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La 33 edición de la Convención Minera (Perumin) ha sido nuevamente un espacio para que empresarios y funcionarios del Estado insistan en la importancia de este sector para la economía nacional y hagan explícitas sus preocupaciones en temas como tributación, regulaciones, normas ambientales, entre otros puntos. Esta vez, el contexto ha sido de optimismo por lo que la prensa ha llamado un "mini-boom", en referencia al alza del precio de algunos metales como el cobre y el zinc.

Entre los principales temas discutidos en Arequipa destacan el ya mencionado "mini-boom"; el crecimiento proyectado de las inversiones mineras, el debate en torno al real aporte tributario de la minería, y la regulación referida a las cabeceras de cuenca.

Las cabeceras de cuenca, un concepto ¿controversial?

Respecto de este último tema, el sector ha mostrado una vez más su cuestionamiento al concepto mismo de "cabecera de cuenca" y su preocupación por la regulación ambiental que, considera, pondría en riesgo los proyectos mineros. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, cuestionó la reciente Ley 30640 y señaló que "el concepto 'cabecera de cuenca' no existe en documentos académicos. Yo quisiera que alguien me defina que es cabecera de cuenca. Es difícil explicarlo. Es casi una frase poética". Por su parte, el empresario y gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, se alineó con ese enfoque y señaló que no hay que "afanarse" con las cabeceras de cuenca y que "están saliendo normas muy perniciosas". Esto, pese a que su región depende del agua que nace en las partes altas de Huancavelica.

La respuesta del Estado no tardó en llegar. La ministra de Ambiente, Elsa Galarza, declaró que el sector no tiene que preocuparse y que esta ley no va a retrasar los proyectos mineros, agregando que "no es tan cierto que ahora se va a declarar la intangibilidad" de las cabeceras de cuenca. Una vez más, el sector Ambiente demuestra que está dispuesto a disminuir la importancia de la regulación ambiental.

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Movimientos sociales vienen reclamando por una protección efectiva de las cabeceras de cuenca

Lo cierto es que sí existe una discusión global en torno a este tema y que cada vez hay mayor conciencia de la necesidad de proteger y conservar las zonas productoras de agua, más aún en un contexto de cambio climático que hace cada día más difícil de prever la provisión de este recurso vital. Sin ir más lejos, en Colombia ha sido prohibida por la Corte Constitucional la minería en páramos, ecosistemas que son fundamentales para proveer de agua al país, tanto así que se estima abastecen del 70% del agua consumida por la población. De manera similar, en EEUU algunos Estados han empezado a prohibir la práctica de "remoción de la cima de montaña" asociada a la minería de carbón, y entidades financieras como JP Morgan, Barclays, Wells Farg, Deutsche Bank o Credit Suisse han decidido dejar de financiar proyectos que utilicen este tipo de técnica por sus demostrados daños al ambiente y a la provisión de agua.

Estos dos ejemplos muestran cómo, lejos de ser un tema tabú, la protección e incluso la intangibilidad de cabeceras de cuenca y zonas productoras de agua es parte de la agenda internacional. Mal hace el MINAM en tratar de reducir la importancia de este tema: lo que cabe hacer es encarar con firmeza la necesidad de garantizar la provisión sostenible de agua para el país y para las generaciones futuras, más aún cuando según la ANA la pérdida de glaciares y la reducción en la disponibilidad de agua son efectos del cambio climático que ya estamos sintiendo.

Por ello, decenas de comunidades y organizaciones locales reunidas en el reciente Encuentro Nacional por el Agua - Yaku 2017 plantearon entre sus demandas prioritarias "políticas públicas (...) que hagan efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes de agua y cabeceras de cuencas".

Los impuestos que paga la minería

Durante Perumin, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dio a conocer cifras del aporte tributario del sector en el último quinquenio. Según Luis Marchese, presidente del gremio empresarial, entre 2012 y 2016 las mineras pagaron al Estado un total de S/ 32 242 millones por concepto de Impuesto a la Renta, regalías, gravamen especial e impuesto especial a la minería. De esta manera, el sector minero responde al debate abierto en semanas recientes sobre cuál es su real aporte al país.

Como se ha demostrado en la reciente publicación "Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero, a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde" (CooperAcción, Propuesta Ciudadana y Oxfam, 2017) el aporte tributario y no tributario de la minería en este momento parece moderado. Pasado el período excepcional del boom de precios, la investigación plantea que el esquema tributario vigente desde los años 90 y los beneficios de los que goza el sector no permiten optimizar la participación del Estado en la renta extractiva.

Así mismo, como hemos señalado en el boletín "Economía y Minería", la participación de este sector en los tributos internos es de 8.3% en lo que va del año, lo que significa una leve recuperación frente al 5.6% y 5.4% de los dos años anteriores, pero aún está muy lejos de las cifras del boom. De hecho, las Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la Minería -destacados por Marchese durante su presentación- equivalen apenas al 1% de los ingresos del gobierno central consolidados. Más aún: el aporte neto del sector se ve en entredicho por el elevado monto de devoluciones por IGV, que el 2016 y el 2017 han estado casi al mismo nivel que sus contribuciones tributarias y no tributarias.

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Participación de la minería en los tributos internos. (Fuente: Boletín "Economía y Minería", setiembre 2017)

Una de las características notorias del sector es su volatilidad tributaria: a años de aportes extraordinarios suceden años de aporte neto muy modesto - incluso nulo o negativo, como evidencia el caso de las devoluciones por IGV. Frente a ello, es muy difícil para el Estado y para los gobiernos locales y regionales planificar la inversión pública a mediano plazo. Así pues, como hemos planteado ya, es oportuno revisar los diversos mecanismos y beneficios tributarios que tiene el sector minero y evaluar si siguen siendo pertinentes.

El "mini-boom" y las inversiones

Este año, Perumin se desarrolló en un ambiente de optimismo. El repunte de precios del cobre y zinc ha llevado a hablar de un "mini-boom" y el crecimiento de la inversión registrado a julio ha revertido la tendencia a la baja que se había mantenido en los últimos años.

Frente a ello, particularmente los funcionarios del Estado se han apresurado a resaltar que este nuevo escenario significaría la concreción de un conjunto de inversiones mineras. La nueva ministra de Economía, Claudia Cooper, anunció que el gobierno trabajará para hacer viables proyectos por US$ 9000 millones entre este y el próximo año. Entre los proyectos mencionados están Quellaveco, Mina Justa, Pampas del Pongo, así como Michiquillay que sería subastado en los próximos meses.

Sin embargo, el propio sector empresarial toma estos elementos con más cautela. Por ejemplo, la consultora Plusmining declaró en prensa que probablemente las empresas prioricen "hacer caja" con ampliaciones y proyectos más pequeños, que requieran menor inversión, hasta conocer si los precios de los metales se mantienen, antes de volver a invertir en grande. Como hemos señalado antes, las inversiones no se retrasan por la "tramitología ambiental" como han querido difundir los actores políticos y empresariales, sino por decisiones que tienen que ver con los flujos económicos y los ciclos de maduración de los proyectos.

Habrá que observar qué ocurre con los precios de los minerales. El cobre, por ejemplo, que superó la barrera de US$ 3.00, un nivel de precios que no se alcanzaba desde setiembre del 2014, luego volvió a descender hasta los US$/lb. 2.95. Es difícil prever lo que ocurrirá en los próximos años, pero parece difícil que en un futuro inmediato se regrese a los tiempos del boom de 2002-2012.

03 de octubre de 2017

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