mollohuanca

José De Echave C.

El próximo 4 de julio, en la ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia de Cusco.

Como se sabe, el largo proceso judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).

Luego de varios días de paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.

El arresto del alcalde de Espinar desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la decisión de excarcelar a Mollohuanca e instalar una nueva Mesa de Diálogo. El alcalde de Espinar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía y enrumbar en conflicto a un proceso de diálogo.

Lo cierto es que ya han pasado cinco años y no sólo no ha sido resuelto el proceso judicial en contra de los dirigentes, sino que lo más grave es que la agenda que motivó el paro sigue sin ser atendida y menos aún solucionada. ¿Qué pedía la población de Espinar en ese momento? En primer lugar, la solución inmediata de los problemas de contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación, reubicación e indemnización por daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua en varias zonas de la provincia; una auditoría ambiental internacional por el cierre de las operaciones del proyecto Tintaya y el inicio de la nueva mina de Antapaccay y; el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

Lamentablemente, pasado todo este tiempo, las autoridades del Estado peruano aún continúan discutiendo sobre el origen de la contaminación por metales pesados, sin considerar que se ha comprobado que la población tiene en sus cuerpos, metales tóxicos que ponen en grave riesgo su salud por exposición crónica. Peor aún, como se ha reportado en estudios oficiales, hasta la fecha no se ha implementado políticas de salud ambiental en Espinar para corregir ese grave problema.

Cabe recordar que en el 2010 se estudió la exposición puntual a cuatro metales altamente tóxicos en la población de los distritos de Espinar y Alto Tejada. Dicho estudio reveló que todas las personas muestreadas tenían niveles detectables en sus cuerpos de arsénico, mercurio, plomo, cadmio.

Esta situación de incertidumbre y el hecho que se oculte información gravitante para la vida y salud de la población, fue uno de los factores que desencadenó la protesta de mayo de 2012. Hay que subrayar que los resultados de este estudio sólo fueron hechos públicos y entregados a la población entre fines de 2012 y el segundo trimestre de 2013. Posteriormente se realizó un segundo estudio de exposición puntual en el distrito de Espinar (enero 2013), aunque en esta ocasión se excluyó a la mayoría de comunidades previamente evaluadas.

El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 2016, se llevó una audiencia pública en la ciudad de Washington, donde los propios representantes de la población y sus asesores, sustentaron la grave situación de contaminación y la falta de respuesta del Estado peruano. En dicha audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena solicitó al Estado peruano que se revise la situación jurídica de las tres personas detenidas por reclamar contaminación e hizo un llamado a solucionar los problemas de contaminación.

Hace unos meses, a través de un pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados exigieron una vez más la atención que esperan desde el año 2010 y 2013 cuando se confirmó la grave situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancané.

espinar

Los análisis realizados en la zona han mostrado elevados índices de contaminación por metales pesados en agua, aire y suelo. (Foto: CooperAcción)

Los planes elaborados por las autoridades del sector Salud no han tenido mayor viabilidad pues no cuentan con presupuestos, ni con el soporte institucional necesario, lo que expresa la falta de voluntad política de las autoridades competentes para implementarlos. Por ejemplo, hasta la fecha no se brinda atención especializada a personas que sufren exposición crónica a metales pesados.

En paralelo, el ex alcalde Mollohuanca y los otros dirigentes de Espinar han enfrentado cinco años de investigaciones y constantes dilaciones del proceso. Todo el proceso se ha seguido en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, bajo el argumento que no existían garantías para los fiscales. La Fiscalía ha modificado en más de cuatro ocasiones la acusación y la tipificación de los supuestos delitos.

El hecho de que el proceso no haya retornado al distrito judicial del Cusco, ha limitado el legítimo derecho de defensa de los dirigentes. La Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Mientras que los dirigentes encausados asistirán a escuchar los alegatos finales del proceso, la población en Espinar sigue esperando respuestas a los graves problemas de contaminación y los impactos en la salud. En todos estos años y pese a la indiferencia de las autoridades, han demostrado una voluntad de diálogo y han hecho todos los esfuerzos para encontrar salidas dialogadas y pacíficas al conflicto.

Se espera que este duro capítulo en la historia de Espinar se comience a cerrar en Ica y que sobre todo las demandas que estuvieron a la base del conflicto del año 2012, sean finalmente atendidas por las autoridades.

 

03 de julio de 2017

 

Foto superior: El Comercio

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