Cuatro puntos para entender las protestas en Las Bambas

(Foto: Reportero de Chumbivilcas)

Desde el martes 21 de agosto, algunas localidades del Corredor Minero de Las Bambas han retomado acciones de protestas, incluyendo movilizaciones y bloqueo de carreteras. Ante ello, el Gobierno ha vuelto a decretar el 30 de agosto el estado de emergencia, suspendiendo o restringiendo derechos constitucionales en una ruta que abarca aproximadamente 482 kilómetros y que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa.

(1) Se trata de conflictos diferentes, que no se explican todos por una única razón y que, por lo tanto, requieren también abordajes y soluciones diferentes:

• En el caso del fundo Yavi Yavi, los ciudadanos y ciudadanas de Fuerabamba han ocupado la vía para reclamar el uso de sus tierras en la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa MMG Las Bambas. Ellos señalan que el fundo ha sido una compensación que les dio la empresa por los terrenos utilizados para el tajo abierto de la mina, y que por lo tanto el área donde se ubica la carretera es propiedad privada. Como una manera de reafirmar su posesión sobre el terreno, la comunidad incluso ha procedido a realizar cultivos y construcciones sobre la carretera.
• Sectores de Fuerabamba también están reclamando nulidad de los contratos celebrados hace varios años sobre tierras.
• En el caso del distrito de Velille, la población solicita que éste sea reincorporado como área de Influencia del proyecto minero Las Bambas, a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales que le ocasiona la carretera por donde pasan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada. Este distrito fue considerado como área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante una modificatoria del EIA al descartarse el mineroducto como medio para el transporte de concentrados.
• En el caso de la comunidad de Pisacasa, por ahora, el conflicto no es con la empresa minera, sino con el Estado, que según los dirigentes locales no habría venido cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con los compromisos acordados en cuanto a proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo referido a la compensación por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera.En todos estos casos, existen demandas ambientales y sociales así como expectativas para que la minería se convierta en un elemento dinamizador de la economía local. Junto a ello, en algunos casos específicos existen actores ajenos a las comunidades que promueven demandas inviables motivados por intereses particulares.

(2) En las demandas legítimas existe un factor común: los vacíos legales y los problemas institucionales que requieren ser atendidos con urgencia. A lo largo del corredor minero se realiza el transporte terrestre de concentrados sin que se haya determinado las zonas afectadas por esta actividad, sus impactos y las medidas de mitigación. Al existir ese vacío, tampoco se realiza la fiscalización correspondiente que permita corregir los problemas existentes. Además, la carretera se construyó sin saneamiento físico legal de los predios, pasando en muchos casos por tierras de propiedad de comunal.

(3) En este marco, es importante reconocer los esfuerzos de diálogo que han venido realizando el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales. Pese a esto, los problemas no se han solucionado. Consideramos que ello tiene que ver con una problemática de larga data y con la necesidad de reformas profundas en la gobernanza, con instituciones más eficaces, que realmente nos conduzca a una convivencia pacífica y duradera.

(4) Consideramos que el estado de emergencia no es una salida, pues el descontento permanece y se puede agudizar si es que no se resuelven los problemas de fondo. Además, si bien existen protestas sociales, en algunos tramos, creemos que no tienen la gravedad para justificar un estado de emergencia y menos para extenderlo a todo el corredor minero. Además, creemos que la estrategia de criminalización social que se materializa mediante la presentación de denuncias y la apertura de largos procesos de investigación contra dirigentes y dirigentas no debe continuar pues constituyen una amenaza a los derechos a la libre asociación y organización.

Creemos que el actual gobierno tiene el enorme desafío de emprender un camino nuevo, con una institucionalidad que sea capaz de procesar los conflictos sociales, garantizando los derechos humanos y conciliando de manera adecuada y justa los diversos intereses existentes en la sociedad.

03 de setiembre de 2018