Vizcarra y la minería

Jose de Echave C.

Actual presidente Martín Vizcarra durante la presentación del llamado Plan de Desarrollo de Cotabambas (diciembre 2016). Foto: CooperAcción

 

Un congresista medio desubicado ha dicho que Vizcarra es un NN de la política. Sin entrar al detalle de lo que dicen las encuestas y sin reventarle cohetes al nuevo presidente, lo cierto es que sólo una mirada limeña y súper centralista puede afirmar algo así. Un exgobernador regional, que acabó su mandato sin mayores acusaciones y sobre todo sin pasar por la cárcel, no puede ser -o no debería ser-, un NN de la política nacional.

Como se sabe, Vizcarra proviene de una región como Moquegua, que debe tener una de las participaciones más altas de la minería en su producto regional. Como él mismo lo ha reconocido, se hizo conocido en medio del famoso “Moqueguazo”, ese conflicto que el año 2008 enfrentó a dos regiones vecinas, Tacna y Moquegua, por la disputa por una mayor cuota del canon minero: Moquegua protestaba porque pese a que producía más cobre que Tacna, recibía menos canon minero: el año 2007 había recibido 244 millones de soles, mientras que a Tacna le tocó 711 millones. El origen del problema era un reglamento aprobado el año 2006 que calculaba el porcentaje del canon a partir de la cantidad de tierra removida en lugar del cobre efectivamente extraído, lo que resultaba desfavorable para Moquegua. Finalmente, el gobierno tuvo que aceptar modificar la forma de calcular el canon minero. Eran los años del segundo gobierno de García, período en el cual los conflictos sociales se dispararon en todo el país.

Del “Moqueguazo” a la negociación de Quellaveco

Del “Moqueguazo”, Vizcarra saltó al gobierno regional en el período 2011-2014. En su período de gobernador regional se dio la famosa negociación en torno al proyecto minero de Quellaveco, propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American, que terminó en un acuerdo del que se ha hablado  y escrito bastante, y que se firmó precisamente en 2012, año en el que habían estallado otros conflictos de envergadura, como Conga y Espinar. En ese momento, las presiones desde el gobierno central por llegar a un acuerdo y evitar un nuevo conflicto, eran enormes.

Vizcarra durante su participación en el ‘Moqueguazo’ (2008). Foto: Gestión

Quellaveco causaba serias preocupaciones a la población moqueguana, sobre todo a los agricultores y ganaderos, porque en la gestión precedente se había entregado parte de la reserva hídrica de Pasto Grande al proyecto minero que demandaba, nada menos que 700 litros por segundo en una zona con estrés hídrico permanente.

Luego de varios tiras y aflojes, el 10 de julio de 2012 se logró un acuerdo por el cual la empresa se comprometió a construir dos embalses para almacenar agua durante la temporada de lluvias y además, para evitar la contaminación de río Titire (cuenca del Tambo y del Asana) el agua para la mina sería desviada de su cauce natural por un tubo. En relación al aporte económico para Moquegua, se aprobó un monto fijo de 850 millones de soles, aparte del financiamiento de las represas comprometidas.

El acuerdo, que fue respaldado por las principales organizaciones sociales de la región, fue presentado en su momento como un éxito rotundo, en medio de tantos conflictos sin solución y estallidos sociales que habían paralizado otros proyectos mineros en el país. Sin embargo, el acuerdo no se implementó plenamente porque estaba atado a la construcción y la puesta en marcha del proyecto minero: al poco tiempo de la firma del acuerdo, Anglo American, dueña de Quellaveco, entró en una crisis a nivel global, debido a un exceso de adquisiciones, altísimos niveles de endeudamiento y malas decisiones financieras. Como consecuencia de esta situación, tuvo que desprenderse de varios proyectos en todo el mundo y/o postergar -como en el caso de Quellaveco- de manera indefinida el inicio de operaciones. Como se sabe, hasta ahora Quellaveco sigue sin desarrollarse y cabe preguntarse si en la actualidad, el acuerdo que logró Vizcarra y las organizaciones sociales moqueguanas el año 2012, sigue vigente.

De Quellaveco a Las Bambas

El accionar de Vizcarra como autoridad siguió estando marcado por la agenda minera. Unos años después,  ya instalado el gobierno del señor Kuczynski, con Vizcarra de vicepresidente -y por entonces también ministro de Transportes y Comunicaciones-, tuvo que atender otro conflicto de envergadura: el de Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, Apurímac.

Vizcarra y una comitiva de alto nivel llegó a Cotabambas a mediados de octubre de 2016 para atender el conflicto que estaba en una situación de entrampamiento. La comisión de alto nivel también estuvo integrada por la entonces Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández y el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque.

