pesada que debería ser tomada en cuenta por el gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva. Además, sólo el 55.1% de los conflictos activos se encuentran en proceso de diálogo.

En la medida que la gran mayoría de conflictos -sobre todo los socio-ambientales-, se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional (66.5%), su evolución dependerá mucho de la estrategia que se defina en la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente, las primeras decisiones tomadas sobre algunos casos emblemáticos -como el de las Bambas- preocupan: el pasado 12 de abril, el Ejecutivo  emitió el decreto supremo 037-2018-PCM en el que se resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Con esta nueva ampliación del estado de emergencia, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas. En realidad, nada justifica esta nueva ampliación del Estado de Emergencia y el gobierno claramente ha desperdiciado una oportunidad de dar un mensaje al país y sobre todo a las comunidades de la zona, que pretenden hacer las cosas de manera distinta. Sería un tremendo error que el gobierno continúe con las mismas políticas que apuntan a criminalizar y recortar derechos.

18 de abril de 2018