Las Bambas y las responsabilidades compartidas

Imagen: Diario Gestión

Por José De Echave

Un nuevo capítulo de la larga lista de conflictos sociales en la zona del denominado corredor minero del sur ha estallado nuevamente. En esta ocasión ha ocurrido en la zona de Velille y Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas en el Cusco, a unos 200 kilómetros de la operación de extracción de la mina Las Bambas.

Después de haber escuchado a varios voceros empresariales y leído el comunicado de la empresa MMG, es necesario completar la historia para tener mayores precisiones sobre lo que viene pasando en la zona. Es importante, también, tener en cuenta algunas resoluciones de organismos del Estado peruano que hasta el momento no se han cumplido.

Por ejemplo, algo que no ha sido mencionado por la empresa ni por los voceros de la Sociedad Nacional de Minería es que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió una resolución el año pasado sobre el tema de la carretera en la que se señala que la empresa debe hacer una modificatoria del estudio de impacto ambiental (MEIA). El OEFA ha pedido que se establezca la zona de influencia del transporte minero, los impactos que se producen y las medidas para mitigar el daño.

Como señala Ana Leyva[1], no se debe perder de vista que la actividad del transporte de minerales forma parte de la cadena de valor de una operación minera. Por lo tanto, si esta actividad genera impactos, a la empresa le toca asumir esos daños. ¿La empresa ya hizo su tarea y ha presentado la nueva modificatoria del estudio de impacto ambiental solicitada por el OEFA? Hasta donde tenemos entendido, esto no ha ocurrido. Por lo tanto, la bola sigue estando en la cancha de la empresa: debe presentar la propuesta de modificatoria del estudio de impacto ambiental para que sea evaluada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es la autoridad competente que finalmente deberá determinar el nivel impacto en las poblaciones y si estas deben ser consideradas como zonas de influencia directa o indirecta.

Dicho esto, está claro que los impactos en la zona de influencia directa de la operación de extracción minera no son comparables con los impactos del transporte. Pero, sin duda, estos también deberían ser mitigados. No es sostenible seguir manteniendo la carretera en el estado actual y se tiene que evaluar alternativas para el transporte del mineral.

Finalmente, queremos referirnos a la manera cómo se viene presentando en estas últimas semanas la ola de conflictos sociales vinculados a la minería en los medios de comunicación. Lo primero que hay que decir es que desde mediados de la década del 90 del siglo pasado, todos los gobiernos han enfrentado momentos de conflictividad social al alza, como viene ocurriendo en la actualidad: los informes de la Defensoría del Pueblo nos recuerdan que en las últimas décadas la principal fuente de conflictividad social ha sido la minería. Las limitaciones son de ahora y de antes. Todos los gobiernos han mostrado serias limitaciones para enfrentar los problemas que subyacen detrás de los conflictos. Por eso, un buen número de conflictos se repiten cada cierto tiempo.

Este no es el período de mayor conflictividad social vinculado a la minería. El período de mayor conflictividad fue durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). En el caso de Las Bambas, la propia empresa ha señalado que desde que inició sus operaciones en el 2016, ha sufrido 400 días de bloqueo de la carretera (lo que no significa que en esos 400 días la producción ha estado parada). Por lo tanto, conflictos mineros como el de Las Bambas trascienden a los gobiernos y son una evidencia de que las reglas de juego se han agotado y hay que ajustarlas. Debemos discutir en serio y a fondo cómo mejoramos esas reglas de juego.

6 de diciembre del 2021

[1] Abogada de CooperAccion, especialista en procedimientos mineros.