Los conflictos como oportunidad

Cuando estalla un conflicto social, vemos el síntoma de un problema que no se ha podido resolver  usando los mecanismos institucionales. Mal haríamos en atacar al mensajero y no identificar qué está fallando. Un ejemplo de esto es el conflicto en tres provincias de Ayacucho, que derivó en un acuerdo entre la población y el Gobierno que tanto ha preocupado a algunos empresarios. El caso, registrado por la Defensoría hace más de tres años, muestra un deficiente funcionamiento de dos procesos institucionales: la delimitación de cabeceras de cuenca y el cierre de minas.

Las cuatro unidades mineras de la discordia tienen plazos aprobados para el cierre de minas. Sin duda, las empresas pueden solicitar su ampliación ante las entidades competentes. Pero es evidente que están fallando, por lo menos, dos aspectos: por un lado, la poca información y participación que tienen las comunidades del entorno; y en segundo lugar, la necesidad de incorporar criterios referidos al comportamiento ambiental y de relaciones comunitarias en la evaluación que se hace sobre estas solicitudes.

En cuanto a las cabeceras de cuenca, cabe recordar que el 2017 el Congreso aprobó una Ley que obligaba a la Autoridad Nacional del Agua a elaborar un marco metodológico para delimitar estos ecosistemas vitales. Sin embargo, recién este año la ANA culminó ese encargo, y ha tenido que estallar el conflicto en Ayacucho para que se decida empezar a implementarlo como piloto. Los tiempos burocráticos no tienen la misma urgencia que las demandas sociales.

Esta delimitación debe ir de la mano con la Ley de Ordenamiento Territorial anunciada por Mirtha Vásquez ante el legislativo.

Así como el Perú es un gran productor minero, también es un gran productor de conflictos ambientales. Identificar estos nudos críticos que no están funcionando bien nos ayudará a resolver esos conflictos antes de que estallen.

Publicado en La República el 25 de noviembre de 2021