Caso Repsol, entre la indiferencia y el lobismo

Luis Gárate S.

El derrame de más de once mil barriles de crudo en las costas de Ventanilla, ocurrido en enero de este, año ha sido, sin duda, uno de los peores desastres ambientales de las últimas décadas en el Perú. Sus impactos sociales y ambientales aún no han sido medidos en toda su magnitud y siguen sin ser resueltos.

Hay que recordar que, si bien el desastre se originó en las costas de Ventanilla, donde se encuentra la refinería La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol, la mancha de crudo se extendió rápidamente a las costas de Ancón, Aucallama y Chancay. A su paso aniquiló cientos de animales costeros y paralizó las actividades de pescadores artesanales, comerciantes, restaurantes, empresas dedicadas al turismo y actividades vinculadas al mar.

Imagen: France 24

Una de las características principales de la respuesta del Estado peruano ante este desastre ha sido la poca articulación por parte de sus diferentes instancias responsables, sobre todo respecto a la vigilancia de las operaciones de limpieza, remediación y de compensaciones a los afectados.

A decir verdad, una de las pocas instancias que ha estado actuando frente a la empresa Repsol ha sido el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, adscrito al Ministerio del Ambiente, que, como su nombre señala, debe fiscalizar el respeto y cumplimiento de acciones de los entes públicos y privados en materia ambiental. El OEFA ha impuesto multas por cerca de 50 millones de soles a la empresa, por diversas infracciones como falsedad en información y la inadecuada limpieza en las zonas afectadas.

El lobismo y los intereses en juego

Lo que hemos visto en una reciente denuncia periodística publicada en el diario La República es que la empresa Repsol estaría apelando al lobby o “gestión de intereses” para evitar que una comisión especial del Congreso de la República, encargada de investigar el derrame petrolero, emita un informe desfavorable a sus intereses.

Cabe anotar que el lobbismo en el Perú está reconocido por ley. Según el artículo 3 de la Ley N° 28024, la gestión de intereses es la “actividad mediante la cual se promueve de manera transparente los puntos de vista de privados en el proceso de toma de decisiones públicas”. Asimismo, el artículo 4 de esta ley señala que un acto de gestión es la «comunicación dirigida por el gestor de intereses a un funcionario público con el fin de influir en una decisión pública» [1].

Según la denuncia periodística, el congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría García, quien se opuso a la aprobación del informe de investigación del Congreso que responsabiliza a Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla, se reunió previamente con la funcionaria Paola Fune de la empresa consultora Llorente y Cuenca (LLyC), que hacía cabildeo o lobby a favor de la compañía española.

Llorente y Cuenca habría distribuido una “ayuda memoria” entre los congresistas, en la que sostiene que la comisión que presidió la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, emitió un informe “sesgado” por “razones ideológicas”. El diario La República confirmó que Repsol contrató a Llorente y Cuenca para que manejara la crisis que estalló luego del derrame de petróleo en Ventanilla.

El 15 de septiembre, cuando el informe estuvo en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y aprobación, Arturo Alegría interpuso una cuestión previa con los mismos argumentos de Repsol y propuso que el documento regrese a la comisión. Con 60 votos a favor y 42 en contra, la mayoría congresal respaldó la cuestión previa de Alegría.

Paola Fune de la empresa Llorente y Cuenca visitó a otros parlamentarios como el fujimorista Nano Guerra García, quien votó para que no se debata el informe de investigación y regrese a la comisión. Fune también visitó a congresistas de otras bancadas, como José Cueto Aservi, de Renovación Popular, quien aceptó el encuentro con Llorente y Cuenca.

En este caso, se puede decir que la “gestión de intereses” es legal, pero es evidente que el fin de esta acción no es defender el interés colectivo y el bienestar de la sociedad. Todo lo contrario. Estamos hablando de una empresa que tiene pendiente responder a las autoridades y la población por el derrame y el desastre causado, mediante un proceso de limpieza y atendiendo los serios impactos sociales generados.

Si bien puede ser legal el lobismo, nos preguntamos si en todos los casos esto es legítimo y ético. Es evidente que en un caso tan serio como el derrame de petróleo que ha afectado a varios ecosistemas y a cientos de familias de personas que viven de la pesca y el turismo, debe prevalecer el bien común, y el Estado así como el Congreso de la República deben velar por los intereses de los ciudadanos.

¿Debería regularse mejor esta actividad? Esta es otra cuestión clave para el debate y otro artículo. Queda claro que la empresa Repsol está demostrando que prefiere invertir en empresas de cabildeo que mejore su imagen y eviten que una instancia como el Congreso no apruebe informes que pueden implicar que esta empresa asuma de mejor manera su responsabilidad ante el desastre ocasionado.

[1] https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/el-lobby-en-el-peru-apuntes-para-prevenir-la-corrupcion-por-rafael-chanjan/

22 de noviembre de 2022