Vizcarra presentó un plan que constaba de 372 proyectos por un valor de S/. 2,800 millones que se agrupan en los componentes de infraestructura y servicios  públicos; actividades productivas; social (educación y salud); acompañamiento, control y monitoreo (institucionalidad). El horizonte del plan era al 2021, aunque en términos de ejecución y períodos, los proyectos se dividían en tres categorías: de carácter inmediato (primer trimestre 2017); corto plazo (II trimestre 2017 al 2018); mediano plazo (2019 al 2021).

La propuesta presentada por Vizcarra denotaba un esfuerzo orientado a elaborar por primera vez un plan de desarrollo para la provincia de Cotabambas y Grau, con objetivos precisos e indicadores inmediatos, así como de corto y mediano plazo. El detalle de los proyectos era un buen avance que seguramente podía ser enriquecido en el intercambio con los alcaldes y las organizaciones sociales de la zona.

Sin embargo, uno de los problemas identificados era que la propuesta no respondía necesariamente a los ejes centrales y a la agenda que había  marcado el conflicto. En realidad la propuesta era parcial y privilegiaba una suerte de enfoque de adelanto social retardado, dejando de lado varios aspectos claves que tenían que ser abordados con urgencia. ¿Qué aspectos? El plan de desarrollo no tomó en cuenta por ejemplo la agenda planteada por  las  comunidades  y que tenía claramente  cuatro ejes: derechos humanos; ambiente; desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial.

Lo cierto es que pasaron los meses y el plan no avanzó, y en la zona se mantuvo una situación de conflicto latente con regulares estallidos. Unos meses después, en mayo de 2017, Vizcarra renunciaba al ministerio de Transportes y Comunicaciones en medio de serios cuestionamientos, y bajo la amenaza de una censura del Congreso por la firma de una adenda en el contrato con la empresa Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco.

Mientras esto ocurría, no sólo el famoso plan para Cotabambas no avanzaba, sino que desde el gobierno, la respuesta fue -y sigue siendo hasta ahora- sucesivas declaraciones de estados de emergencia, lo que por un lado es una clara evidencia de la tensión que se ha mantenido en la zona y, por otro, una muestra de la incapacidad para manejar el conflicto por vías alternativas de diálogo y de fortalecimiento de una institucionalidad democrática que tenga presencia en los territorios. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los estados de emergencia), se ha convertido en una pésima costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

¿El tema minero seguirá acompañando a Vizcarra?

No es necesario tener una bola de cristal para proyectar que los conflictos mineros seguirán ocupando en los próximos años un espacio importante en la agenda social del país, más aun cuando las empresas han comenzado a presionar para retomar proyectos que se habían paralizado por los menores precios internacionales y las dificultades del financiamiento.

En medio de la crisis política de los últimos meses, las demandas legítimas en varias zonas del país siguen sin ser atendidas. Casos como el de Tía María, que pretende sacar adelante la empresa Southern y que dicho sea de paso también plantea una disputa de recursos hídricos entre Arequipa y Moquegua; Espinar en Cusco; Las Bambas en Apurímac; varios casos en Cajamarca, Piura, Pasco, La Oroya, entre varios otros, plantean una agenda pendiente que debe ser abordada con urgencia: temas ambientales que se expresan en graves casos de contaminación y pasivos mineros; los problemas de salud que afectan a comunidades vecinas a operaciones mineras; los ofrecimientos de proyectos y financiamientos que no llegan, la minería ilegal, etc.

Vizcarra deberá hacer un drástico cambio de timón en el manejo de los conflictos sociales, diseñando una verdadera estrategia de prevención y abordaje de los casos con una presencia efectiva en los territorios y con una capacidad de articulación entre los diversos estamentos del Estado peruano. La idea central debería ser superar definitivamente lo que ha sido hasta ahora una estrategia predominantemente reactiva que ha buscado apagar incendios, priorizando -como se ha visto en el caso de Las Bambas- la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que se ha utilizado -y se sigue utilizando- en varias regiones del país.

Vizcarra no tiene la excusa de no conocer la complejidad de los conflictos mineros. En este tema definitivamente no es un NN y su experiencia debería ser un factor importante para imprimir una estrategia distinta que deberá estar acompañada del fortalecimiento de la institucionalidad encargada y de reformas importantes en materia ambiental, social y económica, incluidos temas tributarios y de regalías vinculados a la minería.

Artículo publicado originalmente en el semanario Hildebrandt en sus Trece el día viernes 30 de marzo del 2018