Conga: 9 años sin justicia

Martín López

La conflictividad social en Cajamarca es latente, han pasado exactamente 9 años desde que las protestas contra el proyecto minero Conga tuvieron su semana más crítica: Muertes, detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares, violencia sistemática y la declaratoria de estado de emergencia que terminó por agudizar la situación, y evitando que un proceso de diálogo se instaure con efectividad.

El 03 de julio del 2012 es una fecha que las y los cajamarquinos nunca olvidaran, particularmente quienes residen en la provincia de Celendín, en donde se reportó la muerte Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, y César Medina Aguilar, este último, un estudiante de colegio de tan solo 17 años, que no participaba en las protestas, quien recibió un impacto de bala al salir de una cabina de internet. Desde aquel año, cada 03 de julio se conmemora el día de la dignidad celendina.

Para el 04 de julio del 2012 se reportó una cuarta muerte, esta vez en la provincia de Bambamarca, se trataba de Joselito Vásquez Jambo. Además, el luto en Celendín seguía presente cuando se anunció la muerte de José Antonio Sánchez Huamán. Las cinco víctimas fueron asesinadas por impactos de bala. Lo más indignante -y triste a la vez- de la situación, fue que los miembros de la PNP continuaron con actitudes represivas aún durante el entierro de las víctimas.

Durante todas las protestas, que duraron alrededor de un mes, se reportaron detenciones arbitrarias y violentas. Para el 05 de julio, comuneros y comuneras que fueron detenidos durante las manifestaciones, ya habían sido trasladados a Chiclayo para ser  procesados por los disturbios. El juez decidió que 15 de los detenidos deberían cumplir prisión preventiva, y permanecieron más de dos semanas en el Penal de Picsi. En paralelo, la lista de heridos ascendió a 40 personas, la mayoría por impactos de bala o perdigón, algunos aún conviven con las secuelas.

Han pasado 9 años, y ni una sola familia de los comuneros asesinados, ni los heridos han recibido algún tipo de reparación. La Fiscalía de Chiclayo decidió archivar la investigación en el 2019, señalando que era imposible identificar a los policías que dispararon. Ante esta situación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha decidido llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las viudas, hijas e hijos siguen esperando justicia, seguramente mientras lees estas líneas, están terminando de organizar una vigilia en la Plaza de Celendín, con la esperanza de que el sistema de justicia peruano les devuelva un poco de esperanza. Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de injusticias, sobre todo, hasta cuándo vamos a tolerar que la muerte sea una opción para quienes defienden la vida.

En el último debate presidencial, el virtual presidente, Pedro Castillo, aseguró que en su gobierno los proyectos mineros ‘Conga’ y ‘Tía María’ no serían viables,  curiosamente en las provincias donde existe actividad minera o proyectos mineros por explotar, ha sido en donde más porcentaje de votación ha obtenido, aún frente a la propuesta del fujimorismo de entregar el canon minero directamente a cada familia. 

Las muertes en conflictos sociales son un tema recurrente en nuestra historia. Miremos los más cercanos, las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas contra Manuel Merino en noviembre, o la muerte de Jorge Muñoz , el joven agricultor asesinado en el paro agrario de diciembre del año pasado. 

La organización internacional Global Witness ha señalado en un informe que el Perú es uno de los ocho países más peligrosos para defensores ambientales. En el contexto de nuestro bicentenario, hay muchas deudas pendientes con los pueblos más empobrecidos, con las comunidades originarias, indígenas o campesinas, tenemos un gran desafío como país para devolverle la dignidad a los pueblos, que las elites, algunas organizaciones políticas y las empresas les han quitado. 

03 de julio de 2021