El conflicto minero en el sur de Ayacucho

El sector empresarial ha puesto el grito en el cielo a raíz del acuerdo firmado entre la comisión de alto nivel del gobierno liderada por la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez y las autoridades y dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara).

Imagen: News Qorilab

Como se sabe, en esta zona se inició un paro a finales de octubre que derivó en enfrentamientos, bloqueo de carretera y la toma violenta de los campamentos de las empresas mineras Apumayo (Apumayo SAC) y Breapampa (South America Mining Investments, SAMI). El paro se levantó luego de una reunión entre los representantes de los pobladores con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y con el acuerdo de instalar una mesa de diálogo bajo el auspicio de la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Este proceso se instaló precisamente el pasado 19 de noviembre en la localidad de Coracora, Ayacucho.

Desde los sectores empresariales se viene señalando que se ha producido una violación del Estado de derecho y que todo esto representa un grave retroceso institucional ya que lo que se habría anunciado es un cierre unilateral de operaciones mineras. En respuesta a esta afirmación, la Presidencia del Consejo de Ministros ha señalado que descarta que el acuerdo suscrito con la población sea arbitrario o ilegal “o que contravengan la estabilidad jurídica como han referido los gremios empresariales”. Las cuatro unidades mineras envueltas en el conflicto tienen planes de cierre de operaciones en curso “establecidos mediante resoluciones directorales aprobadas conforme a la normatividad legal vigente”.

¿Los planes de cierre pueden variar y los plazos pueden ser ampliados? Por supuesto que sí, pero esto no es automático. Si una empresa piensa hacerlo tiene que presentar un Estudio de Impacto Ambiental o una modificación del mismo y las autoridades correspondientes lo evaluarán con rigor y eventualmente lo podrán aprobar o desaprobar. Por lo tanto, las intenciones de nuevas y mayores inversiones deben formalizarse de acuerdo a la normativa vigente y las autoridades deberán tomar decisiones. Mientras eso no ocurra el plan de cierre probado sigue vigente y debe ser estrictamente respetado.

¿El acta firmada en Coracora contraviene la legalidad vigente? Consideramos que no. En el punto 1 se habla de la constitución de una comisión ejecutiva de negociación de los plazos y términos del retiro de las cuatro operaciones mineras; es decir, está claro que todo será negociado y no impuesto. En el punto 2, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se compromete a presentar un cronograma de visitas al entorno de las operaciones mineras, las mismas que se realizarán con participación de las comunidades; en el punto 3, el propio Minem se compromete a informar un cronograma de reuniones con las empresas involucradas; en el punto 5 y 6 se mencionan las tareas que deberán desarrollar la Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para evaluar los diferentes impactos.

Sobre los puntos del acta y las declaraciones hechas, seguramente se seguirán haciendo precisiones adicionales en los próximos días. Sin embargo, lo que no se debe olvidar es que este conflicto lleva más de 10 años y a pesar que en el pasado se instalaron mesas de diálogo, las demandas de la población de remediación ambiental no se han materializado hasta el momento.

Si alguna de las empresas involucradas en este conflicto está realmente interesada en permanecer en la zona y ampliar sus operaciones, en lo primero que debería pensar es en construir una relación de respeto con las poblaciones vecinas. Sin lo que las propias empresas denominan como ´licencia social para operar´ es muy difícil pensar que puedan seguir desarrollando actividades, en el sur de Ayacucho o en cualquier parte del país y del planeta.

22 de noviembre de 2021