LA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y LOS DEFENSORES AMBIENTALES

Fuente: IDL Reporteros

Los audios difundidos por IDL Reporteros revelan la manera cómo se ha enquistado la corrupción en las más altas instancias del Estado. Lamentablemente, la realidad siempre termina superando la imaginación. En este caso, jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura muestran la manera cómo se imparte la justicia en el país; cómo se expande la telaraña de la corrupción amarrando nombramientos, repartiendo favores, pidiendo con descaro el vuelto y cómo se define la suerte en los procesos: “¿Qué es lo que quieren?  ¿Qué le baje la pena o que lo declare inocente?”, es la terrible respuesta del juez supremo César Hinostroza Pariachi a un interlocutor no identificado sobre un caso -nada menos- de violación de una niña de 10 u 11 años.

Terrible y nauseabundo. Todo parece podrido en nuestro sistema de justicia. Una primera reacción natural al escuchar estos audios, es vincularlos con algunos hechos dramáticos de nuestra realidad y el quehacer cotidiano: son estos jueces los que supuestamente tienen que impartir justicia en los casos de feminicidios y violencia infantil que se multiplican. Por ejemplo, en el caso que se ha revelado, el mismo juez falló en contra de un pedido de Arlette Contreras, víctima de violencia de género; además, permitió archivar el caso de lavado de activos que involucraba a los líderes de Fuerza Popular; entre otros fallos polémicos.

Es este mismo sistema de justicia el que actúa en los casos de tantos hombres y mujeres defensores ambientales que vienen siendo criminalizados en el país y que enfrentan procesos en diferentes instancias a nivel nacional. Luego de escuchar los audios, cómo no pensar en los centenares de dirigentes sociales que son procesados a lo largo y ancho del país y que enfrentan los diversos estamentos del sistema judicial: según las cifras que maneja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son 936 procesados actualmente a nivel social por diferentes conflictos sociales, la gran mayoría por temas socio-ambientales. Más aún, sabiendo que en estos casos la justicia opera bajo fuerte presión de intereses privados (que muchas veces actúan a través de grandes estudios de abogados) y del propio Estado, que buscan neutralizar la labor de los defensores ambientales.

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Por la propia experiencia de nuestro trabajo institucional, estos dirigentes enfrentan, por lo general, los procesos en condiciones tremendamente difíciles, sin posibilidades económicas para tener una adecuada defensa y para complicar aun más las cosas, en jurisdicciones alejadas: dirigentes de Cajamarca que tienen que ir a las audiencias durante años en Chiclayo o dirigentes de Espinar que han enfrentado sus procesos en Ica.

Uno de los casos más notorios es el del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca y los dirigentes de esa provincia cusqueña, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario: tras cinco años de juicio y luego de ser absueltos en julio de 2017, las marchas y contramarchas de nuestro sistema judicial provocaron que todo el proceso regrese a fojas cero hace unos meses, extendiendo aún por más tiempo el vía crucis que sufren los defensores ambientales de Espinar.

Esa es la realidad de nuestro sistema de justicia y la manera cómo opera en sus diferentes instancias. Si alguien tenía alguna duda, estos audios son una contundente evidencia de cómo se imparte justicia en nuestro país. Las fuerzas democráticas, incluidos los defensores y defensoras ambientales, tienen la tarea de recuperar las instituciones del Estado, hoy en día capturadas por la corrupción.

11 julio 2018