El desencuentro entre lo legal y lo ético en las elecciones peruanas

Ana Leyva

Soy abogada que trabaja temas ambientales y siempre he visto a gente con poder, dinero o corrupta presionar sobre la institucionalidad para arrebatar a las comunidades o poblaciones rurales su territorio, limitar su acceso a recursos naturales u otros derechos.  Siempre con ellas hemos dado la pelea, pero a la vez hemos sentido mucha frustración porque en la gran mayoría de casos poco importa la solidez de los argumentos, generalmente el poder se impone.  En estos casos, las firmas de abogados suelen ser una pieza fundamental porque intervienen en la producción normativa, en su interpretación y en el funcionamiento institucional. También juegan un rol gravitante los medios de comunicación, porque ellos influirán en la definición de lo que es la verdad, lo justo e injusto, y las víctimas y sus victimarios.

Imagen: AS Perú

Eso mismo que he presenciado durante años, lo veo ahora, teniendo como protagonistas a  Fuerza Popular y sus aliados  con el propósito de apropiarse o invalidar el voto popular. Para lograrlo vienen desplegando una estrategia jurídica y comunicacional sin límites, ante la cual, las instituciones competentes que deben resolver los recursos legales se ven desbordadas y neutralizadas, dejando la impresión de que nadie puede hacer nada para detenerlos.

Esa estrategia legal, con el tiempo se ha ido haciendo más evidente. Ante una elección perdida por estrecho margen, en la cual las impugnaciones de votos en mesa eran insuficientes para cambiar los resultados, Fuerza Popular y sus aliados, mediante recursos legales buscan instalar un discurso que permita poner en tela de juicio la legitimidad del triunfo en las urnas de Pedro Castillo y hacer inviable su asunción a la Presidencia de la República. Para ello utilizaron la figura de la nulidad sobre actas completas, mediante dos rutas. Una que plantea nulidades dentro del plazo de impugnación a sabiendas que la gran mayoría de ellas no cumplen los requisitos para ser admitidas a trámite o carecen de elementos probatorios y en conjunto, matemáticamente, no les va a permitir revertir el resultado final de la elección. Evidentemente, éstas se presentaron para crear un manto de duda en la ciudadanía sobre los resultados electorales y retrasar la proclama del ganador.

La segunda ruta fue la de las nulidades fuera de plazo. Los abogados sabían que serían desestimadas, pero igual las presentaron. Todo indica que lo hicieron para generar la sensación de elección ilegítima y hacer tambalear la institucionalidad electoral que sostiene que las elecciones han sido limpias y transparentes. Qué se viene ahora, probablemente demandas de amparo, con solicitud de medida cautelar, que tal vez consistan en pedir que no se proclame ganador a Pedro Castillo hasta que las demandas sean resueltas.

Gran parte de los medios de comunicación han respaldado dichos actos de manera indirecta. Repiten hasta el cansancio que Keiko Fujimori tiene el derecho de presentar las impugnaciones o demandas que quiera. Lo que no dicen es que esos actos son éticamente reprobables.  La razón de  ello es que, sabiendo que matemáticamente el resultado no puede ser cambiado y que la decisión de Keiko Fujimori de no aceptar los resultados genera inestabilidad política y debilitamiento institucional, no la critican, buscan  normalizar esta situación.

Además, para aparentar una falsa imparcialidad equiparan a Castillo con Fujimori. Las situaciones de sus agrupaciones políticas no son equiparables y tratarlos como si lo fueran, también es un problema ético. Fuerza Popular utiliza una cantidad de recursos muy grandes: moviliza personas, muchas de ellas pagadas, tiene el apoyo de gran parte de los medios, un ejército de abogados y de gente que maneja redes, sin que sea claro la procedencia de esos recursos. Frente a un profesor de escuela primaria que notoriamente utiliza muy pocos recursos. Además, esos medios consideran que darle la oportunidad de hablar a algunos de los voceros de Perú Libre es la mayor muestra de imparcialidad. Pero lo que solemos ver son entrevistas cargadas de agresividad, que siempre se detienen en sus debilidades, no buscando que mejore, que sería lo ideal, sino para utilizar sus errores a fin de justificar la decisión de destruirlo políticamente.

En ese comportamiento, se sobredimensionan los errores de un lado, para repetirlos hasta el cansancio, y se minimizan los del otro, dejándolos pasar. Un ejemplo muy claro es que Keiko Fujimori y muchas personas de su entorno tienen procesos judiciales sin que hayan realizado un deslinde, sin embargo, sobre ese tema, en esos medios, no se dice nada. Todo lo contrario sucede cuando se trata de Castillo, se levanta permanentemente la figura de Secretario General de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que también tiene un proceso judicial por corrupción, dejando de lado que éste se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la carrera pública, y que Castillo, en muchas oportunidades ha deslindado y marcado distancia de él.  Puede ser que esto sea insuficiente, pero lo que llama la atención es que del otro lado, no se toca el tema ni se le exije nada.

Frente a todo lo que ocurre me queda claro que, a 200 años de la independencia, somos un proyecto de país.  Que la bonanza económica de los últimos años no posibilitó el desarrollo de instituciones que nos permitan relaciones basadas en respeto de los derechos humanos, con igualdad de oportunidades para todos y todas.  En el Perú, la igualdad, la justicia y el trato fraterno entre peruanos es una aspiración, que todavía está muy lejos de ser realidad.  Es más, todavía se permite que la libertad de algunos pueda avasallar los derechos de otros. Esa constatación nos deja, una vez más, lo ocurrido en estas elecciones.

15 de junio de 2021

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