La aprobación del presupuesto, la asignación de recursos y la necesidad de generar mayores ingresos

Josselin Yauri

En medio de la crisis política que vivimos, no debemos olvidar algunos temas claves. Por ejemplo, el presupuesto para el año 2023 -aprobado a fin de noviembre- ha presentado algunos sucesos en su proceso de evaluación que resulta interesante analizar.

Imagen: Congreso del Perú

Como se sabe, de acuerdo a la normativa establecida, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el encargado de elaborar cada año el proyecto de ley de presupuesto para el siguiente período fiscal. Este proyecto se sustenta a fines de agosto ante la Comisión de Presupuesto del Congreso y, luego, el Poder Legislativo cuenta con un plazo hasta el 30 de noviembre para debatirlo y aprobarlo.

En ese sentido, al evaluar el proyecto de ley para el presupuesto 2023, el Congreso realizó ajustes y aprobó un dictamen en el que se incluyeron gastos adicionales por un total de 1164 millones de soles[1]. El financiamiento de estos gastos extras se obtendría por medio de la Reserva de Contingencia, la cual se constituye como un crédito presupuestario global que pertenece al presupuesto del MEF y que está destinada a financiar gastos que no pueden ser previstos, por su naturaleza o coyuntura, en los presupuestos de los pliegos (Decreto Legislativo N° 1440).

Cabe señalar que el MEF rechazaba los gastos adicionales que se habían incluido en el dictamen, ya que se estaría tomando riesgos significativos al utilizar fondos de la reserva de contingencia. Sin embargo, al estar de acuerdo con que este presupuesto adicional sería destinado a cubrir demandas sociales (como al vaso de leche, ollas comunes, entre otros), planteó una alternativa que ayudaría a cubrir esos gastos sin afectar el equilibrio fiscal. Es así que se estableció que algunos ministerios tendrían la opción de reasignar su presupuesto con el objetivo de cubrir las necesidades planteadas. Por ejemplo, se autorizó lo siguiente:

  • El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social puede realizar modificaciones presupuestarias hasta por una suma de 100 millones de soles a favor de los gobiernos locales con el objetivo de financiar el Programa del Vaso de Leche.
  • El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por medio del Programa Qali Warma, está autorizado a adquirir alimentos para ser destinados a las ollas comunes, por una suma de 100 millones de soles.
  • El Ministerio de Educación tiene la aprobación para efectuar modificaciones presupuestarias a favor de los gobiernos regionales por un monto de cerca de 187 millones de soles para el incremento de la remuneración de los auxiliares de educación.

Con estos ajustes y precisiones, el pasado 30 de noviembre se aprobó finalmente el presupuesto para el 2023 con un monto de 214 790 millones de soles, lo que representa un incremento de 9% en comparación con el presupuesto de 2022. El aumento es el mayor observado en los últimos cinco años. Sin embargo, el exministro de Economía, Pedro Francke[2], mencionó que, dados los niveles de inflación de este año, el impacto del incremento podría verse limitado.

Además, la reasignación de presupuesto estaría disminuyendo el monto disponible para otras medidas en el sector al que pertenecen los programas beneficiados. Es decir, se estaría “quitando a uno para ayudar a otro”, lo cual no es la mejor alternativa, ya que se trata de sectores relevantes para la población con necesidades ya presupuestadas a ser cubiertas.

En adición, hay demandas de la población que no han sido consideradas adecuadamente dentro de la asignación de presupuesto para el 2023. Una de ellas es el presupuesto para promover la protección de los defensores ambientales: se ha estimado que el presupuesto asignado para cubrir las necesidades de este grupo de población ascendió a 45 mil soles en el presupuesto de 2022. Por ello, el 30 de noviembre los activistas realizaron un plantón en las puertas del Congreso solicitando una asignación en el presupuesto 2023 de 70 millones de soles adicionales[3]. De este monto, se solicitaba que 50 millones se asignen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 20 millones al Ministerio del Interior, dado que no cuentan con una partida estatal específica. Lamentablemente, su demanda no fue considerada y no se incrementó el presupuesto para salvaguardar la vida de los defensores ambientales.

Asimismo, se ha observado una reducción en el presupuesto total asignado para acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación por metales pesados. En 2022, se asignó por primera vez dentro del presupuesto un monto cercano a 50.7 millones de soles para cubrir esta necesidad, priorizando algunos territorios como Espinar y Cerro de Pasco. En el presupuesto 2023, el monto asignado fue cerca de 11.9 millones de soles, inicialmente. Con los ajustes realizados por el Congreso que se aprobaron en consenso con el MEF, se añadió 10 millones de soles para la implementación del Plan de salud integral e intercultural y monitoreo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira. A pesar del incremento, el monto total es menos del 50% de lo asignado en 2022.

Con todo ello, surge el cuestionamiento de si la no consideración dentro del presupuesto de estas necesidades mencionadas y otras más que son de gran prioridad, se deben a la falta de recursos. El ahora exministro, Kurt Burneo, sostuvo en la sustentación del proyecto de ley ante el Congreso que “con buena voluntad se incrementa el gasto para atender demandas sociales, pero hay que ser prudentes, porque si los ingresos no crecen o si los egresos no están debidamente financiados, tomaremos un riesgo importante”. Además, resaltó que el presupuesto se arma en función a proyecciones, por lo que, ante la incertidumbre que genera la situación actual de la economía mundial, con una tendencia a menores tasas de crecimiento, es posible que sea necesario un ajuste de los recursos ordinarios y una menor recaudación el próximo año.

En ese sentido, se podría indicar que la falta de consideración de necesidades de la población en el presupuesto 2023 se debe en gran parte a la incertidumbre sobre los niveles de ingresos para el próximo año. Hay una tendencia a la baja, principalmente, por factores externos. Pero, debido a que no se puede controlar ello, se podrían plantear medidas internas que mejoren los niveles de ingresos del Estado. Es aquí cuando es bueno recordar la relevancia de la puesta en agenda de una reforma tributaria.

Según el estudio realizado por el Grupo Justicia Fiscal (GJF) en base a la investigación del FMI, se había proyectado que, con una reforma tributaria en el sector minero, la recaudación se incrementaría entre US$ 853 y US$ 1154 millones en los próximos cinco años. Estos ingresos serían de gran ayuda para cubrir las necesidades de la población de alta prioridad y evitar reasignación de gastos o no consideración de algunos.

Habrá que ver qué puede pasar en este campo con el nuevo gabinete. Cabe recordar que el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, fue viceministro de Economía cuando Pedro Francke impulsó la propuesta de reforma tributaria en los primeros meses del gobierno de Castillo. Se recuerda que el ahora ministro fue uno de los voceros del MEF que defendió la la reforma, tanto en el Congreso de la República como en diversos medios de comunicación. comunicación.

[1] http://elperuano.pe/noticia/197926-propuesta-legislativa-desequilibra-cuentas-publicas-en-s-1614-mllns
[2] https://pedrofrancke.com/2022/11/28/entrevista-con-fernando-carvallo-sobre-el-presupuesto-2023-28-noviembre-2022/
[3] https://cooperaccion.org.pe/recursos-que-destinara-el-gobierno-para-proteger-a-los-defensores-ambientales-son-insuficientes/

19 de diciembre de 2022