Carta Pública de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos al Presidente Martín Vizcarra

En este contexto, y como instituciones de la sociedad civil que acompañan permanentemente a organizaciones sociales, deseamos transmitirle nuestra preocupación y alarma por la constatación de que muchas empresas vienen vulnerando su deber de respetar los derechos humanos, a nivel nacional y en varias regiones del Perú, durante los 46 días que lleva esta emergencia nacional.

Lima, 30 de abril de 2020

Señores

Presidente de la República

Ing. Martín Vizcarra

 

Vicente Zeballos Salinas

Presidente del Consejo de Ministros

 

María Alva Luperdi

Ministra de Economía y Finanzas

 

Susana Vilca  Achata

Ministra de Energía y Minas

 

Sylvia Cáceres Pizarro

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

 

Sonia Guillen Oneeglio

Ministra de Cultura

 

Víctor Zamora Mesía

Ministro de Salud

 

Ariela Luna Florez

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

 

Fernando Castañeda Portocarrero

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

 

Gastón Rodríguez Limo

Ministro del Interior

 

Walter Martos

Ministro de Defensa

 

Jorge Montenegro Chavesta

Ministerio de Agricultura y Riego

 

Rocío Barrios Alvarado

Ministerio de la Producción

 

Presente.-

Asunto: Solicitamos instalación de espacio de diálogo entre el Estado, los trabajadores, pueblos indígenas y sociedad civil en el marco de la discusión sobre empresas y derechos humanos en el Perú.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, lo saludamos atentamente en nombre de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú, cuya misión es hacer el seguimiento de los impactos en los derechos humanos generados como consecuencia de las actividades de las empresas, y que en el actual contexto de crisis sanitaria nacional generada por el COVID-19, orientar sus esfuerzos al fortalecimiento del ejercicio de estos derechos, con especial énfasis en los de las y los trabajadores del sector formal e informal de la economía, así como de los pueblos indígenas del Perú.

De acuerdo con las normas internacionales que ha ratificado nuestro país, el Estado peruano tiene la obligación de proteger a todas las personas contra las violaciones de sus derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción, ya sea por agentes públicos o por las empresas. En este contexto, y como instituciones de la sociedad civil que acompañan permanentemente a organizaciones sociales, deseamos transmitirle nuestra preocupación y alarma por la constatación de que muchas empresas vienen vulnerando su deber de respetar los derechos humanos, a nivel nacional y en varias regiones del Perú, durante los 46 días que lleva esta emergencia nacional.

Es el caso de aquellas que – incluso sin esperar autorización de las autoridades – han dejado sin empleo a miles de trabajadores, despidiéndolos durante su período de prueba, finiquitando sus contratos temporales durante su vigencia o al fin de su plazo de vencimiento; o, simplemente, despidiéndolos de hecho y sin respetar las mínimas formalidades de ley. Muchas de ellas lo han hecho pese a que en los años pasados obtuvieron ingentes dividendos, imponiendo a sus trabajadores rebajas salariales y/o de beneficios sociales; e, incluso, han suprimido sus ingresos y los de sus familias por medio de la cruel y eufemística “suspensión perfecta de labores” autorizada por su gobierno. Muchos de estos trabajadores han debido costear su supervivencia con sus propios ahorros previsionales a través del uso de sus CTS o de sus fondos en las AFPs.

Muchas de estas empresas, asimismo, han obligado a sus trabajadores a continuar laborando sin ofrecerles condiciones mínimas de bioseguridad, comprometiendo sus vidas, su seguridad personal y la de sus familias, colocándolos en una situación de absoluta indefensión. Sin poder acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo, ni al Poder Judicial. Todo ello, mientras se pone a disposición de las empresas infinitas veces más recursos públicos que los que se ha puesto a disposición de los sectores pobres y sus familias.

En relación a las empresas mineras, si bien han reducido el nivel de sus operaciones, muchas de ellas siguen realizando actividades en contacto con la población y movilizando personal muy cerca de las comunidades en sus zonas de influencia sin ningún tipo de control por parte del Gobierno, de la policía ni del ejército. Además, se han reportado 251 casos de trabajadores contagiados por COVID-19 en varias de las principales empresas mineras en el país, como Antapacay, HudBay, Bateas o Cerro Verde, siendo uno de los reportes más escandalosos el de los trabajadores contagiados de la minera Antamina (Áncash), con 210 trabajadores infectados, un trabajador fallecido, otros en estado grave y en UCI. Antamina ha seguido operando durante el periodo obligatorio de inmovilización, y solo el pasado 13 de abril, ante las evidencias de estos contagios masivos entre sus trabajadores, decidió suspender temporalmente sus actividades.

