Se sigue postergando juicio a defensores por caso Las Bambas

Yamily Guerrero

El 19 de Setiembre de 2022, el Juzgado Unipersonal de Cotabambas citó a audiencia para el inicio del juicio oral contra 15 defensores ambientales de la provincia. Se trata de líderes criminalizados a quienes se les abrió investigación el año 2015 (carpeta 211-2015) por la supuesta autoría mediata (no directa) de cinco delitos (disturbios, daños agravados, entorpecimiento a las vías de comunicación, asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada). Esta acusación se basa solamente en su condición de dirigentes durante las protestas ocurridas ese año. La razón de las movilizaciones fue la aprobación de varias modificaciones inconsultas del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas que, entre otras cosas, cambió el medio de transporte de los concentrados de un mineroducto a una carretera sin asfaltar.

Imagen referencial: Aprodeh

Inicialmente la Fiscalía decidió el sobreseimiento y, por tanto, no acusar por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada, formulando acusación solo por los delitos de disturbios, daños agravados y entorpecimiento a las vías de comunicación.

En el día y hora en que el Juzgado citó a audiencia virtual a través de la plataforma meet, hubo falta de fluido eléctrico en Tambobamba y la demora en su restitución afectó sobre todo al acusado Juan Pablo Cconislla Gallegos, quien no podía ingresar por cuanto la red de su teleoperador no se activaba.

Consultados los abogados, el abogado de la empresa planteó que el Juez actuara conforme a ley. Cabe precisar que la ley señala que cuando un acusado no se presenta en la audiencia a la que ha sido válidamente citado puede ser declarado reo contumaz y se puede ordenar su detención.

Debido a que se trataba de una situación ajena al control y voluntad del procesado, el abogado a cargo de la defensa de los dirigentes, David Velazco, solicitó un tiempo de gracia que permitiese al acusado lograr conectarse.

Luego de resolverse dicha situación y con todos los acusados y sus abogados presentes en la sala virtual, así como los demás participantes, el juez procedió a dar inicio a la audiencia.

Sin embargo, en ese momento, el abogado de la empresa minera Las Bambas manifestó que habían apelado el sobreseimiento del delito de usurpación agravada, informando que hasta la fecha la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac -con sede en Abancay- no había resuelto su petitorio de definir si se incluye o no en el juicio el delito de usurpación en su modalidad agravada.

Ante tal anuncio, la defensa técnica de los acusados solicitó que, antes de dar continuidad a la audiencia, el juzgado tome conocimiento del estado de la apelación y luego resuelva a fin de no afectar el desarrollo y validez del proceso. Frente a ello, el juzgado ordenó que se solicite dicha información, suspendiendo la audiencia y reprogramándola para el día 29 de setiembre a las 2:30 p.m.

Estas demoras o suspensiones desgastan emocionalmente a los defensores criminalizados, quienes llevan siete años en espera de justicia. Además, se les perjudica laboralmente, pues para cada diligencia que se programa tienen que solicitar permiso a sus empleadores o dejar de atender sus actividades productivas o domésticas.

Esta injusta persecución penal que sufren las personas defensoras suele ser impulsada por el Ministerio Público y las empresas, como en este caso, que se inició con una denuncia interpuesta por Las Bambas y con una intervención que se mantiene en el tiempo, valiéndose de un conjunto de abogados.

La utilización de los tipos penales mencionados, con acusaciones imprecisas o falsas y con pruebas insuficientes o inexistentes revela un sistema penal injusto y arbitrario que no opera igual en todos los casos.

Resulta pertinente señalar además que, hasta la fecha, no hay avances en las investigaciones de las tres personas que fueron asesinadas en las protestas de los años 2015 y 2016.

Finalmente, queremos señalar que la protesta es un derecho fundamental y constituye un elemento esencial para la consolidación de un Estado de derecho que garantice y proteja el derecho individual y colectivo de expresar públicamente opiniones, desacuerdos, exigencias y demandas, en defensa de la democracia y los derechos humanos. Resulta especialmente preocupante que en el Perú las protestas vinculadas a temas socioambientales, según la Defensoría del Pueblo, signifiquen cerca del 70% de todos los conflictos sociales ocurridos en el país en la última década, generalmente como una reacción de los afectados frente a la ausencia del Estado o al comportamiento abusivo y la ausencia de estándares mínimos de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas.

22 de septiembre de 2022