Vacíos y desequilibrios detrás de la ideología de la competitividad

César Flores y Paul E. Maquet

Esta semana el Instituto Peruano de Economía (IPE) hizo público un estudio en el que analiza los planes de gobierno de algunos de los principales candidatos presidenciales, tomando como criterio de análisis cinco “pilares para la competitividad”[1]. Esos pilares son: estabilidad macroeconómica; apertura comercial y de inversiones; libertad económica; democracia e instituciones; y rol subsidiario del Estado, igualdad de oportunidades y redistribución.

Imagen: Peru retail

No llama la atención que el análisis del IPE esté sesgado hacia una perspectiva liberal o neoliberal de la economía, que es el marco doctrinal que defiende esta institución. Así, por ejemplo, considera la “apertura comercial y de inversiones” como algo bueno en sí mismo, sin considerar la existencia de riesgos como el dumping que perjudica a importantes sectores productivos, o como los tratados de inversión que ponen las controversias Estado-privado en manos de tribunales de arbitraje internacionales. En un sentido similar, defienden el rol subsidiario del Estado, sin dedicarle ni una línea a la importancia de su rol planificador para lograr un desarrollo armónico y ordenado.

Lo que sí llama la atención es que, en pleno siglo XXI, el análisis de esta institución presente vacíos en temas que, a estas alturas, son indispensables para garantizar la competitividad y el bienestar.

Imagen: IPE

Uno de esos vacíos evidentes es el ambiental. ¿Cómo podría evaluarse que un país es “competitivo” sin tomar en cuenta sus políticas ambientales? El documento no tiene ni una sola línea dedicada a lo ambiental ni al cambio climático, factores que son determinantes no sólo para la salud y la vida de las personas y los ecosistemas, sino también para la propia economía. Un análisis del Banco Mundial para el año 2006 estimó en aproximadamente 4% del PBI las pérdidas económicas anuales por degradación ambiental[2], y la CEPAL estima una posible pérdida de 10.7% del PBI per cápita peruano al año 2050 a causa del cambio climático[3]. A nivel oficial ya se reconoce que la sostenibilidad ambiental es clave para la economía, e incluso el Plan Nacional de Competitividad tiene entre sus nueve ejes el “Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas”[4].

No se entiende cómo el IPE puede analizar la competitividad del país sin evaluar las políticas para evitar la degradación ambiental y enfrentar el cambio climático. ¿Cómo puede ser competitivo un país con sus ríos contaminados con metales pesados, con poblaciones enteras afectadas por exposición a contaminación de origen minero o petrolero, con la tala y la minería ilegal destruyendo la Amazonía, sin inversión decidida en energías limpias y renovables? Que este tema permanezca como un punto ciego en el análisis económico es, a estas alturas, inconcebible.

Por otro lado, si bien la competitividad es importante en términos económicos, no es el único factor a tomar en cuenta.

El Perú tuvo 20 años de crecimiento económico, incluso por encima del promedio en América Latina. Se habló del “milagro peruano”, pero era evidente que vivíamos y continuamos viviendo en un período muy largo de profundos desequilibrios. Existe un consenso de que la pandemia ha desnudado todas nuestras debilidades, estas frente a las cuales se hizo muy poco en las últimas décadas.

El centro del debate debe orientarse en corregir esta mirada profundamente desequilibrada de nuestra sociedad y de nuestros retos por delante. En el plano internacional, un país sólo es viable si le da un mismo peso o atención a los siguientes tres ejes: gobernabilidad, derechos ciudadanos y competitividad. En el Perú, sin embargo, los últimos gobiernos claramente han puesto el énfasis en el eje de competitividad, dejando muy atrás a los ejes de derechos ciudadanos y gobernabilidad.

Un índice “saludable” para la evaluación del país al menos debería darle igual importancia a cada uno de estos tres ejes. Los pilares del IPE, orientados a la competitividad, son uno más de los varios ejemplos de este desequilibrio conceptual por parte de influenciadores y tomadores de decisión cercanos a las esferas de gobierno en los 30 últimos años. Un desequilibrio cuyo fruto son ya más de 140 mil fallecidos por la pandemia a inicios de abril del 2021. Si hemos liderado el crecimiento económico en América Latina ¿por qué tenemos el ratio más alto de muertos por millón de habitantes en el mundo? A pesar de esta catastrófica realidad, el principal argumento de estos actores es que debemos seguir creciendo económicamente y a eso le dedican el 90% de atención ¿y lo demás? Dicen que todo lo demás llegará sólo cuando haya “más plata”.

Este desequilibrio también sucede a nivel de políticas en algunos sectores económicos peruanos que paradójicamente ya han crecido mucho y son exitosos internacionalmente. Por ejemplo, hace un par de años se propuso revisar la ley de minería (ley aprobada a inicios de los 90s) debido a que no era capaz de resolver los numerosos conflictos sociales relacionados a la minería. Fue interesante verificar entonces que más del 90% de los artículos de esa ley estaban destinados especialmente a regular los procesos productivos y promover la inversión minera, sin casi nada escrito en ella a favor de la protección ambiental y atención de comunidades y poblaciones con el fin de prevenir conflictos sociales.

A inicios de año la Defensoría registraba 83 conflictos sociales debido a actividades mineras (43% del total de conflictos), sin embargo, y tal como lo ha hecho históricamente el IPE e instituciones afines continúan focalizados sólo en promover la inversión minera cuando se acercan a este sector, desconociendo el largo fracaso de una republicana peruana sin ciudadanía plena. En su documento, el IPE no dedica ni una línea a analizar si las propuestas planteadas por los candidatos presidenciales pueden atizar la conflictividad social o, por el contrario, promover el diálogo y la transformación de conflictos. Para lograr esto último, es de suma importancia apostar por el ordenamiento territorial y por procesos reales y transparentes de consulta previa y participación ciudadana.

En suma, el análisis del IPE sobre las propuestas económicas de los partidos que postulan en estas elecciones no solo es sesgado, sino además tiene una visión limitada de la competitividad, que no toma en cuenta el desafío ambiental, y que no toma en cuenta los factores de la gobernabilidad y los derechos ciudadanos como ejes centrales para el desarrollo del país.

Tenemos que ser mucho más exigentes en la evaluación de las propuestas de política pública, demandando a los candidatos y candidatas que incorporen propuestas en estos ámbitos y que sean capaces de garantizar un mejor país para las siguientes generaciones.

[1]     https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2021/04/analisis_planes_de_gobierno_2021_vf.pdf

[2]     https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/BM_Peru_un_pais_diferente.pdf

[3]     https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45677/1/S1900711_es.pdf

[4]     https://www.mef.gob.pe/concdecompetitividad/Plan_Nacional_de_Competitividad_y_Productividad_PNCP.pdf

09 de abril de 2021