Con respecto a los pueblos indígenas y el impacto sobre ellos de las actividades petroleras, empresas como Pluspetrol recién han suspendido sus actividades temporalmente en el Lote 8 desde el 18 de abril, debido a que el 70% de personal proviene de Iquitos donde el porcentaje de contagios es alto. Otro caso es la petrolera Perenco en Loreto, que tiene a sus trabajadores transitando continuamente por ríos en cuyos márgenes habitan comunidades nativas. Similar situación se presenta en el caso de Petrotal (Lote 95), también ubicada en Loreto; y en Ucayali, la empresa Ochosur P SAC, que viene realizando tala y producción de palma, afectando directamente a la comunidad de Santa Clara de Uchunya.

En el ámbito de la agroexportación, actividad empresarial cuya producción se exporta en gran medida a los mercados internacionales, se ha seguido movilizando y reclutando a cientos de trabajadores durante el periodo de cuarentena. Regiones como Lambayeque o Ica – donde una de sus principales actividades es la agroexportación, beneficiada en los últimos años con una política laboral que vulnera los derechos laborales – se han convertido en focos de riesgo para la salud de los trabajadores, constituyéndose en zonas en donde la pandemia se ha vuelto más agresiva y letal.

A partir de este escenario de vulneraciones o potenciales vulneraciones a los derechos humanos generados por empresas en este marco de emergencia sanitaria exigimos:

Que el estado sancione dentro de los marcos legales internaciones y nacionales a las empresas que han vulnerado los derechos de miles de ciudadanos peruanos en este tiempo de crisis sanitaria y de la misma manera pedimos, que se realicen todas las acciones de fiscalización que permitan proteger a los trabajadores de la amenaza de vulneración de sus derechos por parte de los diversos sectores empresariales. Así mismo para los pueblos indígenas que se aprueben medidas específicas desde el Estado para su atención desde un enfoque intercultural y respetando sus derechos de autonomía y territorialidad.

Que en la discusión del alcance de la reactivación económica se prevea que las empresas puedan reducir su producción limitando el impacto de la movilidad de trabajadores así como los altos niveles de contaminación que hasta ahora han provocado frecuentemente que ríos y territorios se vean contaminados, lo  mismo que miles de personas se vean afectadas por metales tóxicos. Y asimismo, que todas  las actividades empresariales se subordinen inmediatamente a los protocolos de bioseguridad – tanto para los trabajadores, como para las comunidades impactadas por sus  actividades – de modo que se garantice salud y vida.

Sumada a estas demandas, Señor Presidente, queremos señalar que esta emergencia sanitaria constituye una gran oportunidad para convertir el espacio multi-actor conformado a partir de la discusión del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos,  en un real y genuino espacio de dialogo nacional con la participación de organizaciones nacionales de representación gremial, pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones sociales y sociedad civil, donde se pueda discutir no sólo un plan sino una política nacional que coloque en su centro a los derechos humanos y no sólo la protección del lucro de las actividades empresariales como ha ocurrido hasta ahora en el país.

Agradeciendo anticipadamente la atención que dispense a la presente y, en espera de su gentil respuesta, nos suscribimos de Usted.

                                        Atentamente,

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS -CNDDHH

PLATAFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

PLATAFORMA NACIONAL DE SALUD, AMBIENTAL Y HUMANA

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CGTP

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ – ONAMIAP

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CUT

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERU – CTP

Central Autónoma de Trabajadores del Perú -CATP

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO –FENTAP

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE AGROINDUSTRIA Y AFINES – FENTAGRO

SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGROKASA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGRÍCOLA CHAPI

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MONSANTO PERÚ – ICA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALGODÓN JUAN VELASCO ALVARADO

FEDERACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES USUARIOS DEL AGUA– FREPOAGUA

FEDERACION DE TRABAJADORES DEL SECTOR COMUNICACIONES DEL PERÚ – FETRATEL

PLATAFORMA INDÍGENA AMAZÓNICA SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

PLATAFORMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL -POT

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE -ORPIO

ORGANIZACION REGIONAL DE LA ASOCIACION INTER-ETNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA UCAYALI – ORAU

COORDINADORA REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SAN LORENZO -CORPI-SL

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA NORTE DEL PERÚ -ORPIAN –P

CONSEJO MACHIGUENGA DEL RÍO URUBAMBA – COMARU

RED MUQUI

RED PERUANA POR UNA GLOBALIZACIÓN CON EQUIDAD – REDGE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS – ANC

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ICA – CODEHICA

COOPERACCIÓN

DERECHO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – DAR

DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERA – DHSF

COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL –CEAS

INSTITUTO DEL BIEN COMÚN – IBC

OXFAM EN PERÚ

DIAKONIA

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS -PERÚ EQUIDAD

PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO- PLADES

REDAD

EARTH RIGHTS INTERNATIONAL -ERI

FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO -FEDEPAZ

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS – APRODEH

CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA- CAAAP

COMISIÓN DE JUSTICIA SOCIAL  -CSJ

PROYECTO AMIGO

DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE  -DHUMA

ASOCIACIÓN SER

GRUFIDES

COMISIÓN DE SOLIDARIDAD, DESARROLLO Y JUSTICIA (COSDEJ)

TIERRA ACTIVA PERÚ –TAP

COLEGIO DE GEOGRAFOS DEL PERÚ –CGP