Reporte de conflictos de la Defensoría identifica 13 alertas tempranas

El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los […]

Imagen: La República

El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

15 de enero de 2021