Los retos de la minería en el próximo quinquenio

 


Imagen: Derechos Humanos Sin Fronteras

Por José De Echave

La semana pasada participé en una mesa donde estaban algunos representantes de empresas mineras. El eje de la reflexión y las principales interrogantes giraron en torno a los resultados electorales, precisamente en las zonas de influencia de esta actividad. ¿Por qué en zonas como la del denominado corredor minero del sur se había votado de manera clara y contundente por el profesor Pedro Castillo? ¿Qué es lo que explica un comportamiento de este tipo?

A continuación vamos a plantear algunas hipótesis sobre lo ocurrido y algunos de los desafíos pendientes que tiene la actividad minera en el país.

  • Lo primero que habría que subrayar es que no es la primera vez que se produce un resultado de este tipo. Para no perdernos en la historia podemos citar los últimos procesos de elecciones generales: ocurrió en el 2006 con la primera versión de Humala; volvió a ocurrir en el 2011 y también en el 2016, sobre todo en la primera vuelta electoral. Además, en las elecciones subnacionales también se puede apreciar el mismo comportamiento. El mapa de los resultados electorales a favor de candidatos que cuestionan abiertamente el modelo coincide plenamente con el mapa de la conflictividad social y de la presencia de inversiones extractivas. Todo indica que hay una agenda pendiente que en los últimos 25 años el país no ha tenido la capacidad de identificar plenamente y menos aún atender.
  • La falta de respuesta a esa agenda pendiente se debe en gran medida a la presión de diferentes grupos de interés en contra del cambio. Preservar en lo sustantivo el modelo heredado desde los 90 e impedir cualquier variación sustantiva ha sido una prioridad para sectores entre los que, por supuesto, figuran las empresas mineras. Si uno revisa la actuación del empresariado minero ha sido una constante en las tres últimas décadas: a inicios de los 90 se opusieron abiertamente a la creación de los estudios de impacto ambiental, bajo el hoy increíble argumento de que iban a afectar las inversiones. Posteriormente, no estuvieron a favor de la creación del Ministerio del Ambiente y de sus organismos adscritos, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). En materia fiscal y tributaria se opusieron a la creación del impuesto a las sobre ganancias y al mismo tiempo a la ley de regalías: por ejemplo, en el caso de las regalías, el argumento central era que la ley le restaba competitividad al sector. De hecho, una vez aprobada la norma, 20 empresas mineras interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial y el presidente de la SNMPE presentó una acción de inconstitucionalidad contra la misma. No obstante, en el 2005 el Tribunal Constitucional emitió un fallo determinando que la regalía se ajustaba a la Constitución. Por supuesto, las inversiones no se espantaron y después de la aprobación de la ley de regalías, estas se multiplicaron en lo que ha sido el mayor ciclo expansivo de inversión en minería que permitió duplicar la producción de cobre en el país.
  • Similares posiciones tuvieron frente a otros intentos de cambios en materia ambiental y los relacionados con algunos beneficios tributarios e incluso la norma anti elusión tributaria. Está claro que mientras que las poblaciones en las zonas de influencia esperan cambios sustantivos en las reglas de juego, las empresas mineras tratan de impedirlos y buscan que el modelo no sea tocado, salvo algunos cambios cosméticos. ¿Este rechazo a implementar reformas está a la base de la permanente conflictividad social en las zonas de influencia de la actividad minera y de la manera cómo votan las poblaciones de estos territorios? Todo indica que sí habría una correlación y que es una pista que debe ser trabajada para definir algunas iniciativas en materia de políticas públicas que hacen falta desde hace tiempo. Sin embargo, la resistencia es muy fuerte del lado empresarial y hasta el momento se rechaza cualquier cambio. No entienden que las reformas son necesarias e incluso serían beneficiosas para sus propios intereses.
  • Los ciclos expansivos de la minería con precios altos -como el período 2003-2012- han estado acompañados de una fuerte conflictividad social. Lo que pasó fue que ante el contexto de precios altos se ejerció una fuerte presión para sacar adelante el mayor número de proyectos mineros. Esa enorme presión en los territorios disparó el número y la intensidad de los conflictos sociales: fueron los años de los estallidos en el Cerro Quilish (2003); Espinar (2005 y 2012); Río Blanco (2007), Tía María (2011 y 2014), Conga (2011), entre varios otros casos. ¿Es posible que algo así vuelva a ocurrir en este nuevo período? Si se pretende abordar las cosas de la misma manera, es decir si van a presionar para agilizar las inversiones de proyectos extractivos sin tomar en cuenta las legítimas preocupaciones de las poblaciones, los conflictos se volverán a disparar, en número e intensidad.
  • Harían bien las empresas mineras en aceptar los necesarios aires reformistas que el país necesita, sobre todo en materia ambiental y tributaria. Es impostergable hablar de reformas; sin ellas se van a seguir reproduciendo los escenarios que hemos visto en las dos últimas décadas de continuos estallidos y permanente tensión social en los territorios.
  • El nuevo ciclo de precios de las materias primas, al margen de cuánto dure, debe ser distinto al previo y debería mostrar una nueva relación de la minería con el país. Para ello, las empresas deberían allanarse a reformas ambientales, buscando fortalecer la institucionalidad del sector, los diversos procedimientos y las políticas públicas que están haciendo falta; se deberían fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas; y se debería aplicar un impuesto a las sobreganancias y una regalía sobre el valor de ventas.

En suma se necesita un gran acuerdo nacional en torno a la minería que permita identificar los equilibrios que están haciendo falta. El sector empresarial minero debería sacar las lecciones del pasado y aceptar los ajustes que se reclaman desde los territorios.

 

5 de julio del 